Contra la pobreza y la crisis en nuestro campo
“La complejidad de las interrelaciones entre los cambios ambientales y la producción agrícola se convertirá en uno de los temas de política pública más significativos, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, en las primeras décadas del Siglo XXI. El cambio climático regional y global modificará tanto la capacidad de producción de la agricultura como su localización y la intensidad de la producción agrícola contribuirá al cambio ambiental en el nivel regional y el global”
Vernon W. Ruttan
En la actualidad, el cambio climático y, en particular, el calentamiento global está golpeando a la agricultura de forma severa, poniendo en riesgo para la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables en el mundo. Las alteraciones en la temperatura del planeta se han incrementado y han vuelto menos previsible el clima, lo que complica la planificación de las actividades agrícolas y representa uno de los factores que explican la precariedad de la producción agrícola y obstaculizan el alcance de la seguridad alimentaria. Diversos organismos internacionales, revelan que la escasez de los productos básicos afectará con mayor rigor a las zonas más marginadas en los países en desarrollo.
La presión en los sistemas agrícolas frágiles se ha vuelto mayor; el ciclo de lluvias se ha alterado y la diversidad biológica se ha reducido, obligando a los agricultores a tratar de adaptarse a esta situación; pero la mayoría de ellos, no cuentan con los medios adecuados para tal fin. Algunas zonas del mundo son particularmente proclives a dicha variabilidad: el Sahel, el nordeste del Brasil, el Asia central y México, por ejemplo. La gravedad de los riesgos que tienen frente así los agricultores, retrasan el crecimiento económico, aumentan la pobreza y generan crisis alimentarias; además, son especialmente dañinos para aquellos campesinos que trabajan en pequeña escala en los países en desarrollo, como es el caso de México.
Precisamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha señalado que entre los principales factores de riesgo para la economía agropecuaria, destacan: el cambio climático, los niveles de existencias (de productos), los precios de la energía, las tasas de cambio, la demanda creciente, las presiones sobre los recursos, las restricciones comerciales y la especulación: “la volatilidad de los precios hace que los pequeños agricultores y los consumidores pobres sean cada vez más vulnerables a la pobreza”, advierte la FAO en su estudio, El estado de la seguridad alimentaria.
Ante esta problemática, el organismo dependiente de la ONU define los siguientes retos: la mitigación, eliminación o la reducción de la volatilidad, restricciones a las importaciones o exportaciones o a los subsidios y mandatos para los biocombustibles, la creación de redes de seguridad social y una reserva de alimentos. También indica que para lograr la reducción efectiva de las consecuencias adversas de la volatilidad de los precios, “es preciso elaborar por anticipado mecanismos de redes de seguridad selectivas, en consulta con los grupos de población más vulnerables”.
En México, actualmente, más de 5 millones 800 mil familias se encuentran en pobreza alimentaria y podrían padecer hambruna en los próximos meses; además, las proyecciones respecto a la producción agropecuaria indican que el país es incapaz de proveer la alimentación adecuada para toda su población. Ante este panorama, México -como otros países en vías de desarrollo- deberá de aumentar al cien por ciento su producción, “si se desea alimentar adecuadamente a la población”, según se indica en el documento Seguridad alimentaria y sustentabilidad alimentaria, firmado por Francisco Mayorga, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Sin embargo, como se advierte líneas arriba, además de tener que lidiar con la sequía y con las heladas atípicas, los agricultores y ganaderos del centro-norte del país -principalmente-; ahora se enfrentan a un sinnúmero de riesgos de producción y de comercialización en el mercado; los precios de los insumos han subido drásticamente y han quedado fuera del alcance de muchos productores.
Por nuestra parte, en Zacatecas, la crisis del campo ha puesto en riesgo la estabilidad social y la viabilidad de nuestra comunidad política; nuestros productores están presenciando desesperadamente cómo se colapsa su producción y el número de zacatecanas y zacatecanos del medio rural que se encuentran en pobreza extrema, sigue en aumento. Las autoridades estatales han informado la pérdida de más de 500 mil hectáreas de cultivos de temporal por la falta de lluvias, lo que convierte a la presente sequía en el peor siniestro natural registrado en Zacatecas en los últimos 40 años, según lo señaló la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro). La dependencia también informó, que de 3 mil 500 millones de pesos que regularmente se obtienen de la agricultura de temporal, se estima que la cifra sólo alcanzará 800 millones de pesos, lo que representa pérdidas del 77%. Sumado a ello, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las presas que abastecen a los distritos más importantes de Zacatecas se encuentran 70% por debajo del nivel que tenían el año pasado a estas mismas fechas.
En cuanto a la ganadería, la muerte de alrededor de 90 mil bovinos ha puesto en una situación de verdadera alarma a más de 40 mil productores; y se prevé que el hato ganadero del estado se pueda reducir hasta en un 40%, a causa de la falta de alimento, el frío y por las ventas anticipadas que realizarán los productores, ante la carencia de recursos para dar de comer a sus animales.
Justamente, el día de ayer, el investigador del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Óscar Pérez Veyna, afirmó que “la sequía del 2011 provocará que Zacatecas se enfrente a un problema sin precedentes, que pone en peligro el equilibrio económico, cultural y social de la entidad… de no revertirse los efectos de la sequía, el estado se enfrentará a un flujo migratorio del campo a las zonas urbanas tanto de Zacatecas como de estados vecinos”.
Por último, dada la situación de emergencia de nuestro campo, no queda más que insistir en la necesidad de que todos los órdenes de gobierno, redoblemos esfuerzos para crear esquemas de apoyo efectivos para mitigar -cuando menos-, los efectos que esta crisis está produciendo sobre las familias zacatecanas. En este sentido, el pasado mes de octubre, el Congreso del Estado presentó un Punto de Acuerdo, mediante el cual exhortamos al Ejecutivo del Estado para que implementara programas emergentes de apoyo al campo, de asistencia alimentaria y de producción de traspatio, así como acciones de empleo temporal en todo el estado para enfrentar la sequia. Así mismo, las legisladoras y los legisladores locales, respaldamos de manera contundente las gestiones del Ejecutivo del Estado en cuanto a incrementar los recursos dirigidos a dichos programas emergentes.
Paralelamente, debemos trabajar para que en el mediano y largo plazo, logremos la transición hacia un desarrollo sustentable en la producción agrícola, porque es un pilar del aparato económico de Zacatecas y eje social de muchas familias. Sin embargo, para ello, necesitamos primero optimizar nuestro marco jurídico y elaborar un nuevo diseño de políticas públicas orientado hacia un modelo Agroecológico; que sea capaz de lograr la compatibilidad entre el individuo, la estructura económica y los grandes objetivos sociales.
