Ataques a periodistas, termómetro de nuestra realidad
SAÚL MONREAL ÁVILA
El artero asesinato del laureado periodista Javier Valdez Cárdenas, director del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada, en el estado de Sinaloa pone en relieve de manera descarnada la realidad de un estado de derecho inexistente, concepto que implica la obligación que tiene el Estado de un país, conformado por sus poderes gobernantes, de garantizar la aplicación de la ley y el respeto a los derechos fundamentales del individuo, como la vida y la libertad, cuando están matando periodistas es porque hay una falla estructural del régimen.
De 1983 a la fecha se han cometido 268 homicidios en contra de periodistas, trabajadores de los medios y familias, 231 periodistas, un locutor, ocho trabajadores de prensa, 16 familiares y nueve amigos de comunicadores, así como tres civiles, de acuerdo con la Federación Latinoamericana de Periodistas, sin embargo, el asesinato de Valdez Cardenas “obligó” a los gobernantes a dejar de lado declaraciones huecas y demagógicas de condena y pésames políticos para realizar una sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que ahora encabeza el presidenciable dizque “independiente” Miguel Ángel Mancera.
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo después de Siria y Afganistán,. Los reporteros que realizan investigaciones sobre el crimen organizado, redes de políticos con el narco y lavado de dinero son asesinados por una razón básica: La impunidad, en México quien asesina tiene el 99 por ciento de posibilidades de no ser detenido, un paraíso para la delincuencia organizada, por ello, de redes políticas y criminales surgen las decisiones para asesinar y/o desaparecer a los reporteros que se vuelven incómodos para el poder. Tanto el gobierno como el crimen organizado (que no pude concebirse, sin la complicidad del poder), no quieren que la prensa denuncie.
Esto se ha venido agudizando en los diez años de la guerra contra el narcotráfico, en los que no se ha decretado un estado de excepción, no hay la declaración de una guerra en términos formales, y en nuestros diferentes recorridos en Zacatecas y en México hemos visto como el Estado de Derecho ha desaparecido para dejar el paso a la barbarie en todas las regiones del país como en nuestro estado, en nuestro Zacatecas, se dice que el “crimen organizado” cobra derecho de piso a las empresas Mineras, en Michoacán a los ´productores de aguacate, en las fronteras a las empresas y transportistas, en los ductos de PEMEX se habla de que los “Guachicoleros” es un contubernio de autoridades, gente de gente de la empresa petrolera y crimen organizado, y en fin, pocos sectores de la economía se escapan del flagelo. El crimen organizado, tolerado y respaldado en abierto contubernio por la corrupción gubernamental tiene de rehén al país.
Y ante esta realidad, que es desnudada por la muerte de los comunicadores, quienes es claro que no dejaran de hablar lo que le incomoda al gobierno y al crimen organizado, Enrique peña Nieto hace una reunión “Urgente”, con gobernadores para “discutir” las medidas para proteger a los periodistas, reunión que lleva varios años de atraso y cuyas conclusiones nada aportan a la seguridad real. Simulación pura.
El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sólo dispone de recursos económicos para septiembre, debido a que el Congreso no le asignó presupuesto para este año por el ajuste presupuestal y que la operación en 2017 se hace con remanentes de años anteriores. De ese tamaño era y es el desentendimiento del grupo gobernante que ahora, en esta crisis, pretende corregir su grave omisión. En este momento se protegen, con graves deficiencias, a 179 periodistas (53 mujeres y 126 hombres).
El fondo del problema de las agresiones contra los comunicadores es la impunidad casi generalizada, que llega hasta un 99% de los casos, originada desde el sistema de justicia y en las procuradurías estatales, como plantean en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en coincidencia con el presidente de la CNDH.
La cuestión real y de fondo es: ¿Qué hará el Gobierno ante esta rampante crisis del Estado de Derecho? Y lo más importante: ¿Mantendrá en el poder a estos corruptos que están permitiendo la degradación total del país y la pérdida de un estado de derecho con todas sus consecuencias? Y aunque estemos muy mal, todavía podremos estar aun peor si la gente no reacciona y pone un hasta aquí a esta degradación gubernamental, solo una transición a un régimen con sentido humano y social, puede cambiar el estado de cosas, pero, con el concurso de toda la sociedad, nadie podrá solo.
Por lo pronto, es muy grave que solo se haga recuento de muertos, tanto periodistas como de la sociedad en general, con relatos de terribles historias de cada uno de ellos, sin detenernos a pensar qué está sucediéndole a la psicología de un país donde la barbarie es ya cotidiana y ni tan siquiera es noticia, donde sectores de la sociedad justifican los abusos de militares y cuerpos policiales, donde la esperanza ya esta acabándose. La pregunta final no es que hará el gobierno para resolver la crisis de estado de derecho y los asesinatos de los periodistas, voces y voceros de la sociedad, sino que reiteramos: ¿Que haremos como pueblo? ¿Cómo reaccionaremos como sociedad ante todo esto?
