El acceso a la información ayuda a los migrantes a conocer sus derechos
JULIETA DEL RÍO VENEGAS
En la coyuntura migratoria actual que atraviesa nuestra región y nuestro país, la transparencia y la rendición de cuentas pueden contribuir a proteger a las y los migrantes y también a garantizar gobernabilidad en el territorio nacional. Con esto en mente es que resolvemos casos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La semana pasada, en el Pleno del INAI expuse un asunto relacionado con este tema. Una persona, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) cierta información sobre un inmueble utilizado por esta autoridad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En específico, la persona quiso conocer el importe de la renta mensual; el plazo por el cual se arrendó el inmueble; las instalaciones con las que cuenta; así como las funciones que se realizan en dichas oficinas y la cantidad de personal que labora en el mismo.
En distintos medios de comunicación se afirma la existencia de conflictos y tensiones entre vecinos y migrantes por asentamientos que mantienen estos últimos en calles aledañas a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en colonias ubicadas al sureste de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca.
En respuesta a esta solicitud de información, el INM informó haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros, sin localizar lo requerido. Después de analizar el caso en mi Ponencia, concluimos que hay indicios suficientes de la existencia de un bien inmueble que podría ser el referido. ¿Cuáles fueron estos indicios? Nada más y nada menos que el inventario de bienes inmuebles del propio INM, el cual se encuentra cargado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por esta razón, en el INAI instruimos a que el Instituto Nacional de Migración transparente lo que se le pide.
El choque entre vecinos y migrantes en el sur del país —quizá una de las razones que motivó la solicitud de información en turno—, es un caso de muchos que se replican en distintas colonias y barrios en México donde la crisis humanitaria migratoria es evidente. Por ello, la sociedad tiene derecho a conocer los contratos, el personal y las acciones que toma la autoridad encargada en la materia, el Instituto Nacional de Migración, tanto para impulsar políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las y los migrantes, como mantener ciertas condiciones de movilidad para la población residente.
Si queremos evitar que se repitan tragedias como la del 27 de marzo de 2023 —cuando fallecieron 39 migrantes en un incendio en una instalación del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua—, las autoridades deben comprometerse con la transparencia. Porque sólo conociendo las instalaciones es que podemos tener un ojo puesto con la rendición de cuentas.
A pesar de los cambios institucionales que estamos por vivir en México —como la extinción del INAI y de los organismos locales de transparencia—, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales no desaparecen, está en la Constitución (artículos 6º y 16º); es obligación de las autoridades garantizarlos. Precisamente, ello implica que se debe entregar a la sociedad la información requerida sobre asuntos migratorios, contemplando el nuevo marco legislativo que en su momento se publique.
El fenómeno migratorio debe motivarnos a exigir rendición de cuentas a las autoridades. Juntos, sociedad y gobierno, podemos mejorar las políticas públicas en materia migratoria para ofrecer mejores condiciones y respetar los derechos humanos.
X: @JulietDelrio
