Hay que derribar a la impunidad y pedir justicia a los crímenes
SARA LOVERA
¿Cuántos crímenes en México quedan en la impunidad? Miles. Y tras esa falta de justicia, es posible que esté, además de un sistema viciado y enredado, los intereses que se forjan en grupos de interés, de toda clase, en las comunidades, los municipios, los estados y las altas jerarquías.
La impunidad en el derecho internacional de los derechos humanos, se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas.
La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, países que sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades. Las víctimas en este sistema frecuentemente son revictimizadas.
Este es el caso del asesinato de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, jefa del departamento de Comunicación Social Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado de Oaxaca. Ella, en una clara violación al proceso electoral, fue enviada a la ciudad de Juchitán de Zaragoza desde finales del mes de abril de 2018 por el titular de esa dependencia, Francisco Javier Montero López, para apoyar la campaña política de su hermano a la primera concejalía del ese Ayuntamiento, Hageo Montero López, donde claramente se usaron los recursos públicos.
El crimen hasta ahora impune, tras 4 meses desde que ocurrió (2 de junio de 2018), forma parte, dirán, de las condiciones generales de violencia que en México han originado 40 mil desapariciones, miles de muertos y muertas, mujeres hostigadas y asesinadas, sin que actúe la justicia. Más de 150 ocurridos en el proceso electoral.
La pregunta es si ello tiene que aceptarse. El caso, donde la familia de la fotógrafa, especialmente su madre, ha ido y venido a decenas de reuniones con la fiscalía, para mostrar asuntos verdaderamente ofensivos: que María del Sol existió, que vivía en Oaxaca, que fue enviada bajo amenaza de perder su empleo, que tenía sus instrumentos de trabajo con ella –desaparecidos-, que se encontraba en el lugar donde fue acribillada, junto con la candidata a segunda concejala de la coalición Todos por México, Pamela Terán Pineda, y su chofer, Adelfo Guerra Jiménez.
Existen testigos, una historia inenarrable sobre el proceso electoral en Juchitán de Zaragoza, donde en los despachos de la Fiscalía, se opina que la madre de Ma. del Sol Cruz Jarquín, tendría que esperar, “tener paciencia”, estar durante largas jornadas esperando a que algo suceda, y recibe como informes, incongruencias, no investigación, a pesar de que hay videos, circunstancias, historia, e intereses inconfesables para defender al ex Secretario de Asuntos Indígenas, quien no recibe reconvención alguna.
Tampoco entre las autoridades electorales, porque enviarla para apoyar a un candidato, sin ser parte, sin tener interés, sin su anuencia, forzada por su jefe, eso que es absoluta corrupción, es para esas autoridades una cosa menor. Una amiga, especialista en procesos electorales, dice que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (FEPADE) no tiene dientes y que los delitos electorales se consideran cosa menor.
La tarde del lunes 8 de octubre, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, con argumentos de los Magistrados Miguel Ángel Carballido Díaz, Víctor Manuel Jiménez Viloria y Wilfrido López Vásquez, aprobó por unanimidad dar vista al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que determine sanciones al ex secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López y multar con 20 mil pesos al entonces candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-PNA), Hageo Montero López.
Así hablan de justicia los integrantes del Tribunal, de esa manera calibran los hechos que desencadenaron el asesinato de la joven fotógrafa; insensibles, miserables, fuera de toda lógica, un asunto tan grave no los conmueve. Es como si viviéramos en un mundo imposible, donde los intereses están por encima de las vidas humanas. Cómo es que resolvió que el ex secretario de Asuntos Indígenas, debe ser sancionado, -quien sabe a que se refieren- este hombre vive tranquilo, sigue mandando en la dependencia donde renunció, pero, ojo no se ha nombrado un sustituto. El gobernador Murat no lo sancionó, ante la evidencia,y ahora resulta que se da esta resolución que lo obliga, tras 4 meses del crimen. Se trata de la resolución PES/32/2018.
En su calidad de mamá de María del Sol Cruz Jarquín, la periodista Soledad Jarquín Edgar preguntó a los magistrados si ellos estarían de acuerdo con una resolución que exime a los partidos políticos PRI, PVEM y PNA y determina una multa de poca monta, sí una de las víctimas del 2 de junio hubiera sido una de sus hijas.
En Oaxaca hay muchas madres reclamando la impunidad del asesinato de sus hijas, ya sea en razón de género o víctimas, como Ma. del Sol, de otros intereses que la autoridad pasa de largo, le son indiferentes, no ve ni oye.
Esta resolución será impugnada. Pero su sola publicación anuncia de qué tamaño es la actitud limitada y pedestre de los magistrados. Este hecho me recuerda los dolores que hemos vivido por años. Me recuerda cómo durante varias décadas las mujeres de Eureka que encabezó Rosario Ibarra de Piedra, buscaron justicia para sus hijos e hijas.
Me recuerda la crueldad de un entramado donde no se investiga, donde quien sufre el oprobio tiene que enfrentar a unas autoridades policiales y judiciales que no hacen su trabajo, teniendo las pruebas frente a sus ojos.
Al lado de estos hechos, tampoco tiene la sociedad fuerza real para provocar la justicia. Son tantos los casos, que las instancias sociales de defensa de los Derechos Humanos, también son enredadas en un enorme edificio burocrático y hostil; juicios de años, expedientes acumulados en mesas de trámite, absurdos y repetidos amparos que levantan los criminales, justificaciones sistemáticas para impedir la justicias.
Ahí están los crímenes como éste. Haciendo estragos nuestros corazones. ¿Y eso cambiará pronto? Pues en Oaxaca, apenas el sábado pasado, las víctimas de toda clase de crímenes y atropellos fueron reunidas por los operadores del gobierno electo, el que ha prometido paz y concordia a partir del primero de diciembre de 2018. Y ahí las madres, en ese Foro Escucha, oyéndose a sí mismas, desahogando sus penas, en una masa informe, donde lo que importa es llamar a la prensa, para que anote que se las está escuchando.
En el foro el invitado principal fue un “monseñor” recién ungido por la jerarquía eclesiástica, como arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, quien habló como desde el púlpito, llamando a la no venganza, la respuesta fue tremenda. Y ahí también habló el oaxaqueño Adelfo Regino Montes, futuro titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, recordado en estos lares por ser opositor a la igualdad entre hombres y mujeres e impedir la paridad electoral en los pueblos originarios. O sea, como dijeran las madres, se trata de una de las acciones de “simulación”, más dolorosas, en esta región donde hay poderes fácticos en la zona del Istmo, intocables y con los que ya se hacen “acuerdos”, mientras la impunidad está ahí, como una águila todo poderosa.
La reconciliación es una palabra que hiere y no puede estar por encima de la justicia concreta, la reparación, la investigación de los crímenes, que como el de Sol se evaden, por vaya usted a saber qué intereses oscuros y conocidos.
Además en Oaxaca, lo que no puede admitirse es el silencio. No al silencio. Seguimos.
