Zacatecas y la Ley de Seguridad Interior
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
La eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior, en trámite legislativo dentro del Congreso de la Unión, mantiene un vínculo estrecho con Zacatecas. Y no necesariamente porque quien resguarda y defiende el dictamen de ley propuesto por el Gobierno Federal, sea el zacatecano Francisco Escobedo, a quien no se le ha visto en su propio estado dando a conocer los pormenores de una ley que mueve fibras sensibles de nuestro país.
Probablemente -o no-, en algún momento próximo, el diputado federal le explique a la población zacatecana por qué defiende con recelo una ley que distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos -entre los que se encuentran la propia Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y la asociación Robert F. Kennedy Human Rights- han calificado como una amenaza abierta a las garantías individuales de la sociedad mexicana.
Por el momento, y sin información alguna que el legislador difunda localmente, se sabe que la Ley de Seguridad Interior en ciernes dota a las Fuerzas Armadas de atribuciones para intervenir en asuntos de seguridad pública “de forma permanente y en cualquier lugar del país”. Esto significa que la Marina Armada de México, y el Ejército Mexicano, podrán hacer las veces de policías municipales, estatales, federales, y de investigación, cuando así lo crean conveniente y sin necesidad de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Como tal, dicha “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”, se entiende, es el mecanismo por excelencia para que el Gobierno Federal tome el control total, y ponga en amplio ejercicio (tanto como sus recursos lo permitan) el monopolio de la fuerza, si considera que existen “amenazas” a la “seguridad interior” o si “se comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderlas, o se originen por falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional”.
En términos más simples: la Declaratoria procederá cuando las instituciones de seguridad federal, estatal y municipal se vean impedidas para enfrentar con plenitud y efectividad las “amenazas” a la seguridad e integridad de las instituciones de gobierno, y el mantenimiento del estado de derecho. Para ello, debemos entender como Seguridad Interior:
“La condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional.”
Ahora bien, el concepto de Seguridad Interior tiene dos grandes definiciones: la que corresponde el legítimo uso de la fuerza, que pretende resolverse manteniendo al Ejército en las calles, ya que las distintas policías (o la fuerza civil) han mostrado su amplio grado de vulnerabilidad y penetración por los intereses del crimen organizado.
Y una segunda vertiente, que tiene que ver con cómo las instituciones del Estado mexicano garantizan el “mantenimiento” del estado de derecho para “salvaguardar la permanencia y continuidad” de sus gobiernos. Es decir, cómo el Estado mexicano lucha en contra de la penetración de los intereses de las bandas delictivas en las instituciones civiles. En ese callejón sólo existe una salida: la lucha contra la corrupción, gran ausente en la discusión de la Ley de Seguridad Interior.
Precisamente hace un mes, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes estadounidense el estudio “Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río” donde se explica a detalle, y con una rigurosa metodología de investigación, cómo el poder del narcotráfico propició controles efectivos sobre las instituciones de gobierno en el estado vecino.
El documento que analiza los juicios contra ex integrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San Antonio y Del Río, Texas -procesos se realizaron entre 2013 y 2016- hoy debe de ser materia de estudio de cualquier universidad que se jacte de hacer estudios sobre sociología política, ciencia política y seguridad nacional.
La investigación ofrece los insumos necesarios para comprender por qué en México cualquier intento por legalizar y legitimar la permanencia de las Fuerzas Armadas como suplentes de las fuerzas civiles para tareas de contención y enfrentamiento, a mediano plazo llevarán al Ejército y la Marina a una correlación de fuerzas e intereses propicia al desgaste y pérdida de confianza, debido a que ante la ausencia de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, la fuerza no suplantará en ningún momento al carente estado de derecho.
Por ahora, en Zacatecas ya existe una primera petición para emitir una declaratoria de “estado de excepción”. La propuesta presentada por la diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, sería una de las primeras en estrenar el nuevo modelo de Seguridad Interior.
Twitter: @GabrielConV
