Intervención directa del Notario Público daría agilidad a trámites testamentarios: Santiváñez
Zacatecas, Zac.- Con el objetivo que la intervención personal del Notario Público dé mayor seguridad, celeridad, precisión, eficiencia y eficacia a los trámites y diligencias en los casos de sucesiones intestamentarias, la diputada Isadora Santiváñez Ríos, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas.
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde la Tribuna del Congreso del Estado, detalló que la Iniciativa pretende involucrar al Fedatario Público, para que en caso de que los ciudadanos así lo determinen, concurran con libertad a una de las dos instancias: la judicial o la notarial.
Ello, tomando en cuenta que cuando se habla de un intestado llevado ante un Juez, normalmente la terminación de la diligencia puede llevar meses o aún años, por la carga de trabajo normal que se tiene dentro del Poder Judicial, mientras que ante Notario se agilizaría el procedimiento para el o los interesados, además de aligerar la carga laboral de las oficinas judiciales.
Santivañez Ríos detalló que la legislación debe establecer procedimientos más adecuados y simples para que, al fallecer una persona, aquellos bienes que le pertenecieron en vida pasen a sus herederos, ya sean aquellos nombrados por él en su testamento o bien a aquellos parientes que, supliendo la voluntad del autor de la sucesión, el Derecho Civil considera que deben ser sus herederos en los grados y con las exclusiones que el mismo ordenamiento señala.
Todo ello, recalcó la diputada, «coadyuva decididamente con la seguridad patrimonial que deben tener todos los integrantes de la sociedad», sobre todo cuando una persona muere intestada, es decir, sin testamento o con testamento inválido.
Esta iniciativa, explicó Isadora Santiváñez, pondera el hecho de que los notarios reúnen las condiciones de probada honorabilidad, formación suficiente, alta capacidad jurídica y actuación con alto contenido social, ya que es un profesional del Derecho que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe, manteniendo siempre un alto nivel de profesionalismo, una total imparcialidad con los prestatarios del servicio, y una plena autonomía en sus decisiones, las cuales sólo tienen por límite el marco jurídico y el Estado de Derecho.
La iniciativa presentada por la diputada Isadora Santivañez Ríos pasó a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, que encabeza la diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, para su análisis y estudio.
LNY/Redacción
