Desaparición de Personas: crimen de lesa humanidad
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación indica que en México han desaparecido 352 mil 019 personas, de las cuales cuatro mil 356 corresponden a Zacatecas entre 2021 y 2025. Aunque algunas de estas personas han sido localizadas, tres mil 886 continúan desaparecidas hasta la fecha.
Lo anterior evidencia que el Estado mexicano no ha reconocido el fenómeno de la desaparición de personas como un crimen de lesa humanidad. Por consiguiente, no existe una política criminal eficaz para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.
Además, el combate a la desaparición de personas no forma parte sustancial de la Estrategia Nacional de Seguridad. En consecuencia, este fenómeno sigue presentándose en todo el país, al grado de que, durante las últimas semanas, en los campos de reclutamiento y exterminio localizados en Jalisco y Tamaulipas, se ha señalado que más de 1,500 personas pudieron haber sido asesinadas en estos lugares. Dichas víctimas, originalmente, fueron desaparecidas por grupos criminales.
Es importante resaltar que la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en cuatro ejes: 1) atención a las causas; 2) consolidación de la Guardia Nacional; 3) fortalecimiento de la inteligencia e investigación, con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia; y 4) coordinación con las entidades federativas. Sin embargo, no contempla como eje fundamental el combate contra la desaparición de personas. Por el contrario, las acciones se han centrado principalmente en la disminución de homicidios dolosos.
Mientras no se incorpore como un eje fundamental en la Estrategia Nacional de Seguridad el combate al delito de desaparición de personas, así como la búsqueda inmediata que permita esclarecer los hechos, localizar a las víctimas, e identificar y sancionar a los responsables —incluidas las autoridades que, por acción u omisión, permitieron estos graves hechos—, este terrible fenómeno no tendrá fin.
Ciertamente, ante los graves sucesos de las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido emprender una serie de acciones para atender las consecuencias de la desaparición de personas. Entre estas acciones destaca la firma de un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que apoyen la búsqueda con evidencias científicas. Esto es fundamental para que dicha instancia pueda cumplir su función con los recursos necesarios, una exigencia que los colectivos de búsqueda han planteado de manera constante.
Además, se anunció que se fortalecerá a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento, apoyo y asesoría a los familiares de personas desaparecidas. Esperemos que estas medidas se materialicen y no se queden en meros discursos políticos.
También se enviarán iniciativas de reforma para consolidar un certificado único de registro de población como la fuente única de identidad de las personas, así como para equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto las penas como los procedimientos de investigación en todas las fiscalías generales de justicia.
Se iniciarán las carpetas de investigación desde el momento en que se presenten las denuncias, sin necesidad de esperar 72 horas, como ocurre actualmente. Esto responde a una demanda histórica de las madres buscadoras. Asimismo, se publicarán mensualmente las cifras de carpetas de investigación relacionadas con desapariciones. Sin embargo, lo crucial será garantizar que las indagatorias avancen con resultados positivos, ya que la mera publicación de cifras no resuelve el problema.
Otra medida importante es la creación de una base única de información forense y una plataforma nacional de identificación humana, además del fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana. Esto es relevante debido a la grave crisis forense que existe en el país en materia de identificación humana. Según datos de organizaciones civiles, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en 2021 había más de 52 mil personas fallecidas sin identificar, de las cuales el 60 por ciento yacía en fosas comunes, cementerios públicos o en las instalaciones de los servicios forenses de las fiscalías. Estas cifras han cambiado poco, ya que los gobiernos no han destinado los recursos necesarios para atender esta crisis.
Estas acciones, aunque importantes, no son suficientes. Es fundamental entender que la desaparición de personas debe combatirse de manera integral, sin ocultar o negar datos, ni crear verdades históricas. Se requiere prevenir, investigar, sancionar y erradicar este flagelo con debida diligencia, garantizando a las víctimas justicia, verdad y reparación integral.
