Un golpe de realidad
LUCÍA LAGUNES HUERTA
Cuando parece que nada puede estar peor, la realidad nos golpea la cara. Así es como se siente el crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, asesinada el pasado 30 de marzo en el municipio de Papantla, Veracruz.
Ante la emergencia nacional y mundial que enfrentamos por la pandemia, se nos había olvidado que vivimos en el país más peligroso para ejercer el periodismo.
Desde el primero de diciembre de 2018 y hasta el 15 de marzo de 2020 habían ocurrido 196 atentados contra las periodistas y dos casos de feminicidio de reporteras Norma Sarabia Zarduza (Tabasco) y Mara Elizabeth Mares de la O (Aguascalientes).
Las dimensiones de la crisis de salud y económica, habían opacado esta realidad, la cual supera ya lo ocurrido durante el sexenio del Felipe Calderón.
El crimen de María Elena movilizó rápidamente a las y los periodistas de Veracruz y del país, hartos de los atentados y crímenes que ocurren en lo que hasta el día de hoy sigue siendo la entidad más mortífera para las periodistas.
La exigencia de justicia y alto a los atentados contra periodistas vino de todos lados, tanto nacional como internacional. Hay que recordar que tras el feminicidio de la corresponsal del diario de Xalapa y fundadora del portar digital Quinto Poder, existe una historia de atentados de personajes poderosos del estado de Veracruz, desde 2016 por el trabajo que realizaba, María Elena había sido intimidada y amenazada en varias ocasiones.
Lo que nos recuerda este terrible crimen es que las fuerzas políticas que se sienten amenazadas por la tarea periodística independiente siguen vivas en la entidad.
18 días antes del crimen de la reportera María Elena Ferral, se habían registrado en el municipio dos atentados hacia otras compañeras periodistas, uno de ellos con arma blanca en contra de Mireya Ulloa Valencia, de “La Opinión de Poza Rica”; y otro contra Tita Serrano Pérez, directora del periódico “Cuarto Poder”, en Poza Rica, Veracruz. Esto no puede ser coincidencia.
Se pensó que con el fin del gobierno de Duarte se acabaría en Veracruz la persecución y hostigamiento contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, sin embargo, vemos que más allá de quién ocupa la gubernatura en la entidad, hay otros intereses que trascienden.
Más allá de buenas voluntades que pudieran existir, lo cierto es que esta realidad de violencia contra el gremio es un mal que sigue latente en nuestro país, que evidencia la debilidad de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, que hoy además de contar con muchas más personas bajo su cobijo, sigue siendo reactivo y lejos está de contar con estrategias de prevención, pues para ello, necesita un respaldo político que no tiene.
Ejemplo de ello, es la nula presencia del Subsecretario de Derechos Humanos en las juntas de gobierno del Mecanismo, las únicas veces que estuvo presente fue cuando se presentó como subsecretario y después cuando presentó al actual titular del Mecanismo.
A esto se suma la poca acción de la justicia para sancionar los atentados y crímenes contra periodistas, la negativa permanente de la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, para atraer los casos e investigarlos.
El crimen de la periodista María Elena Ferral debe ser investigado diligentemente, siguiendo como línea principal su trabajo periodístico y bajo una perspectiva de género, con la guía del protocolo de investigación homologado con el que cuenta la FEADLE.
Si bien la emergencia nacional de la pandemia del COVID-19 se coloca en el primer plano hoy en día, debemos tener cuidado para no perder de vista las otras pandemias que laceran a nuestro país como son los atentados a la libertad de expresión y a la labor periodística. Tenerlos presentes ayuda a evitar los excesos autoritarios que han ocurrido en otros países, bajo el pretexto del COVID -19.
Aunque parece que el mundo se detuvo, estos golpes de realidad nos recuerdan que hay situaciones que no se han detenido ni que desaparecerán mágicamente y uno de ellos es generar las condiciones democráticas para que el periodismo crítico siga viviendo en libertad y seguridad.
