De mal en peor
MIGUEL TORRES ROSALES
La situación de inseguridad en Zacatecas se recrudece cada día. Es verdaderamente preocupante escuchar las cifras que la semana pasada presentó el Fiscal Francisco Murillo sobre la gran cantidad de cuerpos no identificados, personas desaparecidas y no localizadas que hay en el estado. En resumen, aceptó que vamos de “mal en peor”.
En lo personal, me parece aún más preocupante observar la indiferencia de las autoridades estatales ante esta problemática social; especialmente, la actitud del Gobernador David Monreal, a quien parece “no le quita el sueño” la gravedad de los hechos que enfrentamos la población zacatecana.
No es asunto menor que el Fiscal del Estado reconociera un incremento del 27 por ciento en el número de desapariciones y personas no localizadas en el primer semestre del 2023, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Es decir, de 568 casos registrados de enero a julio del 2022 aumentaron a 719 en este 2023. El acumulado de los dos primeros semestres de ambas anualidades es la lamentable cantidad de 1 mil 287 familias destrozadas, en la incertidumbre y la tristeza de no saber dónde se encuentran sus familiares.
Vea usted, estimado lector, en qué contexto se dieron las desafortunadas estadísticas. Fue justo cuando el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia del Estado presentaron la plataforma “Occisos de Semefo” (Servicios Médicos Forenses), que es una herramienta tecnológica para registrar los datos de cuerpos sin identificar o identificados no reclamados.
Dicha acción la realizan cuando la problemática ya les rebasó, debido a la existencia de 813 cadáveres que deben ser identificados. Entendió bien, aún no se sabe quiénes son las 813 personas a las que se les arrebató la vida. De esos cuerpos, 284 se encuentran en refrigeración en las ciudades de Zacatecas y Fresnillo; en tanto, 529 están depositados en distintos panteones forenses.
Soy consciente de la urgencia de identificar los cadáveres resguardados en distintos Semefos y panteones de la entidad, para garantizar los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
También soy un convencido que en primera instancia la obligación de las autoridades estatales es garantizar la seguridad pública a la población y, es por ello que, exijo la implementación de una estrategia eficaz, que incluya medidas preventivas, designación de recursos para incrementar el número de elementos policiacos y su equipamiento, la compra de tecnología de última generación y realizar campañas para la promoción de los derechos humanos.
Para alcanzar la pacificación de Zacatecas es necesario contar con personal policiaco y de investigación especializado; así como instituciones autónomas procuradoras e impartidoras de justicia. Comento esto porque me inquieta la manifestación de trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado que acusan a la institución de haber perdido el rumbo, bajo la dirección de Francisco Murillo.
Corrupción, falta de autonomía, sometimiento, pésimas condiciones laborales, falta de equipamiento y vehículos en mal estado son algunas de las irregularidades denunciadas desde adentro de la FGJEZ.
Como Representante Popular retomo las denuncias para exigir una investigación, porque de comprobarse las anomalías significarían “una raya más al tigre” en torno a la impunidad.
El reto de los gobiernos federal y estatal es garantizar la seguridad pública y en esta tarea tienen en mí a un aliado en la Cámara de Diputados, como parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, porque la unidad es la única vía para resolver los problemas graves y alcanzar la pacificación de Zacatecas.
