El aumento al pasaje, golpe a la economía popular
SAÚL MONREAL ÁVILA
El nuevo aumento al precio del transporte público de pasajeros en Zacatecas representa una carga más para la sociedad Zacatecana de bajos recursos, limitándose el Gobierno del estado a autorizarlo, remitiendo la factura de aumentos de combustibles y costos de mantenimiento de automotores a la sociedad, sin asumir su papel de tomar en cuenta el interés superior de la sociedad ni su responsabilidad de establecer una política correcta a favor de los usuarios y de concesionarios, El gobierno local y federal deben asumir los costos de sus acciones, no la gente.
El aumento de precios en carburantes, pretexto de este aumento, el insultante aumento a salarios, la inflación y la baja del valor del peso ante el dólar son producto de decisiones del régimen gubernamental y de sus pésimas medidas económicas, por lo que estos aumentos son responsabilidad de este régimen. A pesar de que en enero se dio el incremento al salario mínimo, en teoría el cual fue mayor a otros años, en solo dos meses que lleva este año 2017, ha tenido un deterioro promedio de un 5%, sin embargo, en los sectores sociales más pobres, la pérdida es mucho mayor.
En los últimos años los aumentos se han venido dando, a pesar de esfuerzos de concesionarios para absorber los costos de operación de sus unidades, en 2006 este se incrementó de 4 a 5 pesos En 2009 se incrementó a 5.50 pesos, nueve meses después de haberse solicitado se decide incrementar 22 por ciento la tarifa del transporte público un 28 de mayo. El 19 de febrero de 2011 se eleva de 4.50 a 5.50. El 3 de enero del 2014 pasó de 5.50 a 6.50 pesos, hasta este tres de marzo pasado, con un peso de aumento.
Parecería un aumento insignificante, pero en la economía de supervivencia que viven una gran parte de las familias Zacatecanas no lo es, si una persona utiliza un autobús para trasladarse una vez, ida y vuelta, de lunes a sábado, pagaba 3744 pesos anuales con la tarifa de 6 pesos, 50 centavos. Un solo peso de aumento, significa 4320 pesos, más de 570 pesos extras, sin tomar en cuenta otros viajes que se realicen, como así sucede normalmente, y más cuando se trasladan personas a llevar niños a la escuela u otras actividades. Este aparentemente mínimo o «Marginal» (Según analistas económicos) incremento de una moneda de a peso, reduce en términos significativos las expectativas económicas de mucha gente.
De acuerdo a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, en su artículo 65, dice: «Para determinar el comportamiento de las tarifas, la autoridad considerará los siguientes aspectos señalados:
- Técnicos. Relacionados directamente con el nivel de la calidad que se presta el servicio y la satisfacción del usuario que lo recibe, respecto de: Eficiencia del servicio, cantidad de usuarios, itinerarios de servicio y efectividad de su trabajo, y el Cumplimiento de las obligaciones legales.
- Financieros. Relacionados con la rentabilidad económica del servicio para los concesionarios, en función de: El costo administrativo y operativo de la prestación del servicio; La infraestructura vial de la ruta del servicio; El costo de transporte y el costo de los energéticos utilizados; La zona económica correspondiente del Estado; Los horarios del servicio; Amortización y conservación de las unidades; Utilidad justa con respecto al monto de la inversión, y él: Índice inflacionario en el país y el comportamiento de los salarios mínimos.
Son lineamientos a considerar muy específicos, y nos preguntamos: ¿Estos se cumplieron cuando se toma la decisión de elevar el costo de las tarifas de transporte de pasajeros? ¿El servicio de transporte de pasajeros cumple con los requerimientos de eficiencia, calidad, limpieza, impacto ecológico y costo que estos deberían de cubrir? Para el anterior aumento, en 2014, se había signado el compromiso de renovar 97 unidades en dos meses, con inversión de 19 millones de pesos, que supuestamente contarían con plataforma para personas con capacidades diferentes, contador electrónico de pasaje, cámaras de vigilancia; monitoreo satelital con GPS, además de adquirir 90 unidades más en mediano plazo, unidades que tenían en su momento un costo aproximado de 700 mil pesos, lo que por sentido común, difícilmente los concesionarios tendrían posibilidad de cubrir con los simples costos de las tarifas de cobro al pasaje, haya sido como haya sido el convenio.
El gobierno del estado y federal no pueden seguir como siempre evadiendo responsabilidades y costos, Tanto en seguridad pública, como la prestación de servicios y otros rubros como el transporte público, el régimen debe de ser parte toral, es necesaria la construcción e implementación de una política integral en el transporte de pasajeros que no sobrecargue el peso del servicio a la sociedad y a los concesionarios, implementando mecanismo de financiación, de regulación e incluso de subsidio si es necesario. El transporte debe ser digno, eficiente, seguro y al alcance de la gente, se concesiona por el gobierno porque este es quien tiene la responsabilidad de prestar este servicio, y no se puede desprender de la misma, a pesar que se concesione, y mucho menos debe cargar con todo el costo a la sociedad.
Entendemos que los aumentos en combustibles e insumos automotrices hacen necesario se tomen medidas, pero también somos conscientes que estos se han dado por la toma de decisiones de gobierno que los han provocado, y que pueden ser revertidos por la misma vía, tenemos claro que la prioridad de la prestación de estos servicios es la gente, es el pueblo, no los mercados, por eso hemos insistido en el cambio de régimen, en la necesidad que un nuevo gobierno de reconstrucción nacional, un gobierno encabezado por Andrés Manuel Lopez Obrador enderece el rumbo y de una vez por todas, las decisiones gubernamentales se encaminen hacia el bienestar de toda la gente en todos los sectores.
