Los alcaldes deben cumplir sus obligaciones constitucionales

OSVALDO ÁVILA TIZCAREÑO

Quiero iniciar esta colaboración citando textualmente el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Art. 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado…

Fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

  1. a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
  2. b) Alumbrado público.
  3. c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
  4. d) Mercados y centrales de abasto.
  5. e) Panteones.
  6. f) Rastro.
  7. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento
  8. h) Seguridad pública

La intención de abordar inicialmente lo anterior tiene como objetivo dar cuenta del marco legal existente que fundamenta la lucha cotidiana que llevamos a cabo los antorchistas. Como en cada una de nuestras acciones, nuestra labor de gestoría se realiza dentro del marco de la ley; por ende, no constituye ningún exceso, no vulnera ordenamiento legal alguno y tampoco implica desafío o agravio hacia las autoridades electas o designadas.

Sin embargo, la llegada al poder del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 implicó una cruzada contra los movimientos sociales, acusándolos de todo —pero principalmente de «intermediarismo y corrupción»—, con el fin de desalentar la acción colectiva y marcar la línea que debían seguir todos los niveles de gobierno. Pese a que esta embestida fue encabezada por el jefe del Ejecutivo, nunca desistimos y continuamos realizando nuestra labor organizativa a lo largo y ancho del país, incluido Zacatecas.

Sabedores de que nos asiste el derecho y que, además, no se puede conculcar el derecho de organización, a principios de año acudimos masivamente a la mayoría de los municipios donde tenemos presencia, con el fin de exponer las necesidades de cientos de ciudadanos que anhelan mejorar su calidad de vida.

Recientemente, hemos regresado a pedir respuestas a lo expuesto; sin embargo, salvo contadas excepciones, en la gran mayoría de los casos la actitud ha sido francamente desalentadora: alegan falta de recursos, culpan a la Federación de recortes o mencionan la ausencia de programas coordinados con el estado para atender la problemática. Ante tal circunstancia, no queda más que insistir. Por ello, acudiremos nuevamente a distintos municipios de la geografía estatal para solicitar interlocución directa con los alcaldes, a fin de que presenten opciones a las demandas ciudadanas.

Como parte de estas jornadas de lucha, el próximo miércoles 26 acudirán masivamente mis compañeros de Fresnillo para pedir al presidente municipal Javier Torres Rodríguez que incorpore el pliego petitorio en su programa de gobierno. Ojalá encontremos eco en sus peticiones y no sea necesario intensificar las protestas. No obstante, hago un llamado al antorchismo zacatecano para mantenerse alerta y los convoco a que, en todas las regiones, estemos preparados para luchar por nuestras demandas, conscientes de que nos asisten la razón y el derecho.