Tren Maya, de interés público

JULIETA DEL RÍO VENEGAS

Cuando una autoridad busca reservar toda la información posible sobre un tema, refleja que entiende el derecho de acceso a la información como un enemigo potencial que representa un perjuicio para sus intereses.

Esta reflexión la hago porque en la sesión de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) del pasado 5 de junio, resolví un recurso de revisión en contra de Tren Maya SA de CV. Esta resolución derivó de que una persona solicitó el número de interrupciones en el servicio que han tenido los dos tramos inaugurados del Tren Maya; las fechas y el tiempo de cada incidente, así como todas las incidencias que han existido con un catálogo y definición de cada suceso.

Tren Maya SA de CV —Empresa de Participación Estatal Mayoritaria que se encuentra temporalmente bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— respondió que únicamente localizó 22 registros de incidencias. Sin embargo, cómo suele ser ya una práctica recurrente de algunas autoridades, la información la clasificó con carácter de reservada. Argumentó que brindar dichos documentos impactaría en la seguridad nacional.

Después de realizar el análisis jurídico, en el INAI votamos unánimemente e instruimos a entregar la versión íntegra de los reportes de las incidencias de este megaproyecto. Actuamos de esta forma porque los reportes de incidencias únicamente señalan datos generales sobre hechos aislados en tramos determinados. Su publicidad de ninguna manera impactaría en la seguridad nacional, por lo que no se actualiza la reserva de la información.

Al reservar de entrada el historial de incidencias del Tren Maya, el sujeto obligado en cuestión demuestra que, desde su perspectiva, es preferible que la ciudadanía no conozca sus procesos internos y sus decisiones. La respuesta otorgada muestra que para la empresa es preferible “mantener la caja cerrada” sin hacer una prueba de daño con criterios técnicos. El reservar toda la información refleja una concepción negativa que va en contra del derecho a saber garantizado en el artículo 6º constitucional.

En cambio, el INAI y los 32 organismos locales de transparencia existimos para impulsar el derecho humano a conocer cómo operan las autoridades, para poderlas vigilar y exigirles cuentas de su actuar.

La ciudadanía necesita información sobre las incidencias del Tren Maya. Información precisa sobre los arreglos necesarios y los protocolos establecidos para prevenir cualquier problema. A más información, mayor confianza y tranquilidad para viajar en este transporte. La claridad y la transparencia incluso contribuirán a aumentar el turismo y el desarrollo económico en la región, no al revés.

La seguridad de los pasajeros y la certeza de la transportación de las cargas requiere que este transporte sea transparente. Podemos entender que existen algunos elementos que deben reservarse por seguridad nacional, pero es ilegal ocultar toda la información a la ciudadanía.

No es la primera ocasión que resuelvo en este sentido sobre el Tren Maya. Anteriormente, hemos instruido a entregar información sobre: manifestaciones de impacto ambiental; modificaciones a los tramos; manuales técnicos de sistemas SAP; relación de empresas de outsourcing, por mencionar solo algunos casos.

En el INAI actuaremos siempre bajo los principios de legalidad y de máxima publicidad. Cada que algún sujeto obligado justifique la falta de entrega de información argumentado “seguridad nacional”, “inexistencia” o “no encontrado después de una búsqueda exhaustiva”, resolveremos con firmeza apegados en todo momento al marco del derecho. Es lo que la sociedad espera de nosotros.

X: @JulietDelrio