En Zacatecas sí se combate el secuestro, pero…
IVÁN ARTURO CASAS FIGUEROA
Los hechos violentos ocurridos el fin de semana pasado en nuestro Estado, en los cuales se alcanzó la cifra de 16 personas sin vida y otras tantas más que resultaron heridas, nos enfrenta ante una cruenta realidad que -por cotidiana- se llega incluso al exceso de normalizar, día con día advertimos con indiferencia y naturalidad el incremento de homicidios dolosos, no sólo en nuestra región sino a todo lo largo y ancho del país, México no se enfrenta únicamente ante una pandemia del orden sanitario, enfrenta una más antigua aún, el incremento en el índice de homicidios dolosos cuya tendencia no cesa, es quizá la normalización de este tema tan delicado lo que nos impide recordar que es imperioso, urgente e indispensable atacar el asunto de una manera integral, tanto por parte de las fiscalías estatales pero sobre todo por parte de la Federación.
“Los números son fríos”, típica expresión cuando se pierde la capacidad de análisis de una realidad que, trasladada al contexto de la perdida de vidas humanas, eleva su temperatura. Los números son menos fríos cuando se los intepreta a la luz de un tema tan sensible como lo es el señalado, más aun cuando el contraste con los índices del combate al delito de secuestro deja de manifiesto la frialidad con que se aborda el tema de los homicidios dolosos; en Zacatecas sí se combate de manera puntual al secuestro, no tendría por qué ser distinto con el homicidio.
Si como punto de partida se analiza el informe de labores, rendido el pasado 27 de septiembre de 2020, por el magistrado presidente Arturo Nahle García, en donde se dio cuenta que en el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de septiembre de 2020, en materia penal se dictaron 342 sentencias definitivas, es posible observar que del universo total, el 91.5% resultaron condenatorias, sin embargo, los porcentajes relativos al delito de homicidio en sus diversas modalidades alcanza un preocupante y muy inferior peldaño; pues como proporción mayoritaria se localiza el delito de robo con un 20.7%, en segundo lugar y alcanzando el 16% -que se traducen en 50 sentencias- por delito de secuestro, seguido de los delitos del orden sexual en donde se arribó al 12.7%, inmediatamente y con un 11.8% los delitos de violencia familiar y por debajo de estos, con apenas un 10.8%, se encuentran las sentencias condenatorias por delito de homicidio, y el 24% de manera global por otros delitos como son lesiones, daños, abigeato, abuso de confianza, fraude, etc.
En contraste, de la frialidad de los números se destacan varios temas a considerar, de entre los cuales es factible concluir válidamente que el delito de secuestro se combate en mejor y mayor medida que el delito de homicidio, a pesar que la incidencia del primero de ellos es mucho menor a la del segundo, esto es, de acuerdo a información proporcionada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2019 se cometieron un total de 47 secuestros y 510 homicidios, mientras que en el periodo de enero a agosto de 2020, se han perpetrado 26 secuestros y 473 homicidios, a pesar del número diferenciado de incidencia, se tiene que el porcentaje de sentencias condenatorias por el delito de secuestro es de 16% mientras el de homicidio es solo 10.8%, es decir, 50 sentencias por secuestro entre tanto solo 34 de homicidio doloso.
En contraste, de la frialidad de los números se destacan varios temas a considerar, de entre los cuales es factible concluir válidamente que el delito de secuestro se combate un mejor y mayor medida que el delito de homicidio, a pesar que la incidencia del primero de ellos es mucho menor a la del segundo, esto es, de acuerdo a información proporcionada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2019 se cometieron un total de 47 secuestros y 510 homicidios, mientras que en el periodo de enero a agosto de dos mil veinte, se han perpetrado 26 secuestros y 473 homicidios, a pesar del número diferenciado de incidencia, se tiene que el porcentaje de sentencias condenatorias por el delito de secuestro es de 16% mientras el de homicidio es solo 10.8%, es decir, 50 sentencias por secuestro entre tanto solo 34 de homicidio doloso.
La gran diferencia de efectividad y eficiencia ante uno y otro delito se decanta sin duda en gran medida por la acertada e inteligente decisión que tomó el fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas al haber designado a Carlos Valdivia Meraz como fiscal antisecuestro, este funcionario público con vasta experiencia en la materia, hasta un día antes de su designación se desempeñó como parte de la Coordinación Nacional Antisecuestro, por sus siglas Conase, sin dejar de mencionar su carrera de trece años dentro de la entonces Policía Federal.
Es importante sin duda que tanto el titular del área de antisecuestros como el de la unidad especializada en investigación de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo sean de extracción federal, al ser ambos de aquellos que laceran muy sensiblemente el tejido social y su impacto alcanza grandes escalas, sostengo lo anterior desde tiempo atrás ante la malograda y desafortunada reforma a la Ley General de Salud del 20 de agosto de 2009, asimismo considero que en estos momentos el delito de secuestro también debería ser competencia de las autoridades federales, tal vez desde esa perspectiva se pueda entender la diferencia de los casi seis puntos porcentuales entre las sentencias dictadas por delito de secuestro y homicidio. Más allá del disenso expresado y el ámbito competencial en donde considero debe ser ubicado uno y otro delito, es menester enfocarse en el hecho que el delito de homicidio debe enfrentarse y combatirse tal cual se ha venido haciendo con el de secuestro, sobre todo si tomamos en cuenta que se atenta contra el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía.
