De la UNAM, a la Fiscalía General
LUCÍA LAGUNES HUERTA
Nuevamente las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres están en el centro del debate y la reflexión desde dos ámbitos nodales para la vida democrática de nuestro país: la justicia, y la creación de conocimientos y saberes.
Por un lado, nuestra querida UNAM que no termina de encontrar el camino para salir del marasmo de la violencia; y por el otro, la obscena propuesta de la Fiscalía General, al intentar modificar el tipo penal de feminicidio.
Pareciera que no termina de entenderse que los avances logrados en materia de protección a la vida y la integridad de las mujeres no tiene retroceso, porque hay una alerta de las mujeres para evitar cualquier intento conservador del pasado.
Vayamos por pasos
Lo que hoy ocurre en la UNAM no es nuevo o de reciente manifestación, es un malestar que se ha ido gestando a lo largo de los años. Las primeras denuncias de violencia contra las mujeres se hicieron públicas en el año 1988, en el marco de la huelga universitaria por la defensa de la gratuidad.
Fue precisamente en el Congreso Universitario de entonces, que las estudiantes y docentes colocaron en el centro de la discusión del modelo de universidad que se quería, la desigualdad y la violencia que vivían tanto trabajadoras como estudiantes. La respuesta de entonces fue la cerrazón.
Lo que se reveló entonces en esa época es que en el campus universitario ocurría una violación cada día. Es decir, los datos estuvieron ahí de manera pública, lo que no encontraron fueron los oídos de autoridades y de la comunidad universitaria que escucharan y tomaran acción, y hoy tenemos lo que estamos viendo.
Nuevamente tenemos las escenas que traen al escenario público la violencia que se vive en la UNAM, y hay que cuidar muchísimo el no estigmatizar el movimiento de las estudiantes ni desviar la atención del centro nodal que es la violencia contra las mujeres.
Sin duda que la lucha que están haciendo las universitarias es legítima, porque tienen la razón de su parte.
Estamos hablando de tres décadas, por lo menos, de denuncia pública sobre la violencia contra las mujeres en la UNAM. Lo que vemos hoy tiene sus antecedentes en esta movilización estudiantil de los años ochenta, pues es en este lapso que las académicas realizaron estudios sobre lo que ocurría en la Universidad, y las sindicalistas feministas impulsaron algunas acciones gremiales para erradicar la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
Otro punto clave se dio el año pasado en el mes de marzo durante el movimiento #MeToo. Recordemos el #MeTooAcadémicos y #MetooUNAM, que en seis días concentraron casi 500 denuncias entre ambos.
Tan sólo el que se refirió al sector académico reunió 350 denuncias, de las cuales, 130 estaban dentro de la UNAM. En el #MetooUNAM 20 centros educativos entre CCH, Facultades e Institutos de Investigación, fueron señalados como espacios violentos para las mujeres. La FES Acatlán, Ciencias Políticas y Filosofía estaban en los primeros lugares por el número de denuncias. Es decir, no son hechos aislados, es un sistema histórico que reproduce la violencia contra las mujeres.
Además de las denuncias públicas, las alumnas han manifestado su rechazo a la funcionalidad del “Protocolo para la atención de casos de violencia de género”, implementado en la máxima casa de estudios en agosto de 2016, porque las revictimiza y permite la impunidad.
Desde su puesta en marcha, las alumnas señalaron que se protegía a los agresores y se hostigaba a las docentes que acompañaban las denuncias de las estudiantes.
Lo que hoy se está debatiendo en la UNAM es el modelo educativo, que no es sólo las currículas académicas, sino la integralidad, es decir, la convivencia cotidiana en la que alumnas y trabajadoras administrativas y docentes están desarrollando sus actividades.
No sólo se quiere una o dos materias con perspectiva de género, o materias optativas, o algunos centros de investigación, o algunas sanciones a los agresores, lo que se busca es sin duda un giro de 360 grados, muy parecido a lo que se discutió en aquel Congreso Universitario de los ochenta que no incluyó la desigualdad y la violencia contra las mujeres.
Lo que estamos viendo es que las alumnas no están dispuestas a que sus denuncias sean minimizadas o sólo consideradas cuando ciertos actos violentos toman relevancia. Lo que no quieren es más simulación.
El rector dijo el miércoles que se construye la universidad que se quiere, y en ese rediseño las mujeres quieren estar presentes con voz y voto.
Efectivamente ellas no quieren esperar más porque ya esperaron por lo menos 30 años, y la espera no ha sido con los brazos cruzados. Ellas han empujado las opciones PARA ERRADICAR todo tipo de violencia contra las mujeres en todo el sistema educativo. No hay que echar más leña al fuego.
Como si esta crisis no fuera ya suficiente, la Fiscalía General de la República abrió otro frente al colocar la posibilidad de la modificación del tipo penal de feminicidio. La lluvia de pronunciamientos en contra de esta iniciativa, están a la orden del día.
Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Seguridad Justicia y Paz, las Comisiones de Igualdad de la Cámara de Diputados y del Senado de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres, han dicho que NO hay un paso atrás en lo ya ganado, porque les asiste la razón, porque además es una resolución de la Suprema Corte, quien en 2016 determinó que es INCONSTITUCIONAL que se establezca como agravante del homicidio el sexo de la víctima y que es fundamental considerar la privación de la vida por razones de género ya que esto implica la obligación del Estado.
Pero además el Comité de expertas de la CEDAW, conminó al Estado Mexicano a garantizar los derechos de las mujeres mediante una ley penal general.
En la discusión del sistema de justicia que requiere México, las mujeres están presentes y activas.
¿Qué es lo que les toca a las autoridades? Revisar la historia, escuchar activamente a las mujeres que están demandando acciones, y actuar.
