Santiago Nieto Castillo: El fiscal electoral incómodo
CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID
El PRI-Gobierno en la última semana realizó acciones que demuestran la incertidumbre y el miedo que tienen por la inminente derrota electoral del 2018. La destitución de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), es un acto de impunidad, trasgrede el ordenamiento jurídico mexicano. Tal destitución es competencia del Senado de la República, quien de manera casi unánime, el 19 de febrero del 2015, le dio el nombramiento como fiscal electoral.
La Fepade es responsable de atender lo relacionado con los delitos electorales, a fin, de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales.
El PRI tiene la urgente necesidad de imponer un fiscal a modo para evitar, a toda costa, que se le castigue por infringir la ley en materia electoral durante el próximo año y no sacar a la luz pública el financiamiento privado de Odebrecht que de manera ilegal recibió Enrique Peña Nieto durante la campaña de 2012, sexenio que se ha caracterizado por la impunidad, corrupción y el incremento de la violencia.
Sin procurador, ni fiscal electoral, ni fiscal anticorrupción, la institución responsable de procurar la justicia en México está en caída libre y en inminente desmantelamiento. Fue el subprocurador, Alberto Elías Beltrán, quien determinó cesar a Nieto Castillo, debido a que supuestamente “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta”; cabe señalar que tal código jamás fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual carece de fuerza normativa.
Nieto Castillo ha manifestado en medios que recibió presiones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien pretendía que lo declarara públicamente inocente por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI en 2012.
El 20 de octubre de 2017, el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó suspensión definitiva a Emilio Lozoya, en el incidente del amparo indirecto 839/2017, para que no se judicialice la carpeta de investigación y, por ende, la (FEPADE) se abstenga de formular imputación en su contra.
Según los medios de comunicación señalan la posible relación de Lozoya con Odebrecht, ya que la filial petroquímica de Odebrecht Braskem señaló en una investigación iniciada en Brasil, que financió la campaña presidencial de 2012, con tres transferencias de 1.5 millones de dólares. A la investigación se han sumado las pruebas documentales que presentaron Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Con lo cual se demuestra que el partido en el poder incurrió en actos de ilegalidad y corrupción para ganar la elección de 2012 y ahora intenta replicar la misma fórmula para el 2018.
Es evidente que el PRI a través del autoritarismo, pretende doblegar, controlar y pervertir, a su modo, a los órganos cuya responsabilidad es establecer de manera imparcial la legalidad de las elecciones.
El extitular de Fepade tenía abiertas diversas carpetas de investigación en contra de exgobernadores priístas. De ahí la sospecha de su destitución en pleno arranque del Proceso Electoral Federal 2017-2018. La impunidad con la que el PRI-Gobierno se está conduciendo ha generado diversas opiniones, las cuales, coinciden en que desde ahora el partido en el poder pretende tener el control absoluto de las instituciones públicas.
Resta esperar la determinación que se dé en el Senado de la República luego de las comparecencias de Santiago Nieto. Los mexicanos somos testigos de la corrupción operante en México. Con lo anteriormente descrito es claro que el PRI regresó al poder haciendo fraude a la ley y hoy requieren necesariamente envilecer las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia electoral. Como prueba de esto, el Tribunal electoral de Coahuila validó la elección a gobernador en Coahuila.
Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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