Defensa de la soberanía y lucha contra la delincuencia
MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
La relación entre Estados Unidos y México, desde el inicio del mandato de Donald Trump, no se ha caracterizado por el respeto, la cooperación y la colaboración. Por el contrario, ha estado marcada por las amenazas del presidente, siendo la primera la imposición de aranceles del 25 por ciento a diversos productos mexicanos, medida que se haría efectiva hoy 4 de marzo.
La segunda amenaza se refiere a una posible invasión a México para combatir a los cárteles del narcotráfico, a los cuales Trump ha calificado como grupos terroristas. En este sentido, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó que los cárteles y otras organizaciones transnacionales ‘amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental’.
Por lo anterior, Estados Unidos ha considerado como organizaciones terroristas extranjeras, al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (antes Los Zetas), Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Cártel Unidos.
Además, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha utilizado drones no tripulados para espiar las actividades de los cárteles dentro del territorio mexicano, lo que ha generado inconformidad, enojo y preocupación ante una posible intromisión norteamericana.
Frente a estas acciones, el gobierno federal ha cedido a las presiones de Washington y ha tomado medidas como el reforzamiento de la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional, así como la extradición de 29 reos considerados líderes criminales, sin un proceso de extradición claro y transparente.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente para Estados Unidos, que seguirá exigiendo cada vez más medidas al gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahora, con Donald Trump nuevamente en el escenario, la mira está puesta en la investigación de políticos vinculados a la delincuencia organizada, es decir, en la presunta narcopolítica en México.
Ante este panorama y la discusión sobre una posible intromisión del vecino país del norte, la presidenta Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer la defensa de la soberanía nacional, dejando claro que no se aceptará ningún tipo de intervención extranjera.
La reforma propone modificar los artículos 40 y 19 de la Constitución para prohibir cualquier intento de intervención foránea. Se plantea agregar dos párrafos al artículo 40, estableciendo que, bajo ninguna circunstancia, se permitirán actos de injerencia, intromisión o cualquier acción externa que atente contra la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, manipulación en procesos electorales o violaciones al territorio mexicano, ya sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Tampoco se permitirá intervención alguna en la investigación y persecución de delitos sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, conforme al marco jurídico vigente.
Asimismo, se reforma el Artículo 19 para incluir, entre los delitos que ameritan la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el delito de terrorismo, así como las acciones de cualquier persona, nacional o extranjera, implicada en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o introducción ilícita de armas al territorio nacional, y a cualquier extranjero que realice actividades fuera de la ley.
De manera general, ante el escenario de un posible intervencionismo extranjero en nuestro país, la idea de fortalecer la soberanía es ampliamente aceptada. Sin embargo, surgen dudas ante las sospechas de una presunta intromisión del crimen organizado en las estructuras de gobierno de los tres niveles debido a la omisión, indiferencia o indolencia de algunos gobernantes para combatir de manera eficiente a los criminales. Esto lleva a cuestionar si realmente se puede defender la soberanía nacional, ya que esta parece haber sido pisoteada por los propios grupos delictivos.
Es fundamental respaldar a la presidenta Sheinbaum en la defensa de la soberanía y promover la unidad nacional ante posibles embates de gobiernos extranjeros, pero siempre y cuando el gobierno mexicano combata con eficacia a la delincuencia organizada y prevenga la comisión de homicidios, tortura, desapariciones, extorsión, cobro de piso y trata de personas. No a través de una política de abrazos y no balazos.
Además, deben existir resultados tangibles que garanticen la vida, la integridad personal, la seguridad y el patrimonio de las y los mexicanos. De lo contrario, si el país continúa sumido en una profunda crisis de inseguridad, violencia y criminalidad, la población percibirá la «defensa de la soberanía» como un mero discurso político.
