Funcionarios no estiran la carreta igual que el gobernador: Ramírez

Zacatecas, Zac.- «¿En manos de quién estamos? Cuestionó el diputado federal Arturo Ramírez Bucio, tras lo ocurrido en días pasados al alcalde del municipio de Florencia de Benito Juárez, Fortino Cortes Sandoval, lo que para el legislador es un tema que, independientemente de su origen, “debe hacernos reflexionar”.

En conferencia de prensa dijo: «Todos estamos en riesgo de que nos ocurra lo mismo, somos vulnerables», por ello expresó, urge la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Pero, además añadió que el gobierno de Miguel Alonso, no debe delegar responsabilidades y debe actuar. En este sentido expresó que el procurador de justicia del estado, Arturo Nahle “no ha dado resultados y debe retirarse del cargo”.

Por ello, para el legislador federal, Miguel Alonso tiene que actuar en consecuencia: “Yo creo que Arturo Nahle cumplió ya con su ciclo, no puede seguir en la Procuraduría General de Justicia. No ha dado el ancho… es la verdad, no puede seguir, se requiere un cambio pero ¡Ya!».

Sobre el particular, Ramírez Bucio manifestó que quien asuma el cargo como procurador de justicia de Zacatecas deberá ser alguien «serio y profesional, que conozca el tema».

Pero el panista no sólo pidió la cabeza del citado funcionario, sino que se refirió a otros como el titular de Obras Públicas, Luis Alfonso Peschard, al de la Seplader, José María González Nava, y al de la Ceapa, Rafael Gutiérrez Martínez.

«Hay algunos (funcionarios) que no trabajan o no estiran la carreta igual que el gobernador y esto ya se lo dijo hasta su propio partido», aseguró.

Añadió que la actual administración gubernamental, a un año de asumir esta encomienda está desilusionando a miles de personas que desearon un cambio, sin embargo, «no se ve nada, no hay trabajo (…) hay más pobres y nos amenaza otra bronca por el tema de Estados Unidos, ¿cómo lo vamos a atajar?».

El diputado dio a conocer que en días pasados fue objeto él y su familia de una detención ilegal por parte de policías de Guadalupe.

Aseguró que las policías municipales y estatales están involucradas en el crimen organizado y las pruebas son, dijo: «la voz del pueblo», puesto que las evidencias «están a la vista de todos, pero nadie quiere hablar de ello públicamente (…) es necesario que levantemos la voz».