Zacatecas protege a los agresores, no a las víctimas: Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes se lanza una acusación sin titubeos: el Estado de Zacatecas ha fracasado. Ha fallado en su obligación de procurar e impartir justicia, ha fallado en construir confianza, ha fallado en garantizar una vida libre de violencia para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y peor aún: ha fallado deliberadamente en proteger a quienes más lo necesitan, permitiendo la impunidad que nace y se perpetúa desde los más altos niveles del poder.

El caso del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén N., no deja lugar a dudas. La denuncia que pesa sobre él fue presentada con sustento legal, debidamente integrada y procesada por la autoridad judicial. Eso permitió su vinculación a proceso. Sin embargo, el agresor permanece en libertad. No por falta de pruebas ni por error procesal, sino por obra del pacto patriarcal que, una vez más, mueve sus hilos para que los agresores no enfrenten las consecuencias de sus actos.

Esta decisión judicial confirma lo que muchas voces han denunciado durante años: existe una red de protección a pederastas y agresores incrustada en las estructuras de poder. La simulación institucional, el discurso vacío de género, los programas decorativos y las comisiones que no resuelven nada son parte de la misma estrategia: proteger al agresor, no a la víctima.

Pero también hay una victoria: hoy la sociedad ha sido testigo de la podredumbre que permea el sistema judicial zacatecano. Esta visibilización es un paso indispensable. Porque ahora, frente al descrédito del poder judicial, se vuelve urgente un proceso profundo de análisis, depuración y fortalecimiento institucional, con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género real, no cosmética.

El Observatorio hace un llamado a nivel nacional: no podemos permitir que más casos terminen en la impunidad tejida por las redes de corrupción institucional. No más silencios comprados. No más agresores protegidos. No más justicia simulada.

LNY/Redacción