Luis Medina pide derogar el fuero a funcionarios de Zacatecas
Zacatecas, Zac.- El diputado José Luis Medina Lizalde, presentó al pleno de la LXII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para eliminar la figura de fuero constitucional para funcionarios públicos.
En sesión ordinaria, el legislador de Morena sentenció que la eliminación del fuero es ya una realidad en estados como Jalisco, Veracruz, Querétaro, Campeche y actualmente se encuentra ya en proceso de dictamen por el constituyente de la Ciudad de México.
La intención es establecer que el gobernador del Estado, los diputados a la Legislatura local y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros de los organismos a los que esta Constitución les otorgue autonomía y en general todos los servidores públicos de los poderes del Estado, serán responsables por violaciones a esta Constitución Política; a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a las leyes federales y estatales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales y estatales.
El sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos funcionarios públicos la inmunidad procesal en materia penal, mejor conocida como fuero, misma que se instituyó en un principio como garantía de protección legal y política contra los abusos arbitrarios del Poder Ejecutivo, salvaguardándolos en ese entonces de eventuales acusaciones sin fundamento y con el propósito de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado.
Es por ello, que el llamado fuero constitucional fue considerado como un privilegio de Competencia jurisdiccional especial necesaria, otorgado distintivamente a las personas que desempeñaban funciones primordiales en el ejercicio de poder para la salvaguarda de la autonomía y continuidad de dichas actividades del Estado.
La declaración de procedencia corresponde al procedimiento parlamentario por medio del cual se analiza en el Congreso del Estado, si un servidor público que goza de inmunidad procesal conocida como fuero, es probable responsable o no de la comisión de un delito, dicho procedimiento se instaura con la finalidad de declarar la remoción de aquel privilegio y ponerlo a disposición del Juez o Tribunal respectivo, convirtiéndose en los hechos en un procedimiento de negociación política, donde las fracciones parlamentarias mayoritarias integrantes del Congreso en ese momento, negocian el número de votos suficientes, en razón de si es políticamente conveniente o no, el retiro del fuero constitucional, dependiendo entonces, de la coyuntura política o de los intereses personales de sus integrantes, el sí procede o no la posibilidad de administrar justicia a nombre del pueblo.
México ha participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales relativos a la regulación de los derechos a la libertad personal, de igualdad ante la Ley y de presunción de inocencia, entre los cuales se encuentran “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y “La Convención Americana sobre Derechos Humanos”, conocida como Pacto de Costa Rica.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone todo un andamiaje jurídico de protección de los derechos humanos, mismo que garantiza que nadie pueda ser violentado en su esfera de derechos sin haber agotado previamente un debido proceso, el cual se substancie bajo el máximo principio de la presunción de inocencia y en completo respeto a sus derechos fundamentales, al igual de su garantía a ser juzgado por tribunales competentes, independientes e imparciales.
Ahora bien, del análisis de los tratados internacionales, así como de nuestro texto constitucional, se desprende que en México se reconoce ampliamente el derecho humano de igualdad ante la ley, de presunción de inocencia, así como el ser oído por un juez competente, independiente e imparcial, respetando siempre las garantías de las personas ante cualquier arbitrariedad y bajo el máximo principio de presunción de inocencia, entre otros. Razón por la cual afirmamos que la inmunidad procesal llamada fuero, ha dejado de tener sustento en nuestros días, ya que dicha figura especial de protección política no encuentra la justificación que permita una distinción en cuanto a la posibilidad de ser juzgado y sancionado de manera alterna al resto de los ciudadanos.
Contraria a su original acepción el fuero se ha convertido en una figura desdeñada y contraria a los intereses de la sociedad, que atenta gravemente contra los principios republicanos de transparencia y responsabilidad en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, los casos escandalosos de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Zacatecas, entre muchos otros, dan lugar a que algunos funcionarios públicos aprovechándose de esta inmunidad, busquen siempre estar protegidos por la constitución, ocasionando un ambiente grave y propicio de corrupción política e impunidad en nuestro País y en nuestro Estado.
LNY/Redacción
