Ernestina Ascencio, la vergüenza de la impunidad
LUCÍA LAGUNES HUERTA
13 años después la verdad se corrobora. Existió una colusión entre el gobierno federal, el gobierno de Veracruz, la procuraduría estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ocultar la violación sexual cometida por militares en contra de la ciudadana indígena náhuatl, Ernestina Ascencio Rosario.
En medio de una ola de indignación feminista, a días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Paro Nacional de mujeres, la complicidad de los hombres del poder queda descubierta.
Esta colusión tiene nombre y apellidos que vale la pena nombrar porque en algunos casos, de manera oportunista, se quieren subir a un movimiento que no les pertenece.
¿Quiénes son? Felipe Calderón Hinojosa (ex presidente), Fidel Herrera Beltrán (ex gobernador de Veracruz), Emeterio López (ex procurador de Veracruz), Juan Carlos Alatriste (ex fiscal especial del estado), Guillermo Galván ( ex Secretario de la Defensa Nacional y José Luis Soberanes, ex titular de la CNDH.
Hombres con deber público que usaron a las instituciones y al Estado para pasar por encima del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.
13 años también de la persistencia del médico forense Juan Pablo Mendizábal quien sostuvo, en todo este tiempo, que la muerte de doña Ernestina era producto de la agresión sexual sufrida.
Ernestina Ascencio Rosario no murió de anemia, ni por gastritis como dijo Calderón en 2007, tampoco existió una contaminación de las muestras como dijo la procuraduría estatal y sostuvo José Luis Soberanes, ombudsman en ese entonces; tampoco existieron delincuentes vestidos de militares como dijo la Secretaría de la Defensa Nacional.
No, lo que si existió fueron las alianzas masculinas para proteger a los violadores y a una institución por encima de los derechos de una mujer.
Lo que tenemos hoy es la certeza que el entones presidente Calderón faltó a su juramento de hacer respetar la Constitución y las leyes, así como todos los funcionarios que por interés político o económico decidieron engañar a la población.
¿Qué viene ahora? ¿el castigo a los responsables de la mentira? ¿el juicio contra los militares violadores? ¿la inhabilitación, las medidas de no repetición? ¿qué?
Esta es una muestra más de lo que hoy tiene en la calle a las mujeres, por lo que pintan, rompen y gritan, porque el Estado mexicano ha fallado en su deber de garantizar la igualdad, el cumplimiento de la Ley, de sancionar a quienes agreden a las mujeres y ha dejado que la impunidad galope con rienda suelta.
La oportunidad de no hacer lo mismo que en el pasado la tiene hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que la tome y que cambie el rumbo de la historia a favor de los Derechos Humanos de las mujeres.
