Aprobada en Zacatecas la Ley de asociaciones público privadas; oposición va en contra
Zacatecas, Zac.- Los diputados asistentes aprobaron con 20 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, el dictamen presentado por la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante la cual se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Zacatecas.
Los legisladores del PRI, del PVEM, del Panal, del PAN y el diputado Samuel Reveles del Partido del Trabajo avalaron el dictamen, mientras que los de Morena, la diputada por el PT, Geovanna Bañuelos, María Elena Ortega por el PRD y la legisladora de Encuentro Social, Iris Aguirre, emitieron su voto en contra. Además, hubo dos abstenciones, la del perredista Santiago Domínguez y María Guadalupe González Martínez de Morena.
En la ley aprobada, se establece un apartado de infracciones y sanciones, con la finalidad de garantizar el debido cumplimiento de sus disposiciones y la observancia estricta de los principios constitucionales en materia de administración de los recursos públicos.
Una de las primeras intervenciones estuvo a cargo de la legisladora por el Verde Ecologista, Julia Olguín, quien señaló que regular las Asociaciones Público Privadas (APP) “no es privatizar ni endeudar” al estado y añadió que ha sido precisamente esta concepción de la figura jurídica a discusión la que ha provocado que Zacatecas sea la única entidad en el país que aún no cuente con esta legislación.
Destacó, al igual que se hizo en posicionamientos posteriores por parte de los diputados del bloque oficial, que el hecho de que se apruebe esta normativa no implica que se esté promoviendo “en desmedida la creación de Asociaciones Público Privadas porque no todos los proyectos son susceptibles” de entrar a este esquema.
Asimismo, indicó que esta ley está vinculada a la de Disciplina Financiera y a la de Hacienda Municipal para poder controlar la conformación de APP, la cual deberá pasar primero por un proceso de evaluación del proyecto y de diferentes documentos que sirvan para su validación.
Una de las legisladoras que habló en contra del dictamen fue la petista Geovanna Bañuelos, quien recordó que el actual gobernador Alejandro Tello Cristerna, cuando fue secretario de Finanzas al inicio de la pasada administración encabezada por Miguel Alonso Reyes, criticó estas figuras de asociación publico privada y, en concreto, los denominados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
Estas descalificaciones, insistió Bañuelos de la Torre, las hizo derivado de la contratación de una empresa bajo este esquema por parte de la ex gobernadora Amalia García Medina para la construcción de Ciudad Administrativa y el cual motivó la solicitud del mega empréstito de casi 5 mil millones de pesos hace 6 años.
Como respuesta, la diputada por el PVEM, Guadalupe Flores Escobedo, expuso que hay diferencias entre los PPS y las APP, pese a que “vienen de la misma naturaleza, están en el mismo artículo y en la misma ley”.
En ese tenor, apuntó que “en tiempos pasados no se tenían las regulaciones que tenemos ahora, no había disciplina financiera ni transparencia; se podían perder en la corrupción. Hoy las reglas están establecidas” en esta nueva ley.
Por su parte, el diputado tricolor Carlos Peña Badillo consideró que el dar su respaldo a esta ley “no es una demanda con visión partidista”, sino que la falta de recurso público para atender las exigencias ciudadanas es una barrera que busca saltarse con esta normatividad.
Al respecto de la crisis financiera de los gobiernos de los tres niveles a la que aludió Peña Badillo, el legislador por Morena Luis Medina Lizalde agregó que se debe de pensar, primero, por qué se encuentran en estas condiciones económicas las administraciones públicas y que se trata del derroche y la corrupción.
Expuso que la ley de las APP “es el remedio a un mal que aún no se resuelve, es la salida de emergencia de un estado que ha estado en manos de corruptos y que han llevado a las finanzas públicas a una crisis generalizada”.
Recalcó que no está en contra de las Asociaciones Público Privadas en sí mismas, ya que dijo que efectivamente por la situación actual que viven los gobiernos no es viable renunciar a la participación del capital privado.
Sin embargo, insistió en que no es posible que esta legislación que abre la puerta a la entrada de la iniciativa privada en la dotación de servicios y proyectos de inversión se apruebe en un contexto en el que no se ha podido combatir la corrupción en la entidad.
“El estado de Zacatecas no puede procesar ni a un presidente municipal, tiene décadas de pésimos manejos reflejados en la prensa local y nunca hay consecuencias legales”, por lo que hizo un llamado que finalmente no sería tomado en cuenta para que el dictamen regresara a comisiones y pudieran organizarse foros con académicos y empresarios para buscar los mejores mecanismos para regular esta figura jurídica.
LNY/Redacción/LJZ
