El modelo electoral mexicano
En los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver sobre el amparo que contra la reforma electoral de 2007 interpusieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial y de las dos principales televisoras.
Estos grupos de poder económico alegan que la Ley que prohíbe la contratación de propaganda electoral por parte de particulares, es violatoria del derecho a la libertad de expresión de quienes tienen el dinero suficiente para comprar dinero en televisión para defender su posición ideológica. También se oponen a que los partidos políticos ya no puedan contratar libremente publicidad en la televisión y todo deba hacerse a través del Instituto Federal Electoral.
La trascendencia del caso es que las reformas impugnadas son a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el tribunal decidirá nada menos si la misma Constitución es Constitucional. Es posible decidir sobre algo así porque, según el criterio establecido por la misma Corte, el texto Constitucional no puede contradecirse a sí mismo y existe una jerarquía de principios constitucionales que debe respetarse y en el punto más alto de esta jerarquía están los derechos humanos, entre lo que figura la libertad de expresión.
La presión de los grandes intereses económicos que están detrás de esta demanda tiene dividida a la Corte, aunque sería muy difícil que alcancen la mayoría de votos suficientes para declarar anticonstitucional a la Constitución en materia electoral.
Dar marcha atrás en la reforma implicaría el regreso a un modelo electoral en el que miles de millones de pesos simplemente pasaban de las arcas públicas a las de las televisoras porque todos los partidos políticos y sus candidatos estaban obligados a pagar cantidades enormes de dinero a cambio de publicidad.
Además las dos principales empresas de televisión fijaban libremente sus tarifas, las cuales eran distintas para cada partido político, dependiendo de simpatías o compromisos empresariales que nunca fueron claros.
Todo esto provocó que nuestras campañas electorales fueran excepcionalmente caras, inequitativas y vulnerables a la influencia de dinero proveniente de fuentes oscuras, tales como el crimen organizado o intereses económicos que cobran favores a los gobiernos en turno.
Únicamente se ha llevado a cabo una elección federal con estas reglas. Si la Corte mantiene las reformas, en 2012 tendríamos la primera elección presidencial con este modelo, que es sustancialmente distinto al de 2006. Los mensajes en televisión serían mucho menos polarizadores, se evitarían ataques personalísimos al adversario para centrarse más en mensajes a favor del propio candidato.
Más que un regreso al modelo anterior, lo que urge es un avance hacia un modelo de comunicación política basada en menos spots de 20 segundos y más en mensajes un poco más extensos en lo que los partidos y sus candidatos expliquen con conceptos sencillos y claros sus propuestas de trabajo para convencer a la ciudadanía.
En otros países las contiendas políticas son momentos de intensa educación cívica, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de enterarse y discutir los problemas de su país.
México en 2012 deberá analizar y evaluar los resultados de un gobierno emanado del PAN que durante doce años ha demostrado su dificultad para generar estabilidad en todos los sectores del país, pero también de gobiernos priistas que aplicaron la misma política económica que evidentemente no ha dado los resultados esperados.
Esperemos que campañas con un mayor equilibrio entre los contendientes, sin mensajes tan polarizadores de odio y con un mayor énfasis en la propuesta, permitan a los ciudadanos tomar sus decisiones de la mejor manera.
