Uber vs CNOP ¿y los usuarios?
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
Si bien es cierto que el inicio de operaciones de la plataforma Uber en Zacatecas el pasado mes de septiembre surgía en un contexto nacional donde los concesionarios públicos (taxis), en gremios o independientes, se manifestaban en contra de la prestación de servicios de transporte entre particulares, el conflicto en la entidad obedece a sus especificidades y a ellas hay que atender.
Un par de semanas atrás, el colectivo de taxistas zacatecanos vinculados con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) manifestó total rechazo a cualquier intento de regularización o reglamentación de la plataforma electrónica que hoy representa una amenaza para su supervivencia política y económica en el estado.
Recordemos que la CNOP nace en 1943 como un sector popular del Partido Revolucionario Institucional, en tiempos en que, precisamente, la institucionalización del poder de masas se corporativizaba dentro del partido hegemónico para el control efectivo de los gremios a partir de la satisfacción de las demandas sociales mínimas, situación que permitía mantener al margen cualquier intento de organización colectiva con fines contrarios a los objetivos planteados por el poder presidencial. El académico Arnaldo Córdova analizó magistralmente este fenómeno en su obra “La formación del poder político en México”, trabajo que, sin duda, cobra relevancia en distintos conflictos sociales contemporáneos en nuestro país.
El caso particular de este gremio de taxistas quienes se oponen férreamente a la apertura del mercado del transporte a los servicios particulares retrata el choque de las formas de organización sociopolíticas tradicionales mexicanas para hacer valer su cuota de poder, en un régimen democrático donde la partidocracia echa mano del voto corporativo para el acceso a los puestos de representación popular.
Este fenómeno no es privativo del Revolucionario Institucional. Todos los partidos en México han abierto sus estatutos y sus alianzas, en algún momento de su historia, a la corporativización de sus estructuras. Le sucedió a Acción Nacional cuando sostuvo el poder presidencial e incrementó su padrón de militantes a partir de los padrones de los programas sociales de corte asistencialista. En el PRD el clientelismo anegó la división de cuotas de poder dentro del organismo como soporte natural de las “tribus” o fracciones internas.
El Partido del Trabajo en Zacatecas vivió en carne propia el cercenamiento de su instituto en el año de 2009 cuando el corporativo de José Narro, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, decidió trasladar su capital político al Sol Azteca, dejando en números rojos a la dirigencia de Saúl Monreal, y fortaleciendo financieramente a su “brazo” de “lucha social”.
En las pasadas elecciones de junio en el Estado de México, el Movimiento de Regeneración Nacional hizo uso de las estructuras magisteriales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuota clientelar con amplia experiencia en el control y vigilancia de las casillas, para contrarrestar los efectos de cualquier estrategia que conllevara a la inestabilidad en algunos centros de votación susceptibles de ser vandalizados, y ahí donde la ciudadanía mexiquense mostraba una mayor preferencia electoral por Delfina Gómez.
Ningún partido político en México puede decirse ajeno a cualquier control corporativo del voto y del mantenimiento de redes clientelares en sus estructuras internas. Claro, estas estructuras obtienen mayor visibilidad en los procesos electorales, sin embargo, ello no implica que subsistan únicamente para llevar votos a sus candidatos cada 3 años.
La otra faceta política del corporativismo se manifiesta, por ejemplo, en aquella movilización del gremio de taxistas identificados con el partido en el poder, para demandar a sus representantes hacer valer los compromisos adquiridos durante las campañas políticas. Es una forma de organización arcaica, pero no por ello menos legítima, efectiva, vigente y vista con normalidad entre todos los partidos.
Gracias a ello, los taxistas han sobrevivido a cualquier intento institucional de ordenamiento de concesiones y permisos para circular regularmente, afectando el interés de los mismos transportistas que no están alineados políticamente. Lo misma suerte tiene cualquier tentativa de reglamentar el uso de traxímetros para cobrar las cuotas justas a los usuarios del transporte, la presión y coerción del gremio se impone a la legalidad.
De ahí que una propuesta como la plataforma Uber –con sus asegunes y mínimas garantías de protección a sus choferes- represente una amenaza a la supervivencia del poder político de un gremio tradicional, apéndice del otrora partido hegemónico del siglo 20 en nuestro país.
Resulta paradójico que hasta recientes fechas los taxistas accedan –sólo de palabra- a regularizar sus servicios y a abrirse a las demandas de la población -como el obligado uso de los taxímetros- cuando han vivido de la protección institucional para ofrecer sus servicios con los costes y condiciones que ellos calculan más convenientes. No obstante, son herencia de ese viejo régimen de cooptación popular, y políticamente son una fuerza viva de influencia.
¿Y los derechos de los usuarios?
Twitter: @GabrielConV
