Delegación SCT Zacatecas bajo el escándalo
JUAN GÓMEZ
Las delegaciones federales cumplen hasta el momento una función eminentemente política para el gobierno federal, puesto que además de constituirse como una extensión del control oficial sobre los estados, en ocasiones fungen más como operadores político electorales del mandatario en turno.
Las delegaciones se convierten también a veces, en el cementerio de muchos políticos cuya fortaleza o presencia declina, a causa de la pérdida de espacios del grupo al que pertenecen. Es el salvavidas para algunos y el ostracismo para otros.
Hasta antes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto los delegados federales eran nombrados por el gabinete en turno, pero la modalidad actual, al menos así sucedió durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes, estos fueron designados a propuesta del mandatario estatal en turno.
De esa manera Alonso Reyes colocó a sus cuadros políticos en las delegaciones federales, pero en especial, colocó a algunos amigos claves en espacios donde podrían hacer la operación política en los procesos electorales. No le fallaron.
El ex gobernador logró de esa forma ganar los procesos electorales que tuvo enfrente y en especial, los comicios federales.
De esa manera Alonso Reyes logró el control del congreso –incluso modificó la Ley Orgánica para evadir la comparecencia en la lectura de sus informes de gobierno-; tuvo supremacía en los municipios y garantizó el triunfo electoral en el 2016.
Pero al final de su administración y debido a la problemática que afloró con el socavón en el llamado Paso Exprés de la carretera Cuernavaca, se destaparon irregularidades e indicios de presunta corrupción en algunas delegaciones federales.
El hundimiento en el que perdieron la vida dos personas, padre e hijo, abrió una fuerte polémica que derivó en la demanda de destitución del secretario Gerardo Ruiz Esparza y en la remoción del delegado de la dependencia en el estado de Morelos, José Luis Alarcón, a causa de las irregularidades en la construcción del tramo carretero.
El tres de agosto del presente año el diario El Financiero publicó en su versión digital bajo el título “Top 3 de delegados irregulares de SCT durante la gestión de Ruiz Esparza”, destaca que de acuerdo con una investigación periodística elaborada por El Financiero Bloomberg basada en documentos de la Auditoría Superior de la Federación, “se reveló que el Paso Exprés de Cuernavaca no es la única obra que ha presentado inconsistencias durante su licitación, construcción y mantenimiento en lo que va de la presente administración de Gerardo Ruiz Esparza”.
La investigación del diario enfatiza que en una treintena de delegados estatales de la citada secretaría en el país, presentan obras inconclusas, deficiencias técnicas, licitaciones irregulares, pérdida de documentación, opacidad, sobrecostos y desvío de recursos.
El diario en su versión electrónica destaca que Zacatecas ocupa en el primer lugar de irregularidades, donde Luis Alfonso Peschard Bustamante, fue destituido en noviembre de 2016.
“Hoy, Peschard es investigado por anomalías en la construcción de la carretera federal Fresnillo-Valparaíso y Jerez-Tlaltenango, la cual superó los 207 millones de pesos, la vialidad Siglo XXI, la ampliación del Periférico Bicentenario y el libramiento Guadalupe-Zacatecas, entre otras”, refiere la información periodística.
Parte de la historia que antecede a estos hechos es la siguiente:
El dos de noviembre del año pasado el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Alfonso Peschard Bustamante, fue removido de la dependencia y sustituido por Bernardo Gutiérrez Navarro, quien hasta septiembre de 2016 se había desempeñado como director general del centro SCT Jalisco.
El relevo se dio en su momento, sin sobresaltos aparentes.
Peschard Bustamante había iniciado en el 2010 el sexenio de Miguel Alonso Reyes, como secretario de Obras Públicas e inmediatamente después, como secretario de Infraestructura (Sinfra) de la administración estatal.
Pero a principios de Octubre del año 2012 afloró un escándalo cuando uno de sus hijos, publicó en su cuenta personal de Facebook que su papá tenía “un juguete nuevo”, una avioneta que algunos estimaron un valor cercano a los 1.2 millones de dólares.
El 15 de abril del año 2013 el gobierno Alonsista informó a través de un comunicado de prensa que Peschard Bustamante asumiría ese día la dirección general del Centro Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El escándalo de la avioneta presionaba su salida de Sinfra, pero era recompensado inmediatamente bajo la protección gubernamental y sin que mediara una investigación sobre la revelación mencionada en redes sociales.
Peschard fue sustituido por Mario Rodríguez Márquez, hermano de la actual dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado, quien en aquel momento se desempeñaba como diputada local.
Rodríguez Márquez solo dos años. Su paso por la Secretaría de Infraestructura dejó millonarias observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
El 10 de marzo de 2015 sería dada a conocer su remoción mediante un boletín de prensa del gobierno estatal. El gobernador Alonso Reyes lo nombraría “asesor”. José Francisco Borrego Ibargüengoitia entraría al relevo y después ratificado en el cargo por el actual gobernador Alejandro Tello.
Las denuncias de corrupción no terminan ahí. El pasado lunes 22 de mayo del año en curso, un grupo de constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) capítulo Zacatecas, denunciaron presunta corrupción del actual delegado de la SCT en el estado, Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro.
El diario NTR Zacatecas en su versión electrónica informó que los empresarios denunciaron que constructores locales son obligados a prestar sus nombres y los de sus empresas a compañías foráneas vinculadas al actual funcionario federa.
Motivado por la información periodística publicada, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, ordenó a la Secretaria de la Función Pública de su administración, Paula Rey Ortiz Medina, inicie una investigación contra el director del Centro SCT Zacatecas.
Hasta el momento se ignora los términos de la investigación, si existen elementos para ello o si se interpuso una denuncia ante la dependencia federal o no, como sucedió con la que interpuso la secretaria Ortiz Medina en contra del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rolando Omar Garza Martínez, por presunta corrupción en el condicionamiento de obras a municipios zacatecanos.
Por cierto, la semana pasada trascendió la remoción de la delegación de la Sedatu por parte de Garza Martínez.
¿Quitar y poner delegados limpia la corrupción en las delegaciones? ¿Qué tanta responsabilidad tienen los gobernadores en las ineficiencias, opacidad y corrupción de algunas delegaciones federales?
Al tiempo.
Twitter: @juangomezac
