Justicia para las 54 zacatecanas asesinadas en lo que va de 2020: Gabriela Pinedo
Zacatecas, Zac.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó, de manera urgente, al Poder Judicial y Fiscalía del Estado de Zacatecas a que no queden impunes los 54 asesinatos de mujeres, registrados durante el primer semestre del 2020 y se prevengan otros actos como éstos que han abundado durante el período de la pandemia.
En voz de la diputada petista Gabriela Pinedo Morales, presidenta de la permanente, también se pidió a la Fiscalía “que diseñe un instrumento marco de atención a la violencia de género acorde a la situación actual de violencia y aislamiento social por el que atraviesa la población de Zacatecas, considerando que la violencia doméstica y de género tiene particularidades nuevas ante las medidas sanitarias, donde víctimas y victimarios se ven obligados a permanecer juntos por más tiempo de lo habitual.”
El acuerdo, también firmado por los diputados morenistas Jesús Padilla y Héctor Menchaca precisa que “es urgente, que no pase inadvertida esta triste realidad para el titular del Ejecutivo del Estado, ni para los 58 Presidentes Municipales, y muchos menos, para la Fiscalía General de Justicia de la entidad y para el Poder Judicial del Estado de Zacatecas. En este sentido, y apelando al pleno acceso del derecho humano a vivir en un entorno libre de violencia, derivan una serie de obligaciones positivas a dichas instituciones consistentes en prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.”
También de forma urgente, y a propuesta de la diputada Pinedo y los diputados Padilla y Menchaca, la Asamblea Popular exhortó a la Secretaría del Campo del gobierno estatal, a que en el ámbito de sus atribuciones legales promueva la prohibición del uso del Glifosato en las actividades agrícolas y ganaderas del territorio del Estado de Zacatecas toda vez que está demostrado que es una de las causas de males cancerígenos en humanos, por lo que los países europeos y Norteamérica lo han excluido de su uso.
Los legisladores expusieron un decreto que reforma la Ley de Educación Estatal para agregar en el Artículo 8 que “al ser un derecho fundamental y humano de la primera infancia, que va desde el nacimiento y hasta los tres años de edad, las autoridades educativas federales, estatales y municipales, están obligadas a garantizar a los titulares de este derecho, la cobertura en todos los contexto, el acceso oportuno y la permanencia escolar, en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discriminación, por ser una etapa crucial para el desarrollo neuronal, físico, psicológico, psicomotriz y socioemocional de la primera infancia” e incluir en el Artículo 13 el “intangibilidad de la dignidad humana” que como mandato Constitucional para que las personas reciban protección a todos sus derechos y no sean tratadas como cosas.
LNY/Redacción
