Disputa entre cárteles incendia Michoacán, Guanajuato y Jalisco en desafío al Estado
El miércoles a las dos de la tarde, un camión de paquetería estalló en llamas en Apatzingán. Lo que pareció una falla eléctrica pronto reveló su verdadero propósito: un narcobloqueo coordinado. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incendió vehículos en 30 municipios de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, paralizando carreteras y sembrando terror. Las autoridades atribuyeron el caos a una disputa entre bandas. Los testigos no lo creen.
«Era un mensaje al gobierno», afirma un consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, quien pidió anonimato por seguridad. Horas antes, un operativo militar había intentado capturar a un alto mando del CJNG en Jalisco. El cartel respondió quemando autobuses, camiones y hasta tiendas, replicando el Culiacanazo de 2019, cuando el cártel de Sinaloa forzó la liberación de Ovidio Guzmán.
Silencio y escepticismo
Mientras las llamas consumían vehículos, las autoridades minimizaron la crisis. El Gabinete de Seguridad omitió los bloqueos en su informe diario. Los gobernadores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato guardaron silencia. Al día siguiente, el gobierno federal insistió en que se trataba de un ajuste de cuentas entre narcos.
Expertos lo desmienten. «Los narcobloqueos no son entre bandas, son para presionar al Estado», explica David Saucedo, analista de seguridad. En 2022, el CJNG usó la misma táctica tras un fallido intento de captura contra El Doble R, lugarteniente del Mencho. Saucedo sospecha que esta vez también hubo un operativo frustrado: «Solo un líder regional genera ataques en tres estados a la vez».
Terror sin consecuencias
En cuatro horas, dos policías murieron, decenas de vehículos ardieron y seis presuntos sicarios fueron abatidos. Pero nadie fue detenido durante los bloqueos. «El cartel actuó con impunidad, seguramente con complicidad local», denuncia Saucedo. Los vecinos describen un patrón repetido: avisos cifrados a las policías, calles despejadas antes de los ataques, silencio oficial después.
El miedo persiste. Agricultores evitan sus campos, comercios cierran y hay rumores de represalias. «No es falta de capacidad del Estado, es falta de interés», sentencia el consejero de Apatzingán. Mientras, el CJNG expande su control con drones explosivos, minas terrestres y lo que los expertos llaman «feudalismo criminal»: un gobierno paralelo, sin oposición.
La versión oficial insiste en que «las cosas están bien». En Michoacán, las cenizas dicen lo contrario.
