Aumento a tarifas de agua, duro golpe a ciudadanía que podría revertirse
RAFAEL CANDELAS SALINAS
El reciente incremento del 4.21 por ciento en las tarifas de agua potable aprobado por la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) ha generado un fuerte rechazo entre la ciudadanía, no solo por el impacto económico que tendrá en sus bolsillos, sino porque, lejos de mejorar el servicio, este sigue siendo deficiente. Sin embargo, este golpe a la economía de los zacatecanos podría revertirse, pues la sesión donde se aprobó el aumento presenta graves irregularidades. La falta de pericia de quienes tomaron esta decisión en la JIAPAZ ha abierto la puerta para que el aumento pueda ser revertido.
La Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, en su Artículo 27, establece que para que una sesión del Consejo Directivo de JIAPAZ sea válida, debe estar presente el presidente municipal de la capital o, en su ausencia, su secretario del Ayuntamiento. Sin embargo, en este caso, el alcalde Miguel Ángel Varela ha dicho que ni siquiera fue convocado.
A esto se suma que el Reglamento Interior de JIAPAZ, en sus artículos 14 y 16, establece el número de asistentes necesarios para integrar el quórum y seguir un proceso formal de citación, es decir, la anticipación con que se debe convocar. En el caso que nos ocupa, no solo no se cumplieron los plazos por los que se debió convocar al alcalde, ni siquiera fue convocado y quién sabe si se respetaron los plazos establecidos para notificar al resto de los integrantes del Consejo Directivo, por tanto, la sesión del Consejo podría ser inválida y, en consecuencia, los acuerdos tomados en la misma -como el aumento tarifario- podrían ser nulos.
Es difícil creer que se trate de un error de procedimiento, cualquier funcionario público debe saber que no se puede tomar una decisión de ese tipo a título personal, lo que evidencia que en JIAPAZ se actuó con negligencia al tomar una decisión arbitraria, ilegal y sin la mínima formalidad jurídica.
Más allá del arrebato y del atropello contra los ciudadanos, el trasfondo de este acuerdo irregular parece tener tintes políticos. El hostigamiento y la evidente campaña contra el alcalde Miguel Ángel Varela se han convertido en una estrategia recurrente de algunos actores que, lejos de debilitarlo, parecen fortalecer su imagen pública.
Esta animadversión sin sentido ha llegado al punto de no invitarlo a los eventos de “estado” que se realizan en la capital; recuérdese que no son eventos particulares ni fiestas privadas sino eventos en los que se requiere una formalidad republicana, esto es, son eventos en los que deben convocarse a las autoridades implicadas, como puede ser el alcalde o los integrantes de los tres poderes, según sea el caso, intentar excluirlo de las decisiones clave para la ciudadanía, afecta no solo su derecho a participar en la toma de decisiones sino también en el bienestar de los zacatecanos, quienes como en el caso de la JIAPAZ, ahora deben pagar más por un servicio que sigue sin mejorar.
A pesar de la arbitrariedad con la que se tomó esta decisión, los usuarios del agua en Zacatecas tienen herramientas para impugnar el aumento de tarifas. Al haber claras violaciones a la ley y al reglamento interno de JIAPAZ, la ciudadanía, organizaciones civiles e incluso el propio alcalde pueden promover recursos administrativos y legales para frenar este abuso.
Parece pues, que los responsables de JIAPAZ han optado por cargarle más la mano a los ciudadanos en lugar de solucionar el deficiente servicio de agua potable. El aumento a las tarifas del agua es una medida impopular, injusta e ilegal, resultado de una mala administración y una evidente estrategia política mal-calculada. La JIAPAZ, en su afán de excluir al alcalde de Zacatecas de la toma de decisiones, ha cometido un error jurídico grave que por lo menos abre una posibilidad a la ciudadanía de frenar este abuso, su falta de pericia ha dejado una brecha legal por la cual este atropello podría ser revertido.
