Movilidad urbana en el desarrollo sustentable
El viernes pasado, se llevó a cabo en El Colegio de México el Foro “Movilidad Urbana Sustentable”, mediante el cual esta institución académica convocó a una serie de organizaciones, empresas e individuos para analizar desde las ópticas de los líderes sociales, los gobiernos y las empresas, el significado de la movilidad urbana en el desarrollo sustentable.
En el tema “Liderazgos ciudadanos y de la sociedad civil”, Jorge Macías, del Centro de Transporte Sustentable México enfatizó la necesidad de fortalecer “la relación unívoca” entre movilidad y calidad de vida y las tendencias que tenemos en nuestras ciudades para convertirlas: “en ciudades para las personas, en movimiento, conectadas e innovadoras, con un ambiente limpio, compactas y activas”.
Así mismo, en lo relativo al desarrollo del transporte digno y eco-eficiente, Gabriel Quadri, analista destacado en políticas públicas ambientales de Latinoamérica, en su ponencia “Acciones y actores gubernamentales”, hizo una crítica a las relaciones negativas de subsidios al transporte individual y el clientelismo de municipios y autoridades locales, que impiden la toma de las mejores decisiones para mejorar la movilidad en nuestras ciudades.
En este Foro, se concluyó que en la actualidad, no sólo las ciudades más grandes de México sufren de problemas de tráfico y movilidad, sino que también nuestras ciudades medianas enfrentan, cada vez con mayor frecuencia, situaciones caóticas en el tránsito, por lo que de continuar los patrones imperantes, el número de vehículos en las calles se duplicará en 10 años.
Aunado a ello, los marcos jurídicos de casi todas las entidades federativas de México, no han sido eficaces ante la lógica de la movilidad urbana. La fluida movilidad de la gente y las mercancías, es esencial para el crecimiento, bienestar y riqueza de cualquier sociedad urbana actual.
Sin embargo, la planeación urbana tradicional en nuestro país ha fracasado en cuanto a resolver a plenitud las contradicciones que emergen entre las lógicas de los recursos naturales disponibles, la habitabilidad del fenómeno urbano y la del capital económico, al formar parte de la naturaleza misma de la producción de los servicios de movilidad.
El tráfico y movilidad, en sus expresiones motorizadas, representan un conflicto crucial, un verdadero obstáculo para la calidad de vida urbana en su acepción más amplia; para el equilibrio de sustentabilidad entre el medio ambiente y el entorno social de las ciudades.
La movilidad urbana, entendida como la necesidad o aspiración de los ciudadanos de moverse, representa un derecho social que se debe preservar y garantizar de forma igualitaria: “todos los seres humanos sin excepción tienen derecho a que se establezcan las condiciones necesarias para que el espacio urbano e interurbano sea apto y equitativo para la movilidad interna de todos los habitantes de un territorio”.
Desde hace varias décadas, como producto de la primacía absoluta del vehículo privado frente a otros modos de transporte y de la continua expansión urbana, que aleja cada vez más las zonas residenciales de los centros de trabajo, ocio, comercio, etc., el ejercicio de este derecho se ha convertido en el origen de muchos de los males endémicos que hoy sufren las ciudades, al tiempo que el modelo de movilidad instaurado es fuente de conflictos y desigualdades sociales.
La combinación de procesos de concentración urbana, que se dio en el último tercio del siglo XX, vino acompañado de un aumento de la pobreza y el desempleo, propiciadas por el establecimiento de políticas que implicaron la eliminación de derechos sociales, la mercantilización de servicios públicos básicos y disminución de la inversión estructural en los sectores de menores recursos. Situación que tuvo su expresión más contundente en la irrupción generalizada de nuevos asentamientos en la mayoría de las ciudades -grandes, medianas y pequeñas- de México.
Los asentamientos irregulares son aquellas áreas fuertemente deficitarias en términos de infraestructura, servicios y niveles de bienestar, existentes en los núcleos y las periferias de las ciudades que, por diferentes circunstancias, fueron alguna vez ocupadas por familias de bajos recursos bajo formas jurídicas ilegales, con la finalidad de satisfacer sus necesidades habitacionales básicas, mediante la construcción o auto-construcción de viviendas precarias.
Con el transcurrir del tiempo, por efectos de su forma de producción y de las situaciones de exclusión de sus habitantes, se conformaron barrios con formas de enclaves, por diferencias físicas, sociales o culturales, del resto de la ciudad.
