El Dedo en la Llaga | Vivienda Digna vs Calidad de Vida: Redefiniendo el Futuro de Nuestras Ciudades
RAFAEL CANDELAS SALINAS
La reciente iniciativa del gobierno de construir mini casas de 60 metros cuadrados para sectores de bajos ingresos nos debe hacer reflexionar sobre el tipo de ciudades y sociedades que queremos, sobre todo en el contexto actual de inseguridad en que vivimos. La cifra de 60 metros cuadrados se ha manejado como un umbral técnico para definir una “vivienda digna”, pero ¿acaso se trata de un verdadero estándar de bienestar o simplemente de un mínimo viable que no atiende las necesidades reales de las familias?
El pasado sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Zacatecas para anunciar, con gran énfasis mediático, el arranque del ambicioso programa de vivienda. Durante el acto, se destacó que el programa contempla la construcción de un millón cien mil mini casas en todo el país en los próximos seis años, y se destacó que Zacatecas será el estado pionero en esta iniciativa, iniciando con la construcción de 208 viviendas en el municipio de Guadalupe.
Este anuncio -acompañado de la parafernalia de siempre y que incluyó la promesa de construir un Hospital en ese mismo municipio- destacó por las promesas de soluciones habitacionales, que contrastan con las muy limitadas opciones y estrategias del gobierno para insertar a nuestro estado en una espiral de progreso y desarrollo urbano, cuando todo se constriñe a la idea de construir un puente elevado en el boulevard Adolfo López Mateos.
Aunque dichas soluciones habitacionales que nos dejó la presidenta enfrentan ya algunos cuestionamientos que surgen acerca de la viabilidad y suficiencia del espacio ofrecido para asegurar un futuro digno a las familias, luego de que el anuncio fue que las mini casas tendrán una superficie de terreno de apenas 60 m². Se construirán en terrenos de 5 x 12 metros y al parecer también, se harán en edificios de departamentos.
¿Pero de dónde o a quién se le ocurrió eso de los 60 m²?
Esta superficie mínima fue establecida a partir de criterios diseñados por organismos como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y normas relacionadas con el Infonavit. La idea era lograr un balance entre habitabilidad y costos accesibles para familias que, en muchos casos, ingresan al mercado laboral sin patrimonio previo y ganan entre uno y dos salarios mínimos. En este contexto, los 55-60 m² se concibieron como el espacio suficiente para acomodar lo esencial: una mini sala-comedor, una mini cocina, un baño y dos recámaras pequeñas, en promedio para hogares de alrededor de 4 integrantes si tomamos en cuenta que el promedio de hijos por mujer en México al 2023 es de 1.6.
Sin embargo, tal enfoque ha sido criticado por expertos y sectores sociales, pues, aunque técnicamente puede parecer adecuado, este mínimo es insuficiente cuando se consideran otros factores cruciales como la privacidad, el espacio para el crecimiento familiar y la posibilidad de adaptarse a necesidades futuras.
No es lo mismo construir vivienda que calidad de vida. El debate no debe limitarse a la construcción de infraestructuras básicas; es imperativo pensar en el futuro. Una política de vivienda que solo se quede en cumplir con un mínimo técnico corre el riesgo de generar asentamientos que asemejen “favelas mexicanas”, donde la densidad y la escasez de espacio se traducen en condiciones de vida precarizadas.
Para garantizar un verdadero derecho a la vivienda digna, se debe contemplar el diseño de espacios que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también permitan -entre otras cosas- mejores condiciones de vida como: a) Flexibilidad y expansión: Proyectar viviendas en terrenos que posibiliten ampliaciones o la construcción de un segundo piso conforme la familia crece. b) Ambientes saludables: Espacios que promuevan la privacidad, el descanso y la cohesión familiar, evitando la sensación de hacinamiento. c) Planeación urbana integral: Desarrollar ciudades que, lejos de estigmatizar a las poblaciones de bajos ingresos, integren a todos sus habitantes en un modelo urbano inclusivo y sostenible, en el que el acceso a servicios, escuelas, infraestructura deportiva, áreas verdes y movilidad sea garantía de calidad de vida para todos.
¿A Quiénes Beneficia Realmente el Mínimo Técnico?
La medida está dirigida principalmente a trabajadores de bajos ingresos y, en algunos casos, a personas en situación de pobreza moderada o incluso extrema, siempre que se contemplen subsidios adicionales. La premisa es facilitar el acceso a una vivienda propia a quienes han sido tradicionalmente excluidos de este derecho básico. Sin embargo, limitar la discusión al mero otorgamiento de un espacio habitable ignora el impacto a largo plazo en la calidad de vida y el desarrollo urbano.
Construir casas no es el objetivo en sí mismo; se trata de construir hogares y ciudades que ofrezcan una perspectiva de futuro digna y sustentable. Si se opta por cumplir únicamente con un mínimo técnico, se corre el riesgo de resignar a miles de familias a vivir en espacios reducidos y sin posibilidades de crecimiento, perpetuando modelos habitacionales que pueden derivar en la formación de áreas marginales y poco integradas al tejido urbano.
La pregunta esencial es: ¿Qué tipo de ciudades queremos para el futuro? Ciudades en las que la vivienda sea un trampolín para el desarrollo personal y familiar, o asentamientos donde las oportunidades se vean limitadas por la escasez de espacio y la falta de previsión.
Repensar la política de vivienda para incluir a la clase media baja responde a la necesidad de ampliar el enfoque más allá de los mínimos técnicos destinados únicamente a sectores en situación de pobreza extrema o moderada. Se trata de diseñar soluciones integrales que ofrezcan mejor calidad constructiva, ubicaciones estratégicas y faciliten el acceso a créditos blandos, asegurando así que un mayor sector de la población pueda acceder a una vivienda digna y contribuir a la conformación de ciudades más equitativas y sostenibles. Este enfoque no solo mejora la calidad de vida de quienes lo reciben, sino que también tiene un impacto positivo en el desarrollo urbano y social en el mediano y largo plazo.
Una política pública en materia de vivienda debe, por tanto, ir más allá del simple cumplimiento de estándares técnicos. Debe ser una apuesta por la dignidad, la inclusión y el bienestar de las familias. Solo así se evitará caer en la trampa de construir mini casas con los “mínimos técnicos” que, al final, dejan mucho por desear en términos de calidad de vida y desarrollo social.
