Honrar al pueblo

“Lo peor que le puede pasar a México es que nadie intente hacer algo nuevo para mejorar la política”
Enrique Alfaro

El pasado domingo se llevó a cabo, por primera vez en México, una consulta pública para la revocación de mandato de un alcalde. Fue convocada por el Presidente Municipal independiente de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Dicho ejercicio, ha sido calificado de “electorero” por parte de políticos tradicionales de distintas expresiones, incluyendo a varios dirigentes del partido que lo postuló para ser alcalde: el PRD. Por eso, no es de extrañar que Alfaro haya optado por renunciar a esa organización política hace algunos meses.

Sin embargo, ante los embates, su respuesta ha sido diáfana y contundente. Si la ratificación de mandato realmente fuera un ejercicio meramente electorero, ¿Por qué no la convocan el resto de los alcaldes con aspiraciones políticas?

La pregunta que lanza Alfaro no ha encontrado respuesta en sus adversarios, que se limitan al tipo de críticas vacías y simplistas que siempre son lanzadas hacia aquellos que deciden innovar y modificar las formas de hacer política: “populista”, “electorero”, “protagónico”.

Sin embargo, más allá de las reflexiones estrictamente políticas, vale la pena detenerse en los resultados de la consulta.

El más relevante de estos resultados es el nivel de participación ciudadana, superior al 11% del padrón electoral, y que, en un primer momento, pareciera muy pobre. Un ejercicio democrático al que solo asista 1 de cada 9 ciudadanos en posibilidades de hacerlo, puede alegarse, no es representativo de la opinión pública.

Sin embargo, para llegar a esa conclusión habría que hacerlo desde un punto de referencia; y una consulta ciudadana de presupuesto limitado (su costo fue de menos de 250 mil pesos) debe ser comparada con ejercicios similares y no con los procesos electorales regulares de nuestra vida política.

En esa comparación, el 11% de participación ciudadana ya no parece tan bajo. Este año, en la consulta ciudadana que organizó el Gobierno del Distrito Federal sobre presupuestos participativos, solamente participó el 1.94% del padrón electoral; el año pasado, en la consulta ciudadana convocada por el PAN y el PRD en el Estado de México para decidir sobre una posible alianza, asistió el 2.43% de la población; y en la consulta para la construcción de agenda de gobierno que se convocó en 2002 en Veracruz, el 8%.

Es decir: la consulta ciudadana de ratificación de mandato realizada en Tlajomulco fue la más alta de su tipo en la historia reciente de México.

Pero además, sería un error de apreciación reducir la importancia de esta consulta a una comparación cuantitativa que justifique la baja participación ciudadana bajo el argumento de ser “la menos peor”.

Lo verdaderamente importante del evento que tuvo lugar el domingo pasado se deriva de un enfoque cualitativo, básicamente por dos razones que tienen conexión entre sí:
La primera es que las consultas ciudadanas que reivindican la democracia directa, por limitadas que sean, siempre serán valiosos en un país que organiza su vida pública y sus relaciones de poder político y económico y con un sentido oligárquico que otorga un peso desmesurado a las elites.

Sin reelección ni revocación de mandato, sin restricciones reales al uso de recursos públicos y privados en campañas electorales y con una pésima distribución de las concesiones sobre medios electrónicos, el sentido de nuestra democracia representativa se ha extraviado, al punto de convertir a las instituciones de la república en parcelas que se reparten entre los poderes fácticos más influyentes.

Frente a ese escenario, la democracia directa es una respuesta que debemos celebrar, siempre y cuando se dé con un sentido democrático y de amplio respeto a las minorías.

La segunda razón es lo que representa, más allá de la consulta, el ejercicio de revocación de mandato, que reivindica, como ha señalado Esteban Garaiz, el concepto de soberanía que recoge el Artículo 39 constitucional y que señala expresamente: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Hasta ahora, ese concepto de soberanía ha sido subestimado y distorsionado por la clase política en su conjunto; por los tres poderes y por los tres niveles de gobierno. Y un país al que la inexistencia de un Estado de Derecho lo ha llevado a niveles absurdos de impunidad, descomposición social y violencia no puede posponer más el respeto por sus principios constitucionales.

Especialmente, cuando defienden el principio democrático de que el pueblo tome el lugar que le corresponde en la jerarquía del poder.

De ahí la relevancia del ejercicio que realizó el Ayuntamiento de Tlajomulco, que por cierto logró un respaldo del 96% de los votantes, pues reivindica el menospreciado concepto de pueblo.

Y la mejor prueba de que lo hace alejado del populismo y la demagogia es que Tlajomulco fue el municipio que más ha incrementado su recaudación de predial entre 2010 y 2011, con un 36.8%.

Hoy, que en Zacatecas discutimos sobre municipalismo y corresponsabilidad, bien valdría la pena voltear a ver el modelo de gobierno que se impulsa en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Hay que honrar al pueblo.

*Diputado local
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