En suspenso la construcción de la Base Militar
El pasado nueve de febrero del año en curso el gobernador Miguel Alonso Reyes dio a conocer los lineamientos del Plan Estatal de Seguridad Pública, en donde se establecían 57 lineamientos para combatir la inseguridad pública en Zacatecas.La presentación de dicho plan fue una muestra no solo de la preocupación del mandatario estatal por, en estos momentos, el más importante tema de la sociedad zacatecana, sino una evidencia palpable del compromiso y de la estrategia para proporcionar tranquilidad y seguridad a los zacatecanos.
En la presentación de dicho plan el Ejecutivo del estado dio a conocer la reunión que sostuvo en octubre de 2010 con el Secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, con quien consolidó el compromiso de una mayor presencia del ejército mexicano en tierras zacatecanas.
Este aumento de una mayor presencia castrense en Zacatecas se reflejó días previos a la entrega de su primer informe de gobierno a la LX legislatura, cuando acompañado por el general Genaro Fausto Lozano, comandante de la V Región Militar, colocó la primera piedra de lo que serán las instalaciones de un batallón militar con su respectiva unidad habitacional, cuya inversión será de 238 millones de pesos.
En este contexto el Ejecutivo del estado construye también el cuartel de infantería no encuadrada en Jalpa, Zacatecas, en donde se invierten aproximadamente 105 millones de pesos.
Cabe mencionar que en la actualidad Zacatecas tiene bases militares en los municipios de Guadalupe y Tlaltenango.
Sin embargo la semana pasada aparecieron los propietarios del predio de 60 hectáreas en donde se construirán las instalaciones militares en la carretera a Plateros en Fresnillo, quienes argumentaron que las tierras son de su propiedad y que el gobierno estatal nunca ha hecho ninguna negociación con ellos y por lo tanto se ampararon en contra de actos de la actual administración.
Y es que “El juzgado primero de Distrito en el estado de Zacatecas concedió la suspensión provisional de la construcción del batallón de infantería de Fresnillo, debido a un amparo promovido por dos pequeños propietarios de los terrenos, ya que nunca se les solicitó autorización ni les compraron los predios para la edificación”. (Imagen, 29 de septiembre de 2011).
El coordinador general jurídico Uriel Márquez Cristerna fue entrevistado por el propio rotativo sobre este tema en particular, al que “reconoció que si bien el juzgado primero de Distrito del estado concedió la suspensión provisional a dos personas que se ostentaron como propietarios de algunos de los predios, la administración estatal tiene un acta de asamblea del ejido Fresnillo mediante la cual ceden los derechos de los terrenos”. (Imagen, 30 de septiembre de 2011).
Mientras tanto las obras estarían suspendidas debido a este litigio jurídico que inició el pasado mes de septiembre, por lo que la proyección de conclusión de esta construcción militar proyectada a ocho meses, podría sufrir retraso.
Al problema de retraso en la conclusión de la obra habría que agregar el de la proyección de los planes estratégicos gubernamentales, pues en este sentido se estropea el arranque de un proyecto que está en las prioridades del mandatario estatal por dos razones: por la urgencia de combatir al crimen organizado y darle certidumbre a los zacatecanos, y por el compromiso personal asumido con el Secretario General Guillermo Galván Galván.
Así de simple.
Empero habría que agregar un tercer elemento: la imagen que el Ejecutivo está proyectando a la opinión pública en general, debilita la eficacia administrativa en la planeación y en la toma de decisiones.
El gobernador Miguel Alonso Reyes no debería tolerar este tipo de errores.
Por otro lado el Ejecutivo del estado deberá seguramente recordar que durante la exposición del Plan Estatal de Seguridad Pública leído en el centro platero, solicitó a los legisladores su apoyo para crear la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito; la creación del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y la reubicación del Instituto de Formación Profesional, organismo que aún está bajo la dirección de Benito Juárez Trejo, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ese día también instruyó al Secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, general Jesús Pinto Ortiz y al procurador Arturo Nahle García, para que en un plazo no mayor de 60 días, la dirección de Servicios Periciales funcionase en las regiones más importantes del estado.
¿Qué ha pasado?
Es pregunta.
