A la mitad de la Legislatura
Hace unos días los diputados de todos los grupos parlamentarios nos tomamos la foto oficial. En un tradicional acto de convivencia respetuosa los legisladores nos reunimos para dejar a los archivos de la Cámara la imagen colectiva que cada una de las legislaturas se ha tomado desde que la tecnología lo hizo posible.
El momento es adecuado porque con este mes termina también el tercero de los seis periodos ordinarios de sesiones que debe cumplir cada legislatura. Es decir, estamos exactamente a la mitad del encargo constitucional que nos otorgaron los ciudadanos.
Es, por lo tanto, momento de hacer un balance sobre lo realizado y lo que falta por hacer. Sin lugar a dudas un resultado positivo de esta gestión es que los dos Presupuestos de Egresos han sido aprobados con el voto favorable de los tres grupos parlamentarios mayoritarios.
Además aprobamos de manera prácticamente unánime la Ley de Ingresos 2011, no así la 2010 donde la izquierda votó en contra del incremento a los impuestos al consumo que impulsaron el PRI y el PAN.
En cuanto a la productividad legislativa, hemos aprobado 13 nuevas leyes, 11 reformas constitucionales, 162 reformas a leyes existentes y 15 decretos. En total 201 dictámenes con proyecto de Ley o decreto.
Entre las Leyes nuevas es preciso destacar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Esta Legislación otorga a las autoridades herramientas legales e institucionales para combatir con mayor eficacia y castigos más duros a los criminales que realizan estos actos repugnantes.
También en materia de seguridad esta Legislatura aprobó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Con esta nueva legislación establecemos las bases para el diseño de políticas públicas de prevención de la violencia y coordinación de los distintos órdenes de gobierno en este tema.
De manera unánime legisladores de todos los partidos aprobamos la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que busca establecer las condiciones para que el Estado Mexicano promueva la integración plena y proteja los derechos de quienes tienen algún tipo de discapacidad.
Entre las principales reformas Constitucionales, está la del artículo 40 de nuestra Carta Magna para establecer el principio de laicidad como uno de los atributos fundamentales de la República. Con esta reforma los grupos de carácter religioso tendrán mayores dificultades para imponer su agenda ideológica conservadora. México tiene una larga tradición de separación Iglesia-Estado, que debemos preservar.
Otra reforma de gran importancia es el nuevo párrafo tercero que se agrega al artículo 17 y que dice: El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
Las acciones colectivas permitirán a las organizaciones de defensa de los consumidores las acciones y políticas abusivas de empresas privadas o públicas. Actualmente sólo se reconocían acciones de carácter individual y con estas modificaciones, las organizaciones de la sociedad civil tendrán una mayor fuerza y capacidad de presión frente a los grupos económicos.
Estas son algunas de las acciones legislativas que mayor impacto tendrán en la vida de los ciudadanos. Todas ellas no sólo fueron aprobadas por los diputados, sino también por los senadores (a excepción de los Presupuestos). En el caso de las reformas constitucionales fueron aprobadas por los Congresos Locales y, finalmente, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, encontrándose vigentes en este momento.
Evidentemente queda una larguísima lista de temas pendientes que ocuparán la agenda de los legisladores en los dos periodos ordinarios que restan a esta 61 Legislatura, los cuales esperamos de puedan atender con voluntad política por las fracciones legislativas de los diferentes grupos parlamentarios, pensando siempre en el bien ciudadano.
