Economía social e inclusiva (parte I)
DAVID MONREAL ÁVILA
Desde una visión gubernamental ética, en donde las autoridades asumen su responsabilidad como la representación democrática de los intereses legítimos del pueblo, el objetivo primordial del crecimiento económico nunca podrá ser la simple rentabilidad económica, por mucho que esto haya sido el parámetro utilizado durante décadas. En realidad, lo más importante es la manera en que este crecimiento industrial y económico se refleja en beneficios y oportunidades en las distintas esferas de la sociedad, es decir, un crecimiento económico que favorezca un desarrollo de base amplia, que sea el pilar de mejores condiciones sociales y que permita una reducción efectiva de la pobreza. Esto es particularmente importante para favorecer una pronta recuperación económica en el actual contexto de la pandemia por COVID-19, que ha afectado a toda la sociedad y con mayor intensidad a los grupos vulnerables.
En su informe La riqueza cambiante de las naciones (2018), el Banco Mundial señala que el PIB por sí solo no es una manera efectiva de medir la riqueza real de los países, y propone una nueva forma de evaluar su progreso económico y sostenibilidad, basada en cuatro parámetros: a) capital natural (como bosques y minerales); b) capital humano (ingresos a lo largo de la vida de una persona); c) capital producido (edificios, infraestructura, etc.); y d) activos extranjeros netos. En términos generales, una de las principales conclusiones de este análisis es que el capital humano es el componente más importante de la riqueza. Por su parte, la ONU destaca como los dos primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el Fin de la pobreza y Hambre cero, reconociendo así que el crecimiento económico no puede ser posible sin la inclusión social y el mejoramiento general de las condiciones de vida de todas las personas.
Los señalamientos de estas instituciones se relacionan de manera estrecha con la economía social, porque ésta es precisamente una de las mejores formas de aprovechar todo nuestro capital humano, incluyendo a los grupos vulnerables, y generar un impacto positivo en las comunidades. Para que el desarrollo del país sea el esperado no se puede dejar a nadie a fuera, y deben tomarse en cuenta todos los grupos sociales incluyendo a los más pobres, además de fomentar la participación de la sociedad civil, porque es imposible lograr avances significativos sin la colaboración de la propia sociedad.
El gobierno debe asumir con responsabilidad y compromiso sus tareas como órgano rector e impulsor de iniciativas que busquen el bien común, pero siempre escuchando las propuestas y alternativas que surgen desde la base social, pues es la propia gente la que mejor conoce las necesidades y recursos de sus comunidades, así como las maneras más efectivas de impulsar la cohesión y participación social, para llevar a cabo estrategias conjuntas que logren un mayor impacto benéfico. De lo contrario, si se pretenden fijar directrices externas que no respondan a las necesidades y fortalezas de cada una de las comunidades, se corre el riesgo de elaborar programas y proyectos destinados al fracaso. Por ello es importante la generación de propuestas bajo un modelo de cuatro hélices: gobierno, industria, academia y sociedad, una colaboración que reúna las fortalezas de cada uno de estos sectores para crear soluciones pertinentes y eficaces.
Al respecto, la economía social se puede definir como el conjunto de acciones que realizan las empresas y cooperativas que buscan una transformación social a través del trabajo colaborativo, dentro de una organización de propiedad y beneficios compartidos para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Para que la actividad económica sea considerada economía social debe cubrir los siguientes puntos básicos: a) democracia en la toma de decisiones; b) propiedad compartida de los recursos; c) distribución equitativa de beneficios entre sus integrantes y d) compromiso social en favor de la comunidad.
Es decir, es un conjunto de prácticas que generan un modo solidario y diferente de hacer economía que puede ser aplicada a cualquier tipo de empresa e industria.
