Los membretes en la CDMX, por razones políticas

SARA LOVERA

Para nadie es un secreto que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, que depende de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es la dependencia más castigada en recursos, con un enorme rezago y donde hay mayor rotación de personal, con una “efectividad” cuestionada, porque todos los indicadores hablan de que estos delitos van al alza y la impunidad es el signo.

Por ello, es intrigante y sorpresivo el anuncio del viernes pasado de la fiscal Ernestina Godoy Ramos de que esta misma semana se creará una unidad especializada para atender específicamente a las estudiantes de nivel medio superior y superior que sufran acoso y abuso sexual en sus escuelas.

¿Un membrete más? En una maraña de oficinas, dependencias específicas como la fiscalía para adolescentes que no ofrecen los resultados esperados. En cambio, el anuncio encaja muy bien políticamente, sin duda. Pareciera, nada más, una respuesta política a la huelga que por acoso e impunidad estalló en las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (AUM).

De la Fiscalía Central dependen todas las agencias del ministerio público en delitos sexuales, cuyo origen data de 1989, cuando nació la Primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales en la capital del país. Fue durante la gestión del procurador de Justicia del entonces Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, cuando la procuraduría no era autónoma.

Lo cierto es que, en lugar de anunciar con bombo y platillo el nacimiento de nuevos membretes, frente al problema, lo que sí es urgente y es obligación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es –efectivamente- dotar de recursos suficientes a esa Fiscalía Central, y de la fiscal Godoy limpiar internamente a todas las personas que ahí prestan sus servicios con absoluta falta de emoción, interés y conocimiento para atender a las víctimas.

A cambio en estos más de cuatro años, esas fiscalías o ministerios públicos, en realidad no cumplen ni con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México ni con la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Muy lejos están de poner en prácticas una política criminal de reparación integral del daño, lo que haría la diferencia.

Esa es una oportunidad perdida para la fiscal, que debiera ser autónoma y actuar realmente en favor de las víctimas. ¿Cómo hacerlo, cuando persiste impunidad interna? Es muy preocupante. Además de que se ha mantenido la red de complicidades y corrupción.

Me pregunto qué tendría que pasar para que, de haber interés real por prevenir los delitos sexuales, se viera reflejado en el interior de cada centro de trabajo o escolar, donde hubiera una política de fondo y no tantos y variados, discursos vacíos. ¿Dónde va a estar esa unidad realmente? ¿Con cuanto personal contará? ¿Qué tan preparado y dispuesto estará?

Han pasado más de 30 años desde que se creó aquella agencia especializada y han sido las jóvenes universitarias las que han tenido que mostrar el tamaño de lo que las expertas llaman las violencias contra las mujeres en los espacios públicos en una ciudad como la nuestra. Según México Evalúa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públicay el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX han dicho que hay una enorme cifra negra de denuncias por falta de confianza en la impartición de justicia.

Cómo se coordinará la Fiscalía General con las universidades, donde el problema, hoy situado en la UAM, pero general en todas las escuelas, es mucho más complejo que estos anuncios coyunturales y políticos que al final quedan en papel mojado. Veremos…

*Periodista, directora del portal informativo https:/www.semmexico.mx