Claveles Verdes: 2017: un revés en la agenda LGBT+
HERACLIO CASTILLO VELÁZQUEZ
El año que está a punto de concluir significó para Zacatecas poner en la agenda pública los derechos la comunidad LGBT+, pero tengo la impresión de que han sido más los retrocesos no solo en la entidad, sino a nivel nacional.
Desde este espacio hemos dado seguimiento a la lucha de una comunidad que ha permanecido rezagada en materia de derechos humanos y cómo las instituciones prefieren evadir su responsabilidad para también evitar el “costo político” de coincidir con esta causa, aunque hablar de costo político es hacerles el favor cuando en la práctica más bien dan muestra de que anteponen prejuicios basados en una ideología personal por encima de un acto de justicia al reconocer derechos hasta ahora reservados para la heterosexualidad.
Fue en julio de este año, en el marco de la Marcha del Orgullo LGBT+ cuando la diputada local perredista María Elena Ortega anunció que desde la 62 Legislatura impulsaría una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de Zacatecas que permitiera la unión civil entre personas del mismo sexo. En ese entonces, la exigencia se perdió entre la algarabía y la marcha fue “carnaval y putería”, parafraseando al diputado federal priísta Benjamín Medrano Quezada.
La marcha fue la antesala para caldear los ánimos en un Zacatecas “moralino” (cobijados por el Frente Nacional por la Familia y su santa patrona, la diputada panista Lorena Oropeza) que desde la clandestinidad tejió sus redes para evitar que la iniciativa, presentada en agosto por la misma legisladora, fuera dictaminada por las comisiones unidas de Seguridad Pública y Justicia y Derechos Humanos.
Llegamos a diciembre, tres meses después de vencido el plazo legal para dictaminar una iniciativa, y nunca se vio voluntad de los diputados siquiera de asistir a la sesión de las comisiones, excepto por María Elena Ortega, Geovanna Bañuelos y Luis Medina Lizalde. Los demás ni siquiera se tomaron la molestia de justificar su ausencia.
Mientras esto pasaba, diversos colectivos a favor de la iniciativa dieron la cara para defender una lucha que ya han ganado otras 12 entidades federativas, con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano de justicia en el país que ha instruido a las 32 legislaturas locales armonizar su respectiva legislación y ampliar la cobertura y protección legal que ofrece el matrimonio civil a fin de integrar a la comunidad LGBT+ en el acceso a los derechos que se derivan de este contrato.
La lucha no ha sido sencilla. Dar la cara frente a una sociedad que juzga lo que desconoce ha implicado estar a expensas del ataque hacia la propia persona, excediendo los límites de la libertad de expresión. Pero el periodo ordinario en la 62 Legislatura concluyó sin que la iniciativa prosperara, muchos sospechan que por instrucciones del gobernador Alejandro Tello Cristerna (a mí no me consta), quien no ha atendido la recomendación (o jalón de orejas) del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Así pues, la comunidad LGBT+ que también vota, paga impuestos y aporta al desarrollo y la economía de Zacatecas parece no tener relevancia para nuestros representantes populares.
Situación similar viven en Nuevo León, aunque en ese caso los legisladores de aquella entidad están a un paso de ser vinculados a proceso penal por desacato de una orden de la SCJN. Zacatecas bien podría tener el deshonroso segundo lugar entre las entidades que se niegan a garantizar los derechos humanos para una minoría como lo es la comunidad LGBT+, aunque todavía hay esperanza si se piensa que muchos de los actuales diputados locales buscarán otro escaño político y abandonarán sus cargos en el Congreso del Estado.
Sin embargo, la espera sigue y mientras tanto, desde el Instituto Nacional Electoral (INE) los consejeros Jaime Rivera y Benito Nacif dieron un nuevo revés para la comunidad LGBT+ en el país, especialmente para la población trans*, al limitar el acceso al voto para este grupo con el argumento de que podría prestarse a “suplantación de identidad”.
Sospecho que al restringir este derecho, además de las obvias implicaciones discriminatorias, se estaría impidiendo el voto a favor de algunos partidos políticos que han abanderado causas para esta comunidad, aunque este proceso electoral resulta aún más preocupante si consideramos las alianzas de dichos institutos políticos con otros totalmente opuestos y que abiertamente se rehúsan a proteger los derechos de la comunidad LGBT+
Una luz en el tema quizá fue la iniciativa del diputado federal Benjamín Medrano, quien recientemente propuso tipificar la discriminación por identidad sexual, con lo cual se estaría incluyendo también la protección de la comunidad trans* en el país. Y aún sigue pendiente el dictamen sobre la propuesta para incluir en el Código Penal los crímenes de odio, los cuales siguen lastimando a la comunidad LGBT+ especialmente en el estado de Puebla.
En definitiva, la comunidad LGBT+ en Zacatecas cierra el 2017 con gran incertidumbre sobre la protección de sus derechos. La iniciativa del matrimonio civil igualitario es tan solo una pequeña parte de lo que ya han logrado otras entidades desde hace varios años. Si el lema de este gobierno es trabajar diferente, que se vea en los hechos. De lo contrario, pensaremos que no hay diferencia con gobiernos anteriores al ignorar los derechos de una comunidad con la que han estado en deuda desde siempre.
Desde este espacio quiero desear a mis lectores una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Ojalá que el 2018 nos traiga una sociedad más justa para todos. Nos leemos en enero próximo.
