Los derechos de los ricos y pobres en la Constitución

JACOBO CRUZ

Hoy 5 de febrero se conmemora el 108 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que mediante 136 artículos y 19 transitorios establece quién es el responsable de hacer valer los derechos y los medios para hacerlos efectivos en beneficio del pueblo de México.

Nuestra Carta Magna es de las más completas del mundo al contemplar: el derecho a la educación, a la libertad de trabajo, al debido proceso, a tener una vivienda digna, a la seguridad social y a la salud pública, entre otros, por ser heredera de las constituciones anteriores y sintetizar anhelos y exigencias de la Revolución Mexicana de 1910.

En este 2025, la Constitución cumple 108 años, tiempo en el que se ha modificado más de 700 veces para actualizarla de acuerdo con las exigencias sociales modernas y a los intereses políticos del gobierno en turno, pero al ser un documento tan abarcador demanda que abogados, jueces y magistrados la conozcan bien con el objetivo de alcanzar un país de libertad, democracia y justicia plena para todos los ciudadanos.

Sin embargo, todas las leyes están hechas para cuidar la propiedad privada de los grandes concentradores de riqueza que se han adueñado de los medios de producción, y por decenas de años explotan los recursos naturales y la fuerza de trabajo para su único beneficio.

Esto sucede porque todo tiene dueño, así es con los mares y ríos de donde extrae la pesca, pasa lo mismo con las minas de donde se sacan materiales muy valiosos como diamantes, oro y plata; también son dueños de las grandes extensiones de la mejor tierra cultivable para producir alimentos a gran escala.

Pero los ricos de México y del mundo también son dueños de otra mercancía especial: la fuerza de trabajo, que como tal se compra y vende mediante un salario que los últimos reciben tras un contrato que en apariencia firman libremente con sus empleadores.

En cuanto a la protección de los trabajadores asalariados todo se centra a favorecer a los mismos ricos, fijémonos como para hacer una huelga hay reglas que cumplir para que esta tenga validez: 1. El pliego de peticiones debe incluir la Constancia de Representatividad, que acredita que el sindicato representa a los trabajadores; 2. El aviso de suspensión de labores debe darse con al menos seis días de anticipación, y con diez días si se trata de servicios públicos.

Es decir, los inconformes por alguna arbitrariedad de sus patrones, tienen que pedir permiso para protestar, de lo contrario el movimiento sindical no tiene validez. Cosas tan absurdas como esta abundan en las leyes mexicanas.

¿Y por qué ocurre esto? Simple, las leyes están hechas para cuidar la propiedad privada en el sistema capitalista, esto incluye la explotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo de los desposeídos.

Se ha trabajado mucho el argumento que las leyes protegen a todos por igual, que esta es imparcial, que lo mismo protege a un rico que a un pobre; pero en la realidad la ley se aplica a favor de quien tiene el dinero suficiente para el soborno, o simplemente porque es de una familia reconocida.

Por el otro lado, los pobres debemos resignarnos a ver cómo se atenta contra los derechos en cada uno de los aspectos de la vida social, pero al mismo tiempo nos conformamos con que también se protegen nuestros “bienes”, aunque estos sean tan insignificantes como un chicle en el piso, en comparación con el patrimonio que han acumulado los ricos.

Está claro que, para acumular riqueza, los poseedores necesitan de un elemento especial, este es la mano de obra de los trabajadores que han de aplicar su fuerza física y capacidad en la producción de las mercancías que son propiedad del patrón, esto de acuerdo a lo convenido mediante un contrato, que está avalado también por las leyes vigentes en materia laboral y que forman parte de los derechos y obligaciones adquiridos.

La experiencia que tenemos como parte del Movimiento Antorchista, organización social de gestoría en los tres niveles de gobierno, nos enfrentamos con la clase política que cuida con mucho celo los intereses de las familias adineradas que son realmente las que sacan el beneficio mayor de esta condición sin enfrentarse directamente con los pobres, sino que dejan que el choque abierto se dé con los gobernantes en turno, estos no tienen empacho en dejar llegar al poder a un político de izquierda, centro o derecha porque estará velando también por sus intereses.

No es de alarmarse que en México hayan gobernado políticos de todo pelaje, incluido al expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum, cuyo mérito más destacado fue elevar a rango constitucional los programas del bienestar, que como he dicho en otras colaboraciones, no provocan ningún rasguño a la riqueza de los multimillonarios que siguen con grandes negocios, como antes.

Al contrario, los magnates aprovecharon la de la 4t para quitarle presión a la inconformidad social generada por los políticos desprestigiados por su abuso de poder, y le dieron vida artificial al sistema por otros 12 años que es lo que sumará continuamente la alianza morenista que se hizo del poder en 2018, que mantiene éxito gracias a los programas de entrega de dinero, asegurando el triunfo en los procesos electorales.

Hoy más que nunca, es necesario que los mexicanos pongamos un alto al abuso de los poderosos de México que funcionan en contubernio con la clase gobernante. Podemos hacerlo agrupados en un partido político de nuevo tipo surgido de las entrañas del pueblo consciente que es urgente crear un sistema económico que distribuya la riqueza social creada por todos, porque mientras la base social no cambie, seguiremos regidos por leyes que dan todo al rico, pero quitan hasta el derecho al pataleo de los explotados de México.