Froylán, la esperada renuncia
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
Las primeras modificaciones en el gabinete del contador Tello no llegaron después del primer informe de gobierno, escenario ideal para el grupo en el gobierno. La voracidad de las cifras de homicidios dolosos proyectó una curva aguda en la caída de los índices de seguridad, así como la percepción pública de estos, en apenas ocho meses de iniciado el quinquenio presente.
Los números obligaron a replantear la permanencia del ex secretario de Seguridad Pública, Froylán Carlos Cruz, desde la óptica ciudadana que califica la eficiencia de la estrategia gubernamental y su operatividad policiaca para mantener los parámetros de paz pública dependiendo del registro de víctimas relacionadas con la delincuencia organizada.
La ciudadanía resintió los encabezados de los medios de comunicación, y el flujo ágil de información desde las redes sociales, que anunciaban diariamente un par de decesos -o más- en los municipios con mayor densidad poblacional del estado. Las víctimas eran ultimadas en barrios, vialidades y espacios conocidos por la población, situación que provocó incertidumbre entre la ciudadanía y distanciamiento de un proyecto de gobierno que busca promoverse como diferente.
El concentrado de inquietud e inconformidad ciudadana no tardó en llegar al Congreso del Estado donde, con mayor proclividad que las legislaturas de la anterior administración, el debate partidista mantiene hoy al parlamento como una caja de resonancia de los problemas públicos.
Un error de diseño en la operación política de parte de la postura oficial terminó por acelerar el desgaste del ex secretario y ex General Brigadier, lo que llevó al mandatario en funciones a buscar una alternativa en la Secretaría de Gobernación, pues decidirse por mantener a Froylán al frente de la seguridad pública -un funcionario anulado por el debate legislativo- restaba credibilidad al ejecutivo estatal, y la ciudadanía ponía en duda su sensibilidad y asertividad ante un reto que superaba su idea de gobierno.
En la discusión sobre el posible exhorto al titular del jefe del Ejecutivo para considerar una pronta remoción del secretario de Seguridad Pública, el enfoque oficial desestimó cualquier movimiento en el gabinete hasta no darse, según una concepción anticuada de la política mexicana, un primer corte de caja del gobierno entrante: el informe.
Con ese concepto general de las conductas y las instituciones políticas obsoletas de este país, y sin un análisis a fondo de las opciones a desahogarse en el plano legislativo para aterrizar con menos turbulencia un posible exhorto, el bloque oficial únicamente aportó al debate la fachada de sus legisladores para amortiguar los golpes de la oposición. Es ahí donde la nueva administración tenía la oportunidad de ratificar su vocación diferente, pero la lectura pobre del momento decisivo terminó por encapsular su espacio de oportunidad. El proceso entonces no sólo fue irreversible, sino que la apertura de la crisis innegable al debate entre partidos, el mismo día en que se reportaban tres muertes en distintos puntos de la entidad, culminó por estimular los cambios. No hubo necesidad de tan controvertido exhorto, un par de semanas después las modificaciones surtieron efecto.
Justo ese es el parámetro más claro e incuestionable para medir la mesura y la vacilación de la presente administración para propiciar los cambios que urgía la sociedad en su conjunto y no sólo un grupo de militantes de la oposición inflexible, como se llegó a diagnosticar: más temprano que tarde el ajuste en el gabinete llegó, y para entonces todas las expresiones públicas y políticas unificaron sus criterios en un mismo sentido, todas excepto la del gobierno en ciernes.
De la llegada del inspector de la policía federal, Ismael Camberos Hernández, hay que poner en la mesa de análisis dos elementos inaugurales: el cruce de datos generados a través de los “mapas delincuenciales” para proveer de inteligencia las decisiones que tomará el mando civil de seguridad. La sistematización de dicha información hipotéticamente debería articular y centralizar las acciones de contención y defensa en el Programa Estratégico de Seguridad, del Consejo Estatal de Seguridad.
El segundo elemento dependerá de la forma en que el discurso del contador Tello alcance a descentralizar el fenómeno de inseguridad de los esfuerzos de prevención. Es momento de generar el viraje hacia lo que él mismo propuso durante su campaña: privilegiar la generación de inteligencia.
Las actividades de contención y su promoción podrían permanecer en esta suerte de campañas publicitarias de amplio alcance, pero en la voz de un mando distinto, con mayores atribuciones formales y un discurso cuidado, si pretenden evitar el desgaste que ha sufrido la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF al intentar abordar el tema de seguridad pública. El gobernador es la figura que reconciliaría ambos discursos (el de la inteligencia/contención y el de la prevención) sin recargar la balanza en uno u otro como hasta ahora se reflejaba en la percepción pública.
Twitter: @GabrielConV
