La importancia de las libertades informativas
JULIETA DEL RÍO VENEGAS
¿Las autoridades mexicanas han atendido el problema de violencia en contra de periodistas? La organización “Article 19” presentó hace unos días un informe titulado “Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad?”, que muestra evidencia sobre agresiones contra profesionales del periodismo. La respuesta desde el gobierno no ha sido suficiente para garantizar condiciones seguras. Sumado a que servidores públicos forman parte de los agresores de periodistas.
El derecho de acceso a la información tiene su origen en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue proclamada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. El documento representa un hito en la larga lucha por tener los fundamentos a nivel global para el respeto de la condición humana y —hasta ahora— ha sido traducida a más de 500 idiomas. Establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión” y menciona que este derecho incluye el “recibir informaciones y opiniones”.
Este artículo sirvió de inspiración para la creación de la organización independiente “Article 19” fundada en Londres en 1987 y cuyas oficinas para México y Centroamérica iniciaron operaciones en 2006. Es conocida su gran aportación al avance progresivo de la libertad de expresión en nuestro país y su preocupación por el gremio de periodistas ante un panorama cada vez más hostil.
El informe que publican sobre la violencia contra la prensa mexicana destaca que durante 2023 se registraron 561 agresiones a un periodista cada 16 horas por razones vinculadas a su labor. Por esta razón, México se posicionó entre los países con mayor letalidad para ejercer el periodismo, después de Israel y territorios de Palestina.
Si bien, la consecuencia final contra las y los periodistas es el asesinato o la desaparición, se registran otro tipo de agresiones como intimidaciones y hostigamientos, estigmatización y acoso judicial; y amenazas en la esfera física y digital. Y aquí me gustaría centrarme en la violencia ejercida desde el Estado mexicano pues se sigue considerando como el principal actor contra la prensa con 287 casos documentados, y 71% de los casos son funcionarios públicos civiles quienes agreden.
Si abordamos este tema desde los distintos niveles de gobierno, nos damos cuenta de que a nivel estatal es donde más agresiones se presentaron (43%). Seguido del nivel federal (32%) y el nivel municipal (24%). Acorde a “Article 19”, las agresiones se dan prácticamente en todo el país pues abarca 29 de las 32 entidades, quedando exentos Hidalgo, Querétaro y Zacatecas. Esto en parte se puede asumir que es por una falta de denuncias. Mientras que la Ciudad de México ocupa el primer lugar con el 20% del total de agresiones.
El informe muestra que las coberturas de mayor riesgo son las de “Corrupción y Política” con el 53%, seguido de temas de “Seguridad y justicia” con el 23% y “Protestas o movimientos sociales” con el 9%. En su mayoría, son los hombres las víctimas de este tipo de ataques con el 53%.
En este año electoral, la prensa ha tenido una mayor confrontación respecto a los años previos y los sexenios anteriores. Recordemos el caso sin precedentes donde el titular del Ejecutivo Federal expuso el número telefónico de una periodista de The New York Times y las filtraciones de datos personales de periodistas asistentes a la conferencia matutina en Palacio Nacional. Esto solo es reflejo de que las autoridades en México necesitan asumir como un problema público los atentados al gremio y sancionar a los servidores públicos que desde su posición atacan a medios de comunicación.
El acceso a estadísticas, planes de acción o sanciones a servidores pueden ser consultados o solicitados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Sólo así, con información confiable y la vigilancia constante de ciudadanía y organizaciones civiles podremos dimensionar los alcances de esta situación que quita vidas y calla opiniones críticas.
X: @JulietDelrio
