Ejército contra narco, la guerra sin salida
SAÚL MONREAL ÁVILA
Ahora, más que nunca en la era moderna, nuestro país atraviesa por una de las etapas de mas violencia en su historia, la denominada “guerra contra el narcotráfico” ha dejado una estela de muertes y desaparecidos, además de enormes pérdidas financieras no cuantificadas con precisión en detrimento de víctimas de estos grupos, que actualmente han llegado a conformar por lo menos 37 células criminales y 9 cárteles del narcotráfico diseminadas por todo el territorio nacional, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta etapa inicia a partir del 11 de diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, necesitado de legitimidad, envío tropas a Michoacán para combatir al narcotráfico, con lo que las fuerzas armadas salen a los cuarteles a emprender una labor no claramente entendida por la sociedad hasta el momento, pero que sin embargo, ha dejado al país marcado por secuelas de la violencia, por lo menos 186 mil personas fueron asesinadas entre 2007 y 2015, mas lo que se sume a la fecha, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sin embargo, la cifras reales pueden ser mucho mayores, ante la proclividad del régimen a ocultar lo más posible la realidad.
Datos de ONGs señalan que en esta administración los homicidios superan 80 mil muertes, las desapariciones superan los 29 mil y se han vuelto práctica común las ejecuciones masivas, los abusos de poder, la tortura (provocada por criminales, pero también por agentes del Estado), la desaparición forzada, los ataques a defensores de derechos humanos, y el asesinato de periodistas.
El actuar del ejercito lanzado a las calles a una batalla que corresponde a fuerzas policiales ha originado diversas vertientes peligrosas, se acusa al régimen que esta guerra ha fracasado porque se enfocó sólo a eliminar algunas de las organizaciones criminales, no a todas, y que se favoreció a grupos específicos con los cuales los gobiernos en turno entraron en contubernio. Provocando una fragmentación de cárteles y el surgimiento de nuevos capos que actúan sin principios ni escrúpulos, como lo han señalado algunas voces, “No es una guerra contra el narco, es una guerra contra una parte del narco para beneficiar a otra parte del narco. Y esa guerra no puede ganarse así, no lleva a nada, según se señala por detractores al uso de fuerzas armadas para este fin.
El costo de esta “Guerra” hasta el momento es de 1 billón 829 mil millones de pesos, los cuales suman el gasto público ejercido en las funciones de Justicia, Seguridad Nacional, Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior en una década. Estos recursos económicos fueron ejercidos por más de 30 altos funcionarios responsables de esta guerra: dos secretarios de la Defensa Nacional; dos de la Marina; seis secretarios de Gobernación (cinco de ellos durante el sexenio de Felipe Calderón); seis procuradores; 10 comisionados de la Policía Federal; un secretario de Seguridad Pública con Calderón; y tres titulares de la Comisión Nacional de Seguridad en el sexenio de Peña Nieto.
Al mismo tiempo, el Congreso ha aprobado más de 20 leyes y reformas constitucionales en materia de justicia, seguridad, derechos humanos, atención a víctimas, lavado de dinero y reestructura de los cuerpos policíacos. Pero no se ha logrado o no se ha querido definir un modelo idóneo para frenar la delincuencia y pacificar el país.
Con todo y ese gasto en vidas humanas, recursos financieros y sufrimiento de la sociedad, en este mismo periodo de «Guerra» los grupos de crimen organizado experimentaron el periodo de mayor crecimiento, influencia y empoderamiento de su existencia, el mercado de la droga se expandió, aumentó el consumo doméstico especialmente entre los más jóvenes. De 2008 a 2011, se pasó de 3.9 millones a 5.7 millones de consumidores de drogas ilegales en México. A nivel internacional, los cárteles mexicanos se convirtieron en dueños absolutos del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y del mercado local de estupefacientes. es decir, de poco o nada ha servido todo este costo.
Otro grave riesgo que conlleva el actuar del ejercito en las calles, es el de la siempre latente posibilidad de una represión violenta del ejercito contra opositores al régimen, de la militarización actual, al establecimiento de una dictadura sólo hay un paso. La oposición puede ser aplastada violentamente cancelando libertades con la bota militar. Esta historia se ha repetido infinidad de veces en América Latina, son icónicos los casos como el del General Augusto Pinochet, contra el presidente recién electo Salvador Allende en Chile. En la década de los 60´s, desde 1908 y hasta el año 2009, 54 golpes de estado, militares en su gran mayoría se han sucedido en la región.
La delincuencia no se supera permitiendo la ilegalidad por parte del Estado como ha ocurrido hasta el momento, porque se normaliza lo que nunca debe normalizarse: la tortura y la desaparición, lo que puede suceder si se aprueban las iniciativas de ley que están a la espera para su discusión y /o aprobación en el senado, el ejército no está capacitado para realizar tareas policiales, tiene otras responsabilidades.
El Instituto Belisario Domínguez del Senado plantea la necesidad de discutir la estrategia de combate al narcotráfico de manera integral, y ante las disyuntiva de tener que mejorar el sistema de justicia o de incrementar las facultades de las autoridades militares en el país, se van por la ruta fácil y simplista, La primera opción involucra acciones más complejas, como profesionalizar las policías locales y dotar autonomía a todas las fiscalías y procuradurías, incluida la federal, con la respectiva canalización de recursos, entre otras acciones necesarias.
La segunda opción, la ruta fácil y simplista, dar sustento legal a acciones que de facto ya pasan todos los días, que sucedería si se aprueban las iniciativas que hay en el escritorio, manteniendo los elevados niveles de violencia e impunidad; La falta de capacidades por parte de policías y autoridades civiles; La ocurrencia de violaciones graves a derechos humanos y las tentaciones dictatoriales del régimen para perpetuarse, todo ello motivo de que se realice un serio análisis para una toma de decisión responsable y en bien de la sociedad, que dicho sea de paso, tiene la salida en sus manos y en las urnas.
