Dinero verde, destino incierto
JORGE RADA LUÉVANO
En la Ley de Ingresos de 2025 se estableció una recaudación de casi 300 millones de pesos a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La ley contempla el cobro, pero el Ejecutivo del Estado no ha rendido cuentas públicas ni auditables sobre su distribución exacta, ni sobre su destino final (infraestructura vial, universidad, servicios administrativos). Como consecuencia, la Universidad Autónoma de Zacatecas no ha recibido recursos equivalentes a lo recaudado, según declaraciones públicas y documentos institucionales, como lo hemos publicado en nuestras redes sociales.
Además, los rectores anteriores tampoco han cobrado lo correspondiente. ¿Por qué? Esa es la cuestión. Respire hondo… viene otra más del Gobierno.
En Zacatecas se cobra un impuesto ecológico desde 2017 bajo diversos conceptos: emisiones contaminantes, extracción de materiales y depósito de residuos. A la fecha, la recaudación total ha superado los 1,600 millones de pesos, pero el Gobierno del Estado no ha informado con claridad ni transparencia cómo se calcula este tributo, en qué se gasta, ni cuáles han sido sus resultados tangibles en materia ambiental.
Una recaudación millonaria, sin ruta ni explicación.
Ejercicio fiscal Monto recaudado (aprox.)
2017 $258 millones
2018 $260 millones
2019 $273 millones
2020 $164 millones
2021 $256 millones
2022 $410 millones
2023 $270 millones
2024 (estimado) $290 millones
Total $1,681 millones
¿Quién paga y cuánto?
Entre las empresas que han aceptado el pago del impuesto están:
Capstone Copper (antes Cozamin): ha realizado pagos entre 2019 y 2023 por montos acumulados superiores a los $200 millones.
Minera Peñasquito (Newmont): ha litigado el cobro del impuesto y no ha realizado pagos significativos.
Minera Fresnillo y Grupo BAL: realizaron pagos menores tras acuerdos conclusivos con el Gobierno del Estado.
Estos pagos no han sido determinados con base en dictámenes técnicos ambientales. En su lugar, se han pactado acuerdos administrativos conclusivos sin sustento técnico visible, lo que agrava la inseguridad jurídica tanto para los contribuyentes como para la ciudadanía. Incluso se rumora que se han suscrito acuerdos por ejercicios fiscales aún no causados. Por ejemplo, ya hay compromisos de pago por el ejercicio 2026… y estamos en 2025. Ni auditoría fiscal ni peritaje ambiental de por medio.
¿Cómo se calcula el impuesto? Nadie lo sabe.
Uno de los vicios más graves es la falta de motivación técnica y legal para establecer la mecánica del cobro. El Gobierno no ha publicado fórmulas, criterios ni parámetros específicos. No ha demostrado que evaluó la capacidad contributiva de cada empresa, ni que un dictamen ambiental sustente el cobro con rigor técnico, ni que exista proporcionalidad entre el daño ecológico y el monto exigido.
¿Y las auditorías fiscales? Silencio total.
No hay constancia de que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y sus áreas fiscalizadoras, haya realizado auditorías a las empresas responsables. No se ha verificado si lo pagado corresponde a las emisiones o actividades contaminantes de cada una, como mandata la ley.
Esta ausencia de fiscalización refuerza la sospecha de un manejo discrecional, y puede generar responsabilidades administrativas, patrimoniales o incluso penales.
Cobrar impuestos sin rendir cuentas ni explicar su uso erosiona la confianza de la población, empobrece la legitimidad institucional, y pone en jaque la equidad. Además, desincentiva la inversión, sobre todo en sectores industriales y extractivos. La injusticia es fiscal: quienes más contaminan, quizás menos pagan. Y quienes son responsables, terminan castigados.
Zacatecas no necesita más tributos disfrazados de verde esperanza. Necesita claridad, legalidad y una ética de transparencia. El dinero verde no puede seguir con destino incierto. Es tiempo de exigir auditorías, informes públicos y una reingeniería legal del impuesto ecológico.
¿Será acaso que ese recurso ya está destinado… al viaducto elevado? ¿Tú qué opinas? Acompáñame en la siguiente.
