Una crisis anunciada
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
Desmitificar la “nómina secreta” ejercida durante la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, implicó un proceso de largo alcance que ni los medios de comunicación ni la sociedad organizada quisieron enfrentar desde sus trincheras. Por el contrario, la agenda pública alrededor del combate a la corrupción y la exigencia de mejores estándares de información pública aún no abandona el terreno partidista electoral en Zacatecas.
Ejemplo de ello es la lucha individual por transparentar la partida 1711 del presupuesto de egresos local del 2016 que permitió a Soledad Luévano, ex diputada y ex candidata del Movimiento de Regeneración Nacional en Zacatecas, ganar la batalla por la legitimidad de las informaciones con las que construyó –y ahora confirma- una serie de señalamientos que le permitieron acercarse a la población votante inconforme en la capital del estado, donde compitió para encabezar el ayuntamiento en junio pasado.
Una batalla que se libró desde las instituciones, donde la Ley de Transparencia hoy obliga a replantear qué tanto las autoridades responsables de vigilar la aplicación de las disposiciones plasmadas en aquella ley, consideran como información pública los ingresos totales de los funcionarios públicos.
La tarea para el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública no es ya únicamente respaldar las peticiones ciudadanas de transparencia, en ello cumplieron a cabalidad. Ahora corresponde poner como piso mínimo, previsto en la misma Ley de Transparencia, la apertura de los datos de los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública, que la asociación civil que soporta el proyecto político de Soledad logró destrabar sólo a través de 42 recursos de inconformidad: nada más y nada menos que recursos del erario público que no debieron ocultarse desde un principio.
Y esos recursos no debieron permanecer clasificados –no al menos desde el inicio de este quinquenio- porque, como atajó tempranamente el gobernador Alejandro Tello, era información de la que estuvo al tanto desde que encabezó la Secretaría de Finanzas, en el sexenio de su amigo Miguel Alonso Reyes. ¿Por qué entonces la reticencia para informar algo que por ley se debe de transparentar?
Todo inició el pasado 2 de mayo en que el diario Reforma publicó a ocho columnas una partida “secreta” (calificada así por el simple hecho de que se mantuvo alejada de la opinión pública más de 2 años) por alrededor de los 2 mil millones de pesos para compensar los salarios de dos centenares de funcionarios y ex funcionarios que “colaboraron” de alguna u otra manera con el proyecto político del ahora director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Ese mismo día, al concluir un recorrido por las nuevas instalaciones de la Presidencia Municipal de Guadalupe, el contador Tello, al ser abordado por los medios de comunicación, trazó lo que debió ser la ruta para comunicar y enfrentar una crisis que estallaba para la actual administración.
Sin embargo, Jorge Miranda Castro, Secretario de Finanzas, y Paula Rey Ortiz, Secretaria de la Función Pública, comparecieron ante los reflectores con versiones alternas, sin datos corroborables ni pruebas de sus aseveraciones. De forma sumaria aseguraron que esa “nómina secreta” sí existía, pero no de la manera en que Soledad Luévano la había dado a conocer. La crisis entonces se agravó.
Al mismo tiempo, los alonsistas corroboraron el mensaje: la nómina siempre existió (pero no era del interés del ex gobernador transparentarla) y los pagos se realizaron en los márgenes de la legalidad. De la legitimidad de los mismos y del por qué mantener la información reservada no omitieron juicio alguno. Huizar prefirió recordar que era una estrategia de alumnos (Jorge Miranda) recelosos por no poder superar a sus maestros (él mismo).
Del contador Tello nadie reparó. Los intentos por deslindar responsabilidades pusieron en el fuego enemigo a la secretaria de la Función Pública. Horas antes, Jorge Miranda, con el respaldo del coordinador de asesores de este quinquenio, Pablo Pedroza, acusó a Soledad Luévano y al IZAI de alterar los datos proporcionados por su organismo, pero no presentó los documentos originales que ampararan su argumento. Para ello la sociedad debía esperar otros 15 días. No importa que la información ya estuviera en su poder para contrastar con los datos que, dijo, fueron alterados con fines específicos.
La respuesta ante la crisis vino tardía, voluble, poco consistente y sin tomar en cuenta la directriz del gobernador, esa donde confirma que estuvo al tanto de los pagos que fueron objeto de 42 recursos de información pública para que pudieran transparentarse después de 2 años de negativas de parte de la autoridad responsable.
Una crisis de la que estuvieron al tanto en el gobierno desde el momento en que Miranda se vio obligado a entregar los datos antes negados. Tres semanas después el riesgo mutó y nadie impuso liderazgo en su solución. Hoy el tiempo corre y cuenta.
Twitter: @GabrielConV