Desde mi experiencia he podido distinguir dos escenarios respecto a la comisión del delito de homicidio dolosos, el primero, posicionado desde la problemática que genera la coexistencia o convivencia social, en donde la prevención se vuelve imposible, sin embargo, el no poderlo prevenir no significa bajo ningún argumento que no se pueda perseguir; el segundo tipo de homicidio doloso es aquel que deviene ya no de la convivencia social sino de la delincuencia habitual u organizada que en todo caso es material de otro debate.
En relación a la primera clasificación, como dije, la dificultad en su prevención no implica la imposibilidad de su persecución, corresponde pues a las fiscalías especializadas llevar a cabo la investigación científica del hecho para que, con base en ella, se logre la identificación, ubicación y captura de los integrantes de los grupos antisociales que se dedican a la industria sin chimeneas del homicidio en el estado, ciertamente es necesario redoblar esfuerzos para dar una respuesta a la ciudadanía, clave de ello lo es la coordinación real, efectiva y auténtica con las autoridades de la Federación, es necesario celebrar acuerdos que se cumplan, de esos que tienen un impacto tangible en la realidad social y no de aquellos ya tan conocidos que no se convierten sino en papel mojado.
Se conoció recientemente de la reunión que sostuvieron los grupos de coordinación local de Zacatecas con San Luis Potosí, motivada por el constante hallazgo de cuerpos en la zona limítrofe de ambas entidades, y cierto es que no se duda de las buenas intenciones con las que los participantes acuden a este tipo de “convites”, de lo que se duda es de los resultados que arrojan; no es desconocido para todos los que hemos recorrido la carretera Zacatecas – San Luis Potosí, que se trata de una vialidad solitaria en donde la ausencia de elementos de la Guardia Nacional y el tránsito de vehículos con civiles armados es un escenario cotidiano, lo sabemos los de a pie, ¿no lo saben las autoridades?, se necesita investigación, se necesita presencia policiaca, se necesita voluntad, más allá de convenios, acuerdos y compromisos no cumplidos, lo importante es la investigación EFECTIVA, así, con letras mayúsculas.
No es ni será la primera vez que lo sostengo, mis convicciones no son ni serán de temporada otoñal, es preciso que la comunidad sepa, conozca y tenga certeza de lo que se dice y se acuerda en esas reuniones de títulos grandilocuentes pero de tan modestos resultados a efecto de poder exigir, de levantar la voz y cuestionar; si bien se informó que las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno fortalecerían la estrategia conjunta de combate a la delincuencia en sus municipios limítrofes y compartirían información en miras de una adecuada coordinación, ¿Cuál es el resultado actual? ¿Cuáles son las acciones específicas que se tomarán para combatir el delito de homicidio? ¿en qué consiste exactamente el cruce de información de inteligencia? ¿Cuáles son las expectativas a corto, mediano y largo plazo?
Siempre he sostenido que la Fiscalía del estado tiene mucha información y poco personal y la policía federal -hoy Guardia Nacional- tiene mucho personal y poca información, es entonces la voluntad de las autoridades lo que se necesita en este momento, el “como si”, no es necesario disponer de grandes recursos para que, con el que ya se cuenta, se generen acciones que impacten positivamente en el sistema de justicia, que se cruce la información de inteligencia, que se turnen las ordenes de aprehensión, que se giren las ordenes de investigación a la Guardia Nacional y dejen ser una mera figura decorativa, la Guardia Nacional debe realizar funciones de investigación, no es ni descubrimiento ni locura, son prácticas que han caído en desuso por ninguna razón, anteriormente ya lo hacía la Policía Federal conjuntamente con la división de investigación de la Policía Científica, nadie esta descubriendo el hilo negro, son prácticas de antaño que han sido abandonadas por recelos políticos y falta de voluntad, es necesario que las fiscalías, tanto la del Estado como la de la República, se apoyen en la Guardia Nacional, tal como ocurre en la SEIDO en donde se trabaja y siempre se trabajó con la Marina, con la policía federal, con la Sedena, con el Cisen ahora Centro Nacional de Inteligencia, con resultados exitosos.
En suma, el Estado debe girar oficios de investigación a la Guardia Nacional y esta deberá cumplir, de otra manera no se podría entender el motivo por el cual se destacaron a esta localidad el contingente de elementos policiacos, al menos eso fue lo que se informó por parte de la Secretaria de Gobernación y la presidencia de la República, es por eso que insisto, se debe de fortalecer la investigación del delito de homicidio ya que se está haciendo un gran esfuerzo en el tema de secuestro.
