Urge atender desplazados por el crimen Organizado: Geovanna Bañuelos
Ciudad de México.- Derivado de la violencia que azota al país, son miles las familias que han tenido que abandonar sus hogares para salvaguardar su vida, tal es el caso de los habitantes de varios municipios de Zacatecas que recientemente han sido desplazados a consecuencia de la lucha entre grupos del crimen organizado, informó la senadora Geovanna Bañuelos.
En consecuencia, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hace un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para combatir las acciones de los grupos criminales que generan violencia y producen el desplazamiento de familias en la entidad, garantizando su protección, con especial atención al caso de las personas en los municipios de Valparaíso y Jerez.
Asimismo, la legisladora por Zacatecas pide a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en coordinación con sus homologas en las 32 entidades federativas, brinden asesoramiento y protección a las personas víctimas del desplazamiento forzado interno.
Además, solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, implementar medidas que permitan garantizar la protección de los derechos humanos de los infantes y jóvenes víctimas de desplazamiento forzado interno.
La senadora Geovanna Bañuelos destaca que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (Envipe), en el año 2020 en México, 911 mil 914 personas optaron por cambiarse de vivienda o lugar de residencia, ya sea de manera planificada o abrupta, para protegerse de la delincuencia.
La región con el mayor número de personas desplazadas es el centro del país, que
comprende la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, al registrar 297 mil 301. En segundo lugar, se encuentra la región
occidente –Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas–, con 254 mil 447 personas.
En tercer lugar, está la región noreste -Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas), con 149 mil 328; y cuarto lugar está la región sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán-, con 121 mil 768; y en quinto lugar la región noroeste -Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora-, con 89 mil 70.
“En especial, quiero referirme a la terrible situación que vive el municipio de Valparaíso en Zacatecas, donde lamentablemente, debido a la terrible ola de violencia que se vive en la zona, miles de personas encontraron como única alternativa desplazarse de esta comunidad en busca de seguridad”, menciona.
En un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, la líder petista refiere que el propio alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, señaló que el problema se agravó en junio pasado, con los enfrentamientos entre pistoleros pertenecientes a los cárteles Jalisco Nueva generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS).
Desde entonces los desplazados se han refugiado principalmente en la cabecera municipal procedentes de las comunidades de San José del Refugio, San Juan Capistrano, El Infiernillo, Boquillas del Refugio, El Peinillo, Purísima de Carrillo, Las Viudas-Vicente Escudero, El Romerillo, Las Atarjeas, La Cañada y La Florida.
“Son comunidades en las que también dejaron de dar servicio en tres clínicas rurales de la Secretaría de Salud estatal. Además del cierre de varias escuelas primarias y multigrado por falta de alumnos y maestros”, apunta.
Geovanna Bañuelos enfatiza que es necesario tomar acciones en favor de la seguridad de las personas, “no podemos admitir que el estado de Zacatecas, para que el fenómeno del desplazamiento forzado se normalice en nuestro querido estado, debemos cumplir con nuestro deber constitucional de garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en nuestro querido Zacatecas” enfatiza.
Finalmente, sostiene que el Estado debe combatir la violencia criminal y las consecuencias de décadas de abandono del que han sido víctimas miles de zacatecanos.
“Debe atenderse el justo reclamo de paz y seguridad de la población implementando tanto las medidas de combate a los grupos organizados, como aquellas tendientes a fortalecer el tejido social”, concluye.
LNY/Redacción
