Cargos en IZAI no pueden ser puestos de cuates: Gabriela Pinedo
Zacatecas, Zac.- Este jueves se propuso crear al interior del Poder Legislativo del estado una Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en el estado de Zacatecas, que estaría conformada por todos los grupos parlamentarios y por los diputados que no conforman una fracción.
La diputada María Edelmira Hernández Perea planteó la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis y destacó que se requieren instancias como ésta para “acelerar las soluciones” en materia de desarrollo sostenible para alcanzar los objetivos que México se ha comprometido a cumplir.
Con esta creación se seguiría la ruta fijada desde el Senado de la República, donde el pasado 7 de julio también se creó una comisión especial en este ámbito.
La comisión especial, sostuvo la legisladora, no supone un costo adicional en materia de presupuesto en el Poder Legislativo y, además, garantizaría que las próximas legislaturas continúen trabajando en pro de esta agenda.
Para ello, la estructura que se propone es la planteada en la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030, que encabeza la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y que incluye una figura de vinculación política y otra técnica.
En caso de ser creada, la comisión especial podrá emitir opiniones técnicas, observaciones o recomendaciones no vinculantes en los asuntos que competan a la Agenda y tendrá la posibilidad de enviarlas a las dependencias de la Administración Pública Estatal que se vinculen directamente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Asimismo, estará facultada para realizar foros, talleres, conversatorios, simposios y consultas con titulares de las dependencias estatales y federales; mantener reuniones con académicos, sociedad civil e iniciativa privada; e implementar cualquier mecanismo adicional de parlamento abierto.
Difundir y promover los derechos de la infancia en Zacatecas
La diputada Carolina Dávila Ramírez propuso reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado para establecer, de manera expresa, la obligación de este organismo de impulsar campañas de divulgación y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En la iniciativa se plantea incluir una fracción en el artículo 8 de esta norma para que la comisión deba implementar acciones encaminadas a “la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes y así fortalecer la normativa en cita para que de manera directa se establezca la relevancia que para todos tiene nuestra niñez”.
Derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, desde la Constitución
Para que el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad quede constitucionalmente establecido, los diputados Gabriela Pinedo Morales, Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada presentaron una reforma a la Constitución Política del estado.
La modificación busca que el estado garantice la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, nutritivos y de acuerdo a las tradiciones culturales para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas.
Además, señalaron que se debe trabajar para que la producción de estos alimentos se lleve a cabo de forma sostenible, garantizando su acceso para las generaciones futuras, por lo que es indispensable que se fortalezca la capacidad del estado para lograr una soberanía alimentaria.
Evitar que los cargos en el Instituto Zacatecano de Transparencia sean “puestos de cuates”
También los diputados Gabriela Pinedo Morales, Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada propusieron una modificación al artículo 126 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado para que quien presida el Instituto Zacatecano de Transparencia deba tener experiencia profesional y académica en esta materia.
Estas áreas, señalaron, “no pueden ser puestos de cuates ya que son espacios prioritarios para garantizar el derecho humana a la información, así como uno de los pilares de la democracia”.
Por ello, se busca establecer como requisitos que él o la comisionada del instituto tenga un mínimo de tres años de experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en el desempeño de actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con estos ámbitos.
Además, se proponen candados como la necesidad de que esta persona no haya fungido, durante el año previo a su nombramiento, como titular de alguna dependencia del Estado, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Diputado local, Gobernador, dirigente de partido político o asociación política y candidato a cargo de elección popular.
Sancionar la matanza clandestina de animales
Con el objetivo de evitar la proliferación de rastros clandestinos donde, además de incumplir las normas sanitarias poniendo en riesgo la salud de los consumidores, también se dan prácticas de maltrato animal, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal del estado.
El tamaño de este problema lo evidenciaron señalando que los propios registros oficiales hablan de que sólo en el municipio de Fresnillo, durante 2018, se localizaron 100 rastros clandestinos.
Entre los cambios propuestos está la adición de los párrafos cuarto y quinto en el artículo 394 para tipificar que “a quien no acate las disposiciones, o no use los métodos e instrumentos establecidos en las leyes y normas para el aturdimiento y matanza de un animal destinado al abasto, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de cuatrocientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Dentro de este supuesto, se excluye del delito a las personas que se encuentren catalogadas como población en situación de pobreza multidimensional y que practique la matanza de autoconsumo, siempre y cuando el animal sea de su propiedad.
Garantizar un perfil adecuado para los verificadores ambientales
Por su parte la diputada Susana Rodríguez Márquez propuso reformar la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado con el objetivo de establecer el perfil profesional que deben tener las personas encargadas de realizar las inspecciones en torno al cumplimiento de la norma ambiental.
Actualmente señaló que en la norma se refiere que debe ser “personal autorizado” pero no se especifica la formación ni experiencia que debe tener, por lo que la modificación busca incluir un listado de requisitos como, por ejemplo, la escolaridad mínima de licenciatura o nivel profesional, terminado o pasante, en las disciplinas como Agronomía, Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias Forestales, Desarrollo Agropecuario, Ecología, Ingeniería Ambiental, Química o afines”.
Asimismo, se plantea agregar precisiones en cuanto a las materias que deben ya incluirse en los planes de estudio de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Modificaciones a la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas
Los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) propusieron una modificación a la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas para eliminar algunos de los requisitos que se establecen en ella para quienes busquen ser parte de este organismo.
El cambio busca cumplir con una disposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecida a través de una demanda de acción de inconstitucionalidad, y en la que se considera que deben quitarse varios elementos de esta ley para evitar discriminar a los aspirantes a estos puestos.
La Comisión de Derechos Humanos señala que en estos momentos hay una discriminación hacia “las personas que ya han cumplido su sanción después de haber sido sentenciadas por un delito, o bien, inhabilitadas para ocupar un cargo público. Dichas disposiciones estigmatizan a las personas y les impiden ejercer un cargo público, a pesar de que, se insiste, ya han cumplido la pena impuesta”.
Asimismo, se plantea modificar los artículos transitorios de esta legislación para ajustar los tiempos de su puesta en operación a los del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, los cuales fueron recientemente cambiados a consecuencia de la emergencia sanitaria.
LNY/Redacción
