Transparencia en programas sociales para fortalecer confianza de la sociedad
JULIETA DEL RÍO VENEGAS
En una democracia, las personas tenemos derecho a conocer hasta la cuestión más específica de un programa social como son los tipos de apoyos entregados, sus beneficiarios, las reglas de operación, el presupuesto ejercido, entre otros detalles. ¿Por qué? Son recursos públicos y las autoridades deben rendir cuentas.
Por si fuera poco, la opacidad y las irregularidades en un programa social afectan a personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser adultos mayores, personas con discapacidad o grupos que fueron damnificados por algún fenómeno natural.
En México, para eso existe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo que tutela el derecho a conocer información pública. Este Instituto representa un árbitro entre las autoridades y las personas cuando estas no transparentan su actuar. Semana a semana, en el INAI resolvemos alrededor de 500 casos sobre cómo las autoridades no entregan información o hacen mal uso de la privacidad de las personas.
Quisiera exponer uno de los últimos casos que voté en el Pleno del INAI esta semana, en contra de la Secretaría de Bienestar. Una persona solicitó a esta autoridad información relativa al Plan de Reconstrucción de Viviendas, incluido en el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural; sin embargo, la Secretaría respondió con información distinta a la requerida.
En el nuevo modelo que propone el gobierno para garantizar la transparencia sin contar con el INAI, si la Secretaría del Bienestar no entrega lo que por ley debe entregar, ¿quién le dirá lo contrario? ¿Otra Secretaría que es su par y que ambas responden a un mismo Poder Ejecutivo? Ese modelo en México ya se probó y no funcionó. Ser “juez y parte” termina por ser contraproducente.
Precisamente hace un año, en el Pleno del INAI expuse un proyecto similar en contra de la misma Secretaría. En aquel recurso, una persona solicitó el número y nombre de los municipios afectados que han recibido transferencias directas como parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural. En esa ocasión, la Secretaría de Bienestar entregó datos parciales; ahora respondió que sus unidades “no compartieron la información”.
En ese momento, expuse ese proyecto por las personas damnificadas del huracán Otis en Guerrero. Los recursos que se destinan para la reconstrucción de comunidades y de sus viviendas ante el impacto de huracanes y otros fenómenos naturales deben ser transparentados para cerrar espacios a la corrupción. En otras palabras, cada peso invertido en la reconstrucción debe ser rastreable hasta su destino final[1].
El Programa social en cuestión fue creado en 2019, después de la extinción del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y funciona de dos maneras principales: por medio de entregas directas a beneficiarios a través de censos, y por transferencias a los municipios para que éstos destinen recursos a obras de infraestructura afectadas.
No obstante, el periodismo de investigación ha documentado cómo damnificados de distintos estados del país —por distintos desastres ambientales— acusan diversas irregularidades (desvío de recursos, nepotismo, conflicto de intereses, entre otros) en la implementación de este programa[2].
Por estas cuestiones se apostó desde hace dos décadas porque la tutela del derecho a saber en nuestro país correspondiera a un instituto autónomo nacional que actúa sin filias ni fobias partidistas, con sus pares en las entidades federativas. Desde el INAI, seguiremos dando la batalla.
X: @JulietDelrio
[1] https://www.proceso.com.mx/opinion/2024/7/11/informacion-publica-para-prevenir-catastrofes-climaticas-332666.html
[2] https://aipz.mx/2023/11/07/que-se-entregue-informacion-sobre-atencion-a-damnificados-por-huracanes-prioridad-del-inai-julieta-del-rio/ y https://www.mexicoevalua.org/nuevo-fonden-una-herramienta-mas-para-afianzar-el-clientelismo-4t/
