Violencia intrafamiliar, el delito con más incremento durante pandemia: Francisco Murillo

Zacatecas, Zac.- El fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, destacó que el 2020 fue complicado para todos por la pandemia del Covid-19 pero se adaptaron desde la Fiscalía para poder continuar brindando los servicios que requiere la ciudadanía.

Al rendir su tercer informe de actividades ante el Pleno de la LXIII Legislatura, el fiscal destacó que se puso en marcha un programa de pre-denuncia en línea para evitar aglomeraciones en las oficinas pero, a la par, incentivar la cultura de la denuncia pese al contexto de emergencia sanitaria.

Entre las estadísticas que dio el fiscal estuvieron las relacionadas con la violencia intrafamiliar, un delito que se ha incrementado con la pandemia y que es el principal problema al hablar de ilícitos del fuero común.

Destacó, en ese tenor, que de las dos mil 989 personas detenidas el año pasado, 740 fueron aprehendidas por este delito lo que representa casi el 25 por ciento del total de detenciones.

El fiscal rindió su informe en una sesión solemne en la que estuvieron presentes los poderes Ejecutivo y Judicial, representados por el secretario General de Gobierno Erick Fabián Muñoz Román y el magistrado Carlos Villegas Márquez. También se tuvo la presencia del comandante de la Onceava Zona Militar Fernando Gómez.

Antes de la participación del fiscal General de Justicia del Estado, los legisladores intervinieron por grupos parlamentarios para fijar un posicionamiento respecto al ámbito de la seguridad y la procuración de justicia en la entidad.

No habrá bienestar sin desarrollo; y no habrá desarrollo sin seguridad

El primero en subir a la Máxima Tribuna, por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP), fue el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez quien aseguró que la pregunta principal es qué hace falta para mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía.

Hizo énfasis en el incremento de los índices delictivos y sobre todo de un delito que afecta a los emprendedores zacatecanos: la extorsión; ilícito que inhibe la motivación para iniciar nuevos proyectos o crecer los ya existentes por miedo a la delincuencia.

El legislador destacó que las instituciones deben trabajar unidas, cada una asumiendo sus deberes, porque «en Zacatecas no habrá paz sin bienestar; no habrá bienestar sin desarrollo; y no habrá desarrollo sin seguridad».

Zacatecas no puede esperar más

La diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, destacó el empeoramiento en la percepción de inseguridad y violencia que habido en el estado y expuso que debe tenerse como prioridad la prevención social del delito para poder atender los factores de riesgo que generan las conductas antisociales que, finalmente, pueden concluir en la comisión de ilícitos.

En cuanto al actuar de la Fiscalía consideró que se ha hecho un ejercicio correcto del recurso público al interior de esa institución ya que no se han tenido sanciones por incumplimientos o irregularidades en la aplicación del presupuesto.

Apuntó, además, que «los problemas de inseguridad, de acceso a una justicia expedita y plena, y la vigencia de los derechos humanos son temas sensibles y hacemos eco de esas demandas y asumimos el compromiso para fortalecer el Estado de Derecho, la justicia, la legalidad y la gobernabilidad democrática. Tenemos que dar respuestas y soluciones. Zacatecas no puede esperar más».

Ausencia de datos importantes

Por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habló en tribuna Emma Lisset López Murillo.

La legisladora calificó como alarmante el crecimiento en los índices de criminalidad que no sólo se debe a enfrentamientos entre grupos delincuenciales sino que, cada vez con mayor frecuencia, se traduce en agresiones directas en contra de los elementos de corporaciones de seguridad “en abierto desafío a la capacidad de movilización y logística del aparato estatal”.

Al referirse al informe entregado por el fiscal, destacó la ausencia de datos importantes como el número de carpetas de investigación que permanecen en reserva, con deficiencias en su integración o que esperan información complementaria.

Asimismo, la diputada preguntó por el estado que guardan las investigaciones en materia de corrupción. Particularmente, sostuvo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha interpuesto denuncias en contra de municipios por el ejercicio indebido del recurso público y, salvo en el caso de Trancoso, no hay evidencia de que se haya procedido en contra de otros ayuntamientos.

No podemos aceptar la normalización del delito

Por parte del grupo parlamentario del PAN intervino el diputado Luis Magallanes Salinas quien sostuvo, al inicio de su discurso, que sin justicia no hay paz.

Destacó que como ciudadanía no se está haciendo lo suficiente por reconstruir el tejido social, teniendo en cuenta que ésta es una tarea que le incumbe a todos los sectores sociales y también gubernamentales ya que éstos deben implementar políticas públicas que garanticen la justicia para todos.

«No podemos aceptar la normalización del delito – señaló el legislador -; como autoridades debemos responsabilizarnos de nuestro actuar. No hay tiempo» y agregó que el Poder Legislativo respaldará a la Fiscalía y colaborará en lo que se requiera pero también, cuando sea necesario, «se harán las exigencias pertinentes con firmeza».

La justicia que llega tarde no es justicia

La diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado habló en nombre del grupo parlamentario del PRI y reconoció los esfuerzos hechos por la Fiscalía por enfrentar los obstáculos que se presentan con el crecimiento del delito y la falta de apoyo federal.

No obstante, tras resaltar que la justicia que llega tarde no es justicia, apuntó que se requiere implementar un modelo de resultados rápidos para que se obtengan soluciones efectivas integrales y sostenibles en lo inmediato con estrategias que, dijo, deben ser innovadoras.

Como algunos de los problemas más urgentes que deben atenderse la legisladora mencionó los homicidios dolosos que no han sido resueltos como el del doctor Héctor Ruiz Calzada, los feminicidios cometidos el año pasado, los secuestros y las extorsiones, así como la pandemia de la violencia intrafamiliar.

LNY/Redacción