Urgen reformas para controlar el uso de armas en México: Francisco Murillo
Zacatecas, Zc.- Autoridades de Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invitan a la población a continuar participando en la Campaña de Canje de Armas de Fuego, con la finalidad de reducir los delitos de alto impacto en Zacatecas.
Las muertes accidentales entre niños y adolescentes ocurren con mayor frecuencia en las ciudades donde la portación de armas es admitida, así como la incidencia de suicidios; a ello se suma que en México, seis de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego.
Es por lo anterior que el Ejército Mexicano instaló centros de acopio en las presidencias municipales de Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas, Jerez, Ojocaliente, Juchipila, Jalpa, Joaquín Amaro, Florencia de Benito Juárez, Tabasco, Sain Alto, Valparaíso, Río Grande, Apozol, Huanusco, Tlaltenango, Trancoso, Pinos, Calera y Francisco R. Murguía.
Del 30 de agosto al 11 de octubre, la Sedena recopiló y destruyó 159 armas cortas, 52 armas largas, 62 cargadores, 17 mil 803 cartuchos, cuatro granadas, un lanzagranadas y cuatro armas de aire. Los resultados requirieron de una inversión de 663 mil 497 pesos, derivado de la bonificación que se otorga a los voluntarios.
Los montos que la Sedena paga varían desde los cien hasta los cinco mil pesos, dependiendo del calibre, el estado de utilidad y si son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de México; a su vez, las granadas de fragmentación, instrucción y gas tienen un precio que oscila entre los cien y dos mil 500 pesos.
En México circulan 25 millones de armas de manera legal; 70 por ciento de éstas proceden de Estados Unidos, el 30 por ciento restante se desconoce su origen, aunque los principales países fabricantes son Brasil, España, Israel, Turquía, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Suiza, Rusia y Corea del Sur.
A nivel internacional, México ocupa el tercer puesto en cuanto a muertes originadas por conflictos armados, lo que obliga al Ejército a intensificar la Campaña de Canje de Armas de Fuego, que de 2005 a 2015 recopiló y destruyó un arsenal de 150 mil unidades.
La Comandancia de la Onceava Zona Militar, adscrita a la Sedena, informó que el canje de armas es sin responsabilidad legal; es decir, se respeta el anonimato y no se interroga a los voluntarios sobre el origen de los artículos entregados ni la manera en que fueron adquiridos; esto, para no inhibir la participación ciudadana.
Las armas o artefactos bélicos que no estén contemplados en el listado de la campaña oficial -que son pistolas, rifles, escopetas, carabinas, granadas y municiones- serán sujetas a valoración para determinar el monto del beneficio a entregar, agregó la Onceava Zona Militar.
Importante marco jurídico
El procurador general de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, precisó que es importante disminuir el uso de armas de fuego en la sociedad, a través de reformas legislativas que competen al Congreso de la Unión.
«Se necesita reformar, tal vez, un artículo constitucional, que es el 19. En él se establece cuáles son los delitos donde se va a imponer la prisión preventiva como medida cautelar de forma automática, que son los llamados delitos graves», afirmó.
El artículo 19 de la Constitución Política de México establece que la prisión preventiva se aplica de oficio en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; crímenes en contra de la seguridad nacional, del desarrollo de la personalidad y de la salud.
Dicha ley genera un problema de seguridad nacional, debido a que la portación ilegal de armas de fuego, incluidas las de uso exclusivo del Ejército y la Marina, no es un delito que acredite la prisión preventiva, de tal modo que una gran cantidad de imputados salen nuevamente a las calles, advirtió Murillo Ruiseco.
«Pueden detener a una persona con un AK-47, vulgarmente conocida como un ‘cuerno de chivo’, y, si no tiene un delito conexo, la persona no va a quedarse en prisión preventiva; enfrentará su proceso en libertad. Eso le está dando a los imputados un margen de cometer otros ilícitos y que no les importa, además, el que lleven un proceso penal», agregó.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) apoya de manera unánime inscribir en el artículo 19 de la Carta Magna que el robo de hidrocarburos y la portación de armas de fuego requieran de oficio la prisión preventiva. «Esto nos ayudaría a inhibir a que los imputados cometan un delito más grave como el homicidio», destacó el procurador Murillo Ruiseco.
El fomento del desarme voluntario y la reforma constitucional buscan la garantía de la seguridad para las personas, ya que la incidencia anual de homicidios en Zacatecas incrementó 4.8 por ciento; es decir, mientras en 2016 la tasa fue de 56.9 por ciento, durante el periodo enero-agosto de 2017 la cifra ascendió a 61.7 por ciento.
LNY/Redacción
