La crisis de medios en Zacatecas
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
“Es cierto que la austeridad en el gasto corriente [de un gobierno] no representa la solución estructural a la crisis de endeudamiento [público], pero sí es propia del conjunto de medidas adoptadas por cualquier estado frente al déficit financiero [que enfrenta]; medidas que de no realizarse de manera consecuente permitirán que el frágil estatus de la economía se imponga luego como elemento de crisis política y social.”
Con esas palabras adelantaba, a finales de 2016, que la estrategia del contador Alejandro Tello para amortiguar la carga de compromisos fiscales que descubrió al regresar al gobierno de Zacatecas –ahí donde estuvo como Secretario de Finanzas- debía de ser igual de restrictiva en el gasto que representa toda la administración estatal como las cargas impositivas que ahora intenta recaudar y la importante reducción de dinero para convenios de publicidad en los medios de comunicación.
No fue así. La partida de egresos que más ha castigado este gobierno es precisamente aquella que se destinaba al ejercicio propagandístico –que no publicitario- de la función pública y sus representantes. El sexenio de Miguel Alonso fue un ejemplo claro del excesivo uso de recursos para mantener una enorme nómina de “dueños” de medios de comunicación, que en su mayoría se dedicaba a replicar los boletines oficiales, a veces sin siquiera cambiarles una coma.
Son pocos los medios impresos y electrónicos quienes realizan trabajo periodístico en Zacatecas. En los claroscuros de la libertad de empresa la información se sabe de antemano en dónde surgirá con mayor penetración y en donde definitivamente ni siquiera figurará como nota del día. Los convenios de comunicación -para nadie es una sorpresa- llevan implícita la característica de la autocensura para favorecer la relación comercial.
Ante tal circunstancia, quienes se dedican al negocio de la información no pueden aducir hoy una limitación en el ejercicio periodístico, puesto que su libertad de prensa siempre se verá comprometida en el momento en que buena parte de sus ingresos se encuentran sujetos a los “grandes contratistas” (el más fuerte: el gobierno estatal), y no al tiraje y consumo de los lectores.
En dichos casos la libertad de empresa mantiene una proporción inversa a la libertad de prensa. Esa es la dinámica que prevalece actualmente en la relación gobierno-medios en Zacatecas. Así sucedió hace unos meses cuando, en vez de conocer cuánto desembolsaría el gobierno local, dependencias y órganos desconcentrados en viáticos, gastos de representación, gastos ceremoniales, transportes terrestres y aéreos, entre otros, los medios esperaron pacientemente a revisar la partida de convenios para 2017. El paradigma los paralizó.
Lo mismos sucede con la cantidad de historias de violencia, corrupción, nepotismo, manejo discrecional de los recursos, abuso de poder, atropellamiento de derechos humanos (salud, educación, laborales, migración, etcétera), que son censuradas ante el tamiz público porque la relación entre particulares cercena la necesaria crítica, situación que alimenta el desánimo ciudadano. O bien, optan porque esas historias terminen en columnas periodísticas (subjetivas por naturaleza) antes que en investigación.
Abro una batería de preguntas para ejemplificar la crisis que aquí describo: ¿cuándo la sociedad zacatecana será merecedora de una indagación certera acerca de lo que algunos partidos de oposición decidieron llamar como “nómina secreta” del Gobierno del Estado? ¿Existe o no existe? ¿Si existe de qué forma se desarrolla? ¿Desde cuándo ha sido utilizada? ¿A quién(es) se ha favorecido con la misma? ¿Qué cantidad de recursos se han destinado para tal fin? ¿Qué pruebas se tiene al respecto?
El tema ha sido puesto en la tinta únicamente, hasta hoy, con fines político electorales, y los medios no han dado un seguimiento profesional para dotar de información de interés público a la sociedad. Es ahí donde las motivaciones políticas obligan a que la agenda pública se nutra de posicionamientos mediáticos antes que de información. La libertad de empresa, incluyendo su filias y militancias, en este caso ha restringido el pleno ejercicio de la libertad de prensa por jugar en el tablero de la partidocracia.
Es por ello que replantear la relación comercial entre gobierno y medios de comunicación pone a prueba la viabilidad de distintas empresas informativas locales, no por los contenidos que ofrecen a la sociedad y la forma de allegarlos (hay ejemplos de nuevo periodismo de investigación virtual y de autogestión como el portal AnimalPolitico.com) sino por convertirse en dependencias externas de la nómina oficial.
No se puede adelantar “censura” si las empresas informativas dependen en buena medida de los recursos públicos. Ese paradigma las ha llevado a la crisis que viven hoy. Si sus contenidos no logran una mayor vinculación ciudadana y propuestas de autogestión la crisis sólo se ahondara en menor tiempo.
La sociedad hoy exige medios abiertos a las historias que los intereses políticos ocultan. Si encuentra en ellos eco de sus demandas construirán un nuevo mercado.
Twitter: @GabrielConV
