Máxima Tribuna. Trabajo Permanente
MIGUEL OVALLE
El 2020 fue el año de la pandemia y la desesperanza. La cantidad de personas que han muerto en México a causa del covid-19 superó por mucho las cifras más catastróficas estimadas por las autoridades federales.
Lo peor es que esta crisis sanitaria aún no termina. Pese a la luz que se vislumbra al final del túnel por el inicio de la aplicación de las vacunas, lo cierto es que en este momento se vive una situación extremadamente compleja en diferentes partes del mundo. Específicamente en la Ciudad de México se está padeciendo la sobre saturación de hospitales. Es recurrente observar en los medios de comunicación diferentes historias de personas que incluso mueren en las puertas de los nosocomios en los que se negaron a recibirlos por falta de camas para su atención.
En Zacatecas se está dando un nuevo repunte, que parece resultado de las pasadas fiestas decembrinas.
Por lo anterior, hoy resulta aún más relevante la propuesta que durante la sesión de la Comisión Permanente se presentó a nombre del diputado Pedro Martínez Flores con el objetivo de tipificar como delito el mal uso del sistema de emergencias 911.
El propósito de esta iniciativa es garantizar el auxilio inmediato en casos de emergencia y para ello resulta indispensable la adecuada utilización de los medios de comunicación y en particular del sistema 911. “La movilización rápida de la policía, los paramédicos, los bomberos o del personal de protección civil puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, argumentó el legislador.
De enero a junio de 2020, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se recibieron 61 millones 639 mil 418 marcaciones al 911, de las cuales el 89 por ciento fueron falsas y sólo el 11 por ciento constituyeron emergencias reales.
El planteamiento expuesto en la Comisión Permanente es que quien haga uso indebido de los sistemas de emergencia y denuncia sea acreedor a una pena de seis meses a tres años de prisión y a una multa de cien a 500 cuotas. Además, si la conducta del infractor provoca un accidente en el que se causen daños o pérdidas en contra de personas o cosas, se aplicará una pena mayor que podrá ir de uno a cuatro años de prisión.
También el diputado Martínez Flores hizo una propuesta para que el Poder Legislativo pueda integrarse en la Comisión Metropolitana de desarrollo urbano.
Esta Comisión es un órgano público de consulta, coordinación, apoyo técnico, decisión y participación social en materia de planeación urbana, desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y está integrada por diversos representantes de la administración pública estatal, municipal y representantes de diversos organismos.
Irónicamente, el Poder Legislativo no está contemplado dentro de esta instancia pese a que a esta soberanía le corresponde establecer las normas básicas e instrumentos para planear, regular y controlar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, a fin de mejorar la calidad de vida, mediante la conservación, mejoramiento, crecimiento y consolidación de los centros de población.
Por otra parte, fue el diputado José María González Nava quien recordó que la educación, además de ser obligatoria, tiene que ser inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión.
El diputado subrayó que derivado de la discriminación, las personas con discapacidad tienen más probabilidad de no asistir o de abandonar la escuela antes de terminar la educación primaria o secundaria. El legislador destacó que la educación de quien tiene alguna discapacidad está relacionada directamente con una mejor calidad de vida, como en el resto de la población, y de ahí la importancia de garantizarles este derecho.
Las y los diputados han dado una lucha constante para erradicar la discriminación; ejemplo inmediato de esto fue también la aprobación de la Ley para la Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista que se avaló antes de terminar 2020.
Como lo mencionamos en la anterior colaboración, la tarea que tiene el Poder Legislativo para este tramo final todavía es inmensa. Existe una agenda tentativa a desarrollar y que va de la mano con instrumentos legislativos que se aprobaron en el último periodo ordinario y otros más de la legislatura federal.
Es importante resaltar que, de septiembre a diciembre de 2020, durante el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, se celebraron 51 sesiones, de las cuales 43 fueron ordinarias y 8 solemnes.
Asimismo, se presentaron 204 iniciativas, destacando 85 reformas a las leyes locales, 71 iniciativas de ley, 13 reformas a la Constitución del Estado y 3 a la Constitución federal. Además, se expidieron 214 decretos, entre ellos nuevas leyes, reformas a la legislación estatal, leyes de ingresos y el presupuesto de egresos 2021 para Zacatecas. También se emitieron 68 acuerdos y 10 resoluciones, hubo 654 intervenciones de las y los diputados en tribuna y se llevaron a cabo seis comparecencias de funcionarios estatales.
Antes del inicio en marzo del último periodo ordinario, se tiene previsto desarrollar uno extraordinario, que seguramente tendrá lugar la próxima semana. Durante la sesión de la Comisión Permanente del próximo martes se estaría aprobando la convocatoria para el mismo.
