Democracia sinónimo de bienestar
ULISES MEJÍA HARO
La amplia mayoría de los mexicanos reconoce que nuestro país vive una de las peores crisis de su historia, en lo económico, político y social. Son innegables los efectos del fracasado modelo económico neoliberal adoptado desde los años ochentas, que se refleja en altos índices de pobreza, hambre y de desigualdad social; creciente desempleo y subempleo; incipiente y mediocre crecimiento económico y altos índices de migración, entre otros.
La violencia y la inseguridad se ha generalizado; la corrupción e impunidad abarca todas las esferas públicas y empiezan a permear a la esfera privada; es preocupante la creciente corrupción y el tráfico de influencias en la asignación de obra pública y compras del gobierno en beneficio de empresas privadas nacionales y extranjeras y de funcionarios de gobierno; el asalto escandaloso a las finanzas públicas cometido por muchos ex gobernadores y ex funcionarios de distintos signos partidistas genera inconformidad, coraje y hartazgo en la ciudadanía.
Es evidente la crisis de nuestro actual sistema político y la falta de credibilidad en los partidos políticos, instituciones y en nuestros gobernantes y representantes populares, quienes han antepuesto sus intereses partidarios, de grupo y personales a los intereses del pueblo, se han olvidado del bien común.
Bajo este contexto, nada halagador, que amenaza incluso con un estallido social, lo menos que las y los mexicanos esperábamos de los tres órdenes de gobierno y de los organismos y autoridades electorales era el cumplimiento de los principios constitucionales en materia electoral: legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad en las elecciones del pasado 4 de junio.
Sin embargo, estos principios fueron trastocados y no se cumplieron en las pasadas elecciones, sobre todo, en el Estado de México, Coahuila y Veracruz, ya que significaron un “volver al pasado”, una regresión para nuestra incipiente democracia electoral, ya que es del dominio público la intromisión descarada de los tres órdenes de gobierno en los procesos electorales en estos tres estados, quienes lucrando con el hambre y la pobreza de la gente -producto de los malos gobiernos- violentaron sus libertades constitucionales y preferencias electorales a través de la compra del voto y del condicionamiento al acceso a programas sociales y del sector agropecuario en beneficio de los candidatos y del partido en el gobierno, miles de millones de pesos en diferentes programas de dependencias de gobierno y de dádivas –despensas, materiales de construcción, tinacos, boiler, maquinaria agrícola, ganado, incluso dinero en tarjetas y efectivo- fueron entregados con fines electorales.
La omisión y en su caso, la complicidad de los órganos electorales estatales, del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) fue más que manifiesta, nada hicieron para detener las giras del Presidente, Secretarios y de gobernadores, donde se entregaban todo este tipo de apoyos que sin lugar a duda constituyen delitos electorales; nada hicieron ante los hechos de compra del voto por doquier; la ausencia de cientos de funcionarios de casilla que se presume fueron intimidados o cooptados para que no se presentaran a la casilla y en su lugar fueran ocupado por otros que dejaran hacer las triquiñuelas. Pero eso sí, los institutos electorales locales, como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se apresuraron a dar un resultado a favor del candidato a gobernador del PRI Alfredo Del Mazo con una muestra del 74% de la establecida, es decir, dieron resultados con una “muestra mocha”, que incluso se contradecía con los avances del 33% de las actas capturadas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) donde punteaba la candidata Delfina Gómez de Morena; posteriormente la incongruencia del PREP que agregaba en promedio 4 mil votos por distrito local al candidato del partido en el gobierno.
El análisis de lo acontecido en las elecciones de 2017 es más que obligado, ya que es la antesala de las elecciones de 2018, en la que se eligen Presidente de la República, Diputados Federales y Senadores de la República, y en muchos estados como en Zacatecas se renuevan los congresos locales y ayuntamientos municipales. Lo anterior sirve para implementar medidas preventivas que eviten una elección de estado en las elecciones del próximo año, que en nada beneficiaría al país y a los mexicanos, sino todo lo contrario, habría un retroceso de nuestra incipiente democracia y persistirían e incluso se acrecentarían la pobreza, el hambre, el desempleo, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la falta de crecimiento del país.
Por el bien de México y de su gente, con independencia del partido o proyecto político al que nos identifiquemos, es tiempo de dar un golpe de timón y corregir el rumbo de nuestro país, empezando por tener elecciones libres, auténticas e imparciales, sustentadas en el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos, sin coacción alguna, es decir, se deben respetar y garantizar los principios rectores constitucionales en materia electoral de: legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, cuyos resultados deberán ser respetados.
Es tiempo que impere en la decisión electoral de los ciudadanos la oferta política, el proyecto de país, la propuesta y la trayectoria de las y los candidatos, abatiendo la guerra sucia, las difamaciones, infamias, calumnias y denostaciones sin sustento, para ello, se requiere una sociedad organizada, participativa y exigente en el cumplimiento de la democracia.
¡La democracia es sinónimo de unidad, crecimiento y de bienestar social!
* Maestro en Administración
FB: @mejiaharo