Aunado a ello, las alteraciones climáticas han puesto al descubierto que la falta de planeación urbana provoca verdaderos desastres para las familias que viven en asentamientos irregulares o en zonas de alto riesgo; y recurrentemente, quedan expuestos a problemas de salud y se afectan severamente sus ya de por sí bajos niveles de vida.
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que a pesar de representar sólo el 2% del territorio mundial, las ciudades producen el 70% de las emisiones de gases efecto invernadero y que esta situación podría empeorar en los próximos quince años.
Al presentar el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos 2011, la ONU instó a las autoridades a “entender la forma y el contenido de la urbanización, para reducir la huella y planificar, en el futuro, ciudades sustentables y más resistentes a los fenómenos climáticos. Si ignoramos esto ahora, millones de personas correrán el riesgo por el cambio climático.
Sin embargo, al mismo tiempo, la ONU advirtió en dicho Informe que es “desde los espacios locales donde pueden hacerse grandes cambios y destacó que en las ciudades es donde se deben priorizar otras fuentes de energía en lugar de las fósiles”. Además, alentó a los gobiernos a “desarrollar sistemas de energía renovable como la solar, eólica, geotérmica, entre otras”.
Una de las grandes tareas pendientes en México, radica en incrementar la compatibilidad de las ciudades con los sistemas naturales locales, proporcionando recursos para vincular a las personas y grupos con cada comunidad-ecológica. De ahí la necesidad de realizar una amplia gestión para la resolución de los problemas ambientales desde el municipio, como instancia de inclusión y participación de todos los sectores de la sociedad: justamente, hace un par de semanas, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), enfatizó la importancia que tienen las autoridades municipales en el sector habitacional, dado que son los ayuntamientos los que otorgan los permisos de construcción y llevan a cabo los planes de desarrollo urbano; lo que incide directamente en el bienestar de las personas (“Vivienda Sustentable, sin marcha atrás”, Revista Alcaldes de México, Número 18)
Dado lo anterior, necesitamos reorientar el esquema de desarrollo urbano en nuestras ciudades, incorporando criterios de sustentabilidad para lograr un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad, que permita a los ciudadanos disfrutar de la ciudad, con desplazamientos seguros y que economicen tiempo y energía, además de favorecer la protección del medio ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico.
Todos los órdenes de gobierno y autoridades, debemos promover la transición hacia un modelo de movilidad urbana sustentable, como una medida impostergable; y crear los mecanismos y estructuras necesarias para lograrlo.
Estamos ante la necesidad de diseñar instrumentos de gestión ambiental que garanticen la protección del medio ambiente urbano y sus recursos naturales, aumenten la calidad de vida en las ciudades y mejoren el espacio público.
Las condiciones de nuestro tiempo, así como los avances tecnológicos, nos obligan a que optimicemos también el marco jurídico del estado de Zacatecas en materia de ahorro y eficiencia energética a partir del uso de las energías renovables.
Como legisladores, debemos estar conscientes de la necesidad de impulsar todas aquellas acciones que sirvan para preservar y mejorar las condiciones el medio ambiente en el ámbito local: ciudades, pueblos y comunidades rurales; como una pauta de acción determinante para la viabilidad de estos espacios poblacionales y contribuir a conseguir nuevos objetivos sustentables a largo plazo.
Actualmente, en nuestra entidad los niveles de consumo energético rebasan los criterios de sustentabilidad, así lo advierten especialistas en la materia: “la sociedad de Zacatecas es irresponsable en el consumo de energía eléctrica”, tal y como ha señalado Gema Mercado Sánchez, directora del Consejo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas (COCYTZ).
Por tal motivo, tenemos que hacer una apuesta por la gestión integrada de los recursos energéticos en el estado, promocionando el uso eficiente de la energía y una mayor implantación de las tecnologías renovables, para consolidar la aplicación plena de estos postulados en las políticas urbanísticas de Zacatecas.
La planeación urbana tiene que reorientarse hacia la sustentabilidad, en el sentido de conservar el territorio con sus cualidades geográfico-ambientales y superar la inmovilidad imperante en los sistemas institucionales y de la sociedad en su conjunto; resolviendo con eficiencia los complejos flujos de la movilidad en opciones colectivas y de disminución de costos económicos y ambientales.
