Policías únicamente un eslabón más en combate a delincuencia
IVÁN CASAS
Aunque el problema de delincuencia y su incremento en los últimos años es asociado a diversos fenómenos y carencias sociales, es importante detectar cuales son las causales primarias, no obstante, y quizá primordial es, encontrar la estrategia para combatirla, teniendo como punto de partida que las policías y fiscalías son sólo un eslabón en el combate a ese flagelo.
El aumento del índice delictivo es una consecuencia cuya solución no radica únicamente en incrementar las filas de las corporaciones de seguridad, tanto el Gobierno del Estado como el de los municipios, tiene que echar mano de cada una de las dependencias con las que cuentan.
Dependencias como la Secretaria de Gobierno, Desarrollo Urbano Vivienda y Orden Territorial, Desarrollo Social, Infraestructura, Salud, Educación, Secretaria de las Mujeres, DIF, entre otras, no sólo tienen la obligación de cumplir sus funciones y coadyuvar en las acciones de mejora social, sino que deben colaborar en la elaboración de un diagnóstico integral que los guíe a encontrar las herramientas en el combate al delito.
Dicha colaboración debería arrojar un diagnóstico efectivo que muestre una radiografía actual, clara y precisa de la situación económica, social, laboral, educativa, culturales y recreativas, en que se encuentran los habitantes de determinado territorio, incluido uno de los sectores más vulnerables, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIS).
Es aquí donde surge la interrogante, ¿cuánto NINIS hay en Zacateca?; si no estudian ni trabajan ¿dónde están?, ¿con quién?, ¿qué están haciendo?, ¿a dónde se fueron?, ¿qué van hacer?, ¿Cuál es su futuro?
Aunque el garantizar seguridad a sus ciudadanos es obligación del estado, este se ha visto rebasado y debe buscarse una solución integral.
Mucho se ha dicho de la responsabilidad de los padres en la educación y formación de sus hijos y eso es indiscutible, sin embargo, el problema se vuelve mayúsculo si observamos que muchos de los adolescentes infractores no cuentan con tutores o bien provienen de familias disfuncionales, donde los mismos padres de familia son víctimas de la pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y educación.
En un país como México en donde la mayor parte de la población vive una situación económica critica, difícilmente el panorama para estos jóvenes podrá cambiar, no solo se encuentran inmersos en un contexto de violencia, sino de falta de oportunidades que los conduzca a buscar una mejor calidad de vida.
De ahí parte la idea de que poco sirve a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado, esforzarse y hacer su trabajo, e incluso sigan metiendo gente a la cárcel y se sigan cobrando vidas, si el fenómeno delincuencial no se ataca de raíz.
Si esta problemática no se ataca de todas las aristas posibles, esto se convierte en un cuento de nunca acabar, de no generar oportunidades, esos miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, seguirán siendo una presa fácil para la delincuencia.
Es importante contener a la delincuencia con acciones operativas e inmediatas, pero no es suficiente se deben abrir varios frentes.
Antes de preocuparnos por aplicar los códigos penales estatal y federal, de enfocarse en la detención de más personas por la comisión de diversos delitos, se debe trabajar para prevenir y que los centros penitenciarios del Estado no se saturen.
Nadie ha dicho que esto sea fácil, no obstante, gran parte de la solución está en hacer que se cumpla cabalmente con la Ley de Estatal de los Derechos de los Niños, Las Niñas y los Adolescentes, y que se materialicen los principales derechos que contiene.
El derecho a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a alcanzar un sano desarrollo, el derecho de ser protegidos de todo tipo de peligros y a una vida libre de violencia, derecho a la identidad, a vivir en familia, a la salud, acceso a la educación y la capacitación para el trabajo, al descanso, al juego, derecho de libertad de pensamiento y de la libertad a una cultura propia e incluso el derecho a ser protegidos de injerencias arbitrarias, son los que deben materializarse y hacerse cumplir.
El Estado y los municipios tienen a su cargo la función de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes de manera distribuida, estableciendo los convenios que sean necesarios para que dicha función se cumpla de conformidad con los principios de federalismo, dela descentralización y de la participación de la sociedad en su conjunto.
